El abogado Martín Jauregui informó que esta semana se hizo cargo de la representación de dos casos de “similares características” por presuntos apremios ilegales, que involucran a personal policial de la Comisaría Séptima Concordia.

El letrado precisó que uno de estos casos se trata de “un hecho ocurrido hace ya tiempo, el pasado 3 de agosto, alrededor de las 19-20” cuando la policía “llega - a un domicilio- para efectivizar el control” de una persona “que estaba con arresto domiciliario”, a quien “hacen firmar, se retiran y alrededor de 15 minutos más tarde, vuelve el personal policial al domicilio con el plan de llevarlo", según el letrado "sin motivo alguno" y que en esa acción "ingresan sin ninguna orden de allanamiento y sin ninguna disposición que los autorice”.

Según contó el letrado a Diario Río Uruguay, al momento de ingresar, los efectivos policiales “iban armados, con itacas y con el arma reglamentaria de 9 mm” y que en el lugar “había una reunión familiar normal, de 4 o 5 personas, cuando entra la policía por la fuerza”.

Luego, según sus palabras, “se empiezan a escuchar escopetazos sin motivo alguno que lo justifique, aparentemente” y “la mujer del dueño de casa advierte la presencia de una criatura, que podrían lastimarla”. No obstante el aviso, la menor de edad “sufre una balacera de impacto de posta de goma en distintos lugares del cuerpo”, puntualizó el abogado.

A raíz de lo sucedido, “el mismo personal policial lleva al hospital a la víctima”, quien “permanece internada durante 3 días con lesiones de diversa gravedad, lo que constituye un hecho grave, porque es ajena a cualquier tipo de situación que justifique semejante agresión”, subrayó.

Por el momento, “esto está radicado en la Justicia de Concordia y nosotros recién estamos tomando contacto con la causa”. El fiscal a cargo del caso, José Arias, “se puso a disposición para mostrarnos todo el material recolectado y ahora estamos incursionando en la querella para tratar de impulsar el proceso, controlarlo y llevar adelante con la fiscalía la investigación”, comentó el abogado.

Segundo hecho

Por otra parte, Jaurequi trajo a colación que en el transcurso de este fin de semana, en el barrio 21 de septiembre -que también se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisaría Séptima- se dio otra situación que involucra a “un chico de 18 años que recibió una impresionante golpiza en la vía pública, sin motivo alguno, con videos y testimonios de todo tipo”, mencionó Jauregui. Señaló que esta otra investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Montangie.

Jauregui remarcó que además de lo relatado, en este segundo caso se agrega que “la gente va a denunciar a Tribunales y un policía de allí les dice que no se puede realizar allí la denuncia, que deberían ir a la policía”. Lo que, según su consideración “es un absurdo”, porque “cómo van a ir las víctimas de apremios ilegales de la policía a hacer una denuncia en la propia policía”.

Este sería “un circuito absurdo, contradictorio y que debe ser absolutamente radicado de la práctica”, destacó y remarcó que “lo que está claro es que hay, aparentemente, víctimas indefensas cuando la policía debería cuidar a esta gente”.

El papel de la justicia

Por último, Jauregui expresó que “históricamente, la justicia se saca estos problemas de encima diciendo que la prevención del delito está en manos de la policía y ésta, cuando hay prevención, hasta que no esté la policía judicial, depende del poder ejecutivo”.

Sin embargo, agregó: “En el caso particular de la nena, nos encontramos con que la policía estaba actuando como auxiliar de la justicia, como un brazo ejecutor del poder judicial, en contralor de una medida de arresto domiciliario”.

Es así que “la responsabilidad del poder judicial es doble, una porque la ejecución fue irregular y, la segunda cuestión, es que la fiscalía tiene que poner mayor énfasis en estudiar este tipo de delitos, porque está la propia responsabilidad de ellos en juego”, subrayó.

“Esto es un acto de ejecución de una orden judicial donde la policía ya no es dependiente del poder ejecutivo, sino del judicial” y, debido a esto, “se debería ir a fondo, porque está en juego la propia responsabilidad de quien emana la orden”, concluyó.