Por Pablo Presas (*)

Este jueves 7 de abril muchos, o quizás pocos, seguimos con atención la transmisión en vivo del Tribunal de Juicios y Apelaciones sobre la denominada "megacausa", y la pronunciación histórica de la sentencia dónde se condenó por delitos de corrupción al ex gobernador Sergio Urribarri (8 años de prisión), al ex ministro Pedro Báez (6 años y medio de prisión) y al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera (6 años de prisión). Todos ellos además con la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Pero no es el propósito de esta nota volver a describir lo que ya se ha dicho sino más bien el de reflexionar sobre lo acontecido desde una mirada interna y distinta, la de un funcionario que pasó ocho años trabajando en la misma Casa de Gobierno Provincial desde donde se pergeñaron dichos acontecimientos, y que estas reflexiones y experiencias personales puedan además servir como alertas para los próximos funcionarios que lleguen a tener el privilegio, muchas veces efímero, de llegar a ser servidores públicos.

Reflexiones de un uruguayense que con una mirada perspicaz y atenta, aprendió a convivir en un ambiente donde se superponen distintas capas de poder y burocracias informales, la mayoría invisible a las estructuras formales del estado, con personajes tan rápidos de movimientos, que podrían jugar a la mancha con los aviones; y donde obligatoriamente, y por mera supervivencia, uno tiene que aprender a defenderse de la variopinto fauna de la “Casa Gris”: demagógicos aduladores, hipócritas neuróticos, astutos zorros con piel de cordero, charlatanes vendehúmos, autoritarios disfrazados de paternalistas; y otro sinfín de personajes para con los cuales el peor error que uno puede cometer, es meterse ingenuamente con su ego, y la mejor estrategia, alejarse lo más posible con una amable sonrisa.

Pero que tampoco se entienda mal, ya que si bien estos personajes son los que más daño provocan, la administración provincial tiene una enorme mayoría de excelentes funcionarios, profesionales y empleados que denodadamente dejan todo en la cancha para gestionar un Estado, que saben que no les pertenece sino que solamente han sido depositarios de la confianza de un pueblo y de sus dirigentes, para administrarlo con la mayor sapiencia en pos del bienestar común; y cuyos sueldos son pagados en última instancia con los impuestos del resto de nosotros, un esfuerzo que debe ser correctamente retribuido.

El fallo, cuya lectura demandó más de 12 horas, fue extenso, bien fundado y contundente. Rápidamente tuvo repercusiones en los principales y más serios medios provinciales y nacionales como Análisis Digital, El Once, El Miércoles Digital, La Nación, Clarín, Infobae y hasta en Página 12.

Además, quienes quieran analizar por si mismos los hechos y fundamentaciones del mismo, podrán leerlo directamente en la página web de la justicia entrerriana, cuando próximamente sea publicado en su totalidad.

Valga aquí un primer reconocimiento para Daniel Enz, un incansable periodista investigador de la corrupción provincial (cuyos libros ya forman parte de la historia entrerriana), y también para el casi único medio local de esta ciudad que se anima a publicar sus hallazgos, El Miércoles Digital (cuyos más de 20 años de archivos también ya forman parte de la historia uruguayense).

Y me permito tomar aquí como primer disparador, otra reciente reflexión del posteo “Una Buena” del facebook de Américo Yuarman: “Una buena para la justicia entrerriana, tan lamentable casi siempre (…) al entender (como se sabía hace rato) que sobraban pruebas de su corruptela torpe y desmañada, cebada por la impunidad que creía tener (…) “.

Es que sin perder el contexto mencionado (y que por supuesto comparto), hay que alegrarse y festejar por “esa buena” recientemente acontecida, ya que hay que entender también que la misma justicia entrerriana viene desde hace tiempo librando su propia batalla interna (invisible a la mayor parte de la sociedad), entre un bando políticamente incorrecto que pretende orquestar la justicia a los antojos y pretensiones de unos pocos poderosos de turno (al mejor estilo de las provincias feudales) y otro de juristas probos y honestos, que pregonan una justicia más independiente, racional, eficiente y oportuna, que ayude a ofrecer mayor tranquilidad y seguridad a los ciudadanos.

Como reflejo de este conflicto de intereses, basta con analizar el ralentizado avance en implementar las mejoras al sistema judicial diseñadas y plasmadas en la reforma de la Constitución Provincial del 2008.

Por eso, valga aquí otro reconocimiento a la doctora Cecilia Goyeneche, y en su nombre al resto de integrantes del Ministerio Público Fiscal y Jueces que, como ella, ejercen el virtuoso carácter de procurar justicia sin dejarse amedrentar por las presiones y tentaciones (garrotes y zanahorias que muchos poderosos saben distribuir con habilidad entre los espíritus más débiles).

El reciente esfuerzo de la Justicia de Entre Ríos debe ser aún más valorado por el contexto de dos obstáculos adicionales que han debido sortear y que fueron moneda corriente en aquellos años, aunque vale reconocer, desde entonces el gobernador Gustavo Bordet los ha venido revirtiendo en mayor o menor medida.

En primer lugar, la cuasi parálisis en la eficacia y temporalidad funcional de los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas, donde se designó como titular (sin respetar los debidos procedimientos constitucionales) a un joven profesional, amigo de la familia Urribarri e hijo de un miembro del STJ, que carecía de las calificaciones y competencias adecuadas para tan importante rol.

En segundo lugar, una cultura política que valoraba la excesiva e incondicional pleitesía a los superiores políticos, al punto de pregonar una cartelización defensiva sin cuestionarse la rectitud de las acciones, una especie de “obediencia debida” entre funcionarios de menor rango, que permanentemente obstaculizaban los pedidos de informes ordenados por la justicia y hasta en muchos casos, posiblemente “eliminando” pruebas comprometedoras como registros y expedientes públicos.

No deja de ser hasta cierto punto lógico que muchos actuaran así, ya que aquellos que se atrevieran a cuestionar ciertas acciones, sigilosa pero rápidamente se les sacaba la escalera del crecimiento político y hasta corrían el riesgo de ser desterrados al desierto burocrático de la administración pública (con una bolsita de papitas saladas y nada de agua para saciar la sed).

Personalmente, llegué a experimentar parte de esa cultura cuando me negué a convalidar en forma positiva un informe sobre el proyecto de las “Cosechadoras Truchas de Concepción del Uruguay”, luego de reunirme en mi oficina con el titular de la empresa Senor y su contador; y de percatarme de la vulgaridad y desprolijidad de una maniobra pergeñada, según mi parecer de entonces, con el propósito principal de apropiarse de dineros públicos. Mis colegas funcionarios del Ministerio de Producción que terminaron firmando dicho aval, como también el ex ministro Roberto Schunk, hoy se encuentran procesados por dicha causa.

Y aunque no me corresponde a mí decirlo, estoy casi seguro de que esa misma reticencia hacia la cultura de la “obediencia debida” a cualquier costo, fue la que precipitó la anticipada salida del doctor Hugo Cettour como Ministro de Salud y a pocos meses de culminar su gestión.

Por eso, hay que saber leer entre líneas el reciente fallo del tribunal y percatarse de tres subjetivas categorías en las que podríamos agrupar los 13 imputados del caso:

Por un lado, el grupo de los tres principales condenados a quienes se le dictaminaron prisión de cumplimiento efectiva. En el otro extremo, el grupo de los 5 que fueron absueltos, como el ex ministro Hugo Marsó, a quienes se les restituyeron el buen nombre y honor, y que también debería servir como lección para otros funcionarios: muchas veces no alcanza con la honestidad e intencionalidad de querer hacer lo correcto, es necesario también rodearse de un equipo de confianza que ataje los penales cuando van destinados a acciones incorrectas o en disonancia con el derecho administrativo.

Finalmente, y siempre utilizando estas agrupaciones subjetivas, el grupo de aquellos otros 5 imputados que acataron la “obediencia debida”, recibiendo una condena más benévola si se quiere (sin prisión efectiva) pero condena concreta, al fin y al cabo.

Y es justamente con estos últimos dos grupos, aquellos que como yo en su momento, ocuparon (y algunos aún siguen ocupando) posiciones de segundo o tercer nivel, con quienes quiero mayormente compartir estas reflexiones adicionales, como también para con los futuros funcionarios que sepan valorarlas.

Trabajar como servidor público en Casa de Gobierno no es una panacea ni un lecho de rosas (a menos que todo te importe un carajo) sino todo lo contrario, ya que no todo es totalmente blanco o negro, sino que existe una escala de grises sobre la que uno tiene que aprender a navegar y que demanda un continuo y permanente estado de alerta que, si no es emocionalmente administrado, puede desencadenar un agotamiento por stress crónico como nos ha pasado a muchos.

Sin embargo, también es una experiencia sumamente enriquecedora, tras la cual, y como es de esperarse, me han quedado algunos pocos adversarios (por no decir enemigos), pero también la satisfacción de algunos compañeros con los que seguimos compartiendo almuerzos y charlas de café cada vez que viajo a Paraná.

Muchas de dichas conversaciones, inevitablemente terminan en análisis comparativos sobre los distintos roles que hemos cumplido, y con el común denominador compartido sobre que nada es gratis en la vida como funcionario, uno tiene que tomar decisiones y asumir las consecuencias (y vale aclarar que la parálisis por miedo de algunos, también representa una decisión que trae sus consecuencias).

Pero inmersos en la cultura política descripta anteriormente de premios y castigos, con una justicia muchas veces tuerta, organismos de control debilitados y restricciones a los pesos y contrapesos republicanos, el freno o prudencia sobre las decisiones políticas pasa a depender cada vez más del carácter y subjetividad personal acerca de lo que se puede (o no se debe) hacer.

Y pido aquí volver a leer detenidamente la oración anterior para darse cuenta de la importancia de lo que allí se afirma.

Claro que algunos no pueden darse ese “lujo” de decidir lo adecuadamente correcto, ya que tienen una vida y familia que sostener, y prefieren basar su decisión sopesando dos riesgos contrapuestos, por un lado, la lenta justicia que muchas veces no llega; y por el otro, el escarmiento político que generalmente es inmediato. Basta recordar las declaraciones del empresario Victor Pietroboni poco antes de su fallecimiento, sobre las consecuencias económicas para su empresa y todos sus empleados, de no acogerse a un esquema con el que él no estaba de acuerdo pero que era indispensable para la supervivencia de su constructora.

¡No es fácil progresar en esta Argentina!

Porque también hay que decir la verdad, y es que por más que haya sido un fallo histórico, la catalogada “megacausa de la corrupción de Entre Ríos” no es un hecho único y asilado, sino tan sólo un desfalco más que representa migajas monetarias cuando se la compara con otra de las causas actualmente en curso y conocida como los “contratos truchos de la Legislatura”.

Basta leer el artículo al respecto de Hugo Alconada Mon (publicado en La Nación) para darse una idea del extraordinario monto supuestamente sustraído del erario público para financiar la política de los últimos años. Y digo "supuestamente" porque aún no es cosa juzgada, ¿y quién sabe si alguna vez lo será? (al menos sobre los principales responsables y no sobre los “perejiles” de segundo y tercero grado que acataban la “obediencia debida”), dadas la cantidad de argucias y estratagemas que están utilizando los principales titiriteros del poder de esta provincia, con características aun peligrosamente feudales.

Basta con ver todo lo acontecido con el apartamiento de la procuradora adjunta, lo cual no solo ha despertado opiniones en todos los estamentos jurídicos constitucionales del país, sino también llegado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que celebró una audiencia para tratar la independencia judicial sobre este caso.

Lo cierto finalmente, es que este lento camino progresista hacia una provincia más ecuánime, lejos está de haber concluido, mucho menos siquiera de haber triunfado.

Como bien dejó entrever el mismo Urribarri en su descargo a través de sus redes sociales, apelarán la sentencia de primera instancia ya que (según él) dicho fallo “…demuestra que el estado de derecho es una entelequia (…) que nunca se vio semejante aberración jurídica (…) y que sigue soportando el ensañamiento y las injusticias a las que ha sido sometido en estos últimos seis años”.

Así, veremos de aquí en más, un largo e interminable camino defensivo para evitar un fallo firme. Quedan dos instancias provinciales. Primero, está el recurso de casación provincial, un recurso amplio donde se puede volver a discutir sobre hechos y pruebas, y que podría llegar a demorar hasta más de un año. Después, se puede acudir a una impugnación extraordinaria ante el STJ de Entre Ríos, que es un recurso acotado a violación de garantías constitucionales y que podría demandar hasta uno o dos años más.

Y vale aquí una relectura en clave jurídica sobre el descargo realizado por el ex gobernador, como también las pocas declaraciones y escuetos enunciados defensivos que reprodujeron los medios oficialistas. ¿No habrán sido premeditadamente elaborados por un jurista con la estrategia final de acudir al STJ en base a dichas supuestas violaciones de garantías constitucionales? Una sospecha que toma más color cuando se empieza a analizar las relaciones del pasado, de amistad y de estudios contables compartidos entre ciertos personajes del poder real. Y que toma aún más color cuando se intenta entender el reciente acuerdo por unanimidad que prestó el Senado (incluidos aquellos que forman parte de la oposición) para el formal nombramiento de una nueva vocal del STJ.

Podría especularse, y utilizando términos futbolísticos tan habituales en su vida, que si bien Urribarri perdió el primer tiempo de este partido, la cancha se encuentra ahora suficientemente inclinada para que el partido pueda ser dado vuelta y ganado durante el segundo período, antes del pitazo final.

Y si a pesar de la cancha inclinada, no llegaran a ganar este partido, podrían finalmente pedir una especie de “VAR”, como es el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde no existen restricciones temporales que la obliguen a expedirse dentro de un determinado plazo.

Mientras tanto, al no existir una ley provincial electoral de ficha limpia (como si tienen Mendoza, Salta y Chubut), los condenados en primera instancia podrían volver a presentarse a elecciones y volver a ocupar cargos públicos.

Y todo esto, aún lejos de terminar, abrirá una nueva grieta retórica entre aquellos que creen que "por fin la justicia está condenado a los corruptos de esta provincia" y aquellos otros (como el ex ministro Pedro Báez) que creen que todo esto es "una ardua maniobra arbitraria de persecución macrista premeditada".

Solo el tiempo finalmente mostrará que postura y que acción toma cada uno de los actores desde ahora protagónicos (estamos hablando de los letrados que tienen el poder de decisión final), y en base a dichas decisiones, como serán recordados por la gente y por los libros de historia entrerriana.

Ojalá que al final de todo este proceso judicial, podamos reafirmar que Entre Ríos, cuna de la organización nacional republicana y federal, tiene poderes independientes, con mayoría de letrados sabios, justos y virtuosos.

(*)  Ex funcionario provincial 2007-2015 - Publicado en El Miércoles Digital