El Poder Ejecutivo provincial declaró “lesivo a los intereses públicos y al orden público provincial” una disposición adoptada en 1994 por el ya extinto Instituto Provincial de Transformación y Colonización Agraria de Entre Ríos (Iptycaer), que aprobó la venta de la Isla “La Misteriosa” a favor de un particular: Henry Otto Witt.

Según publicó Entre Ríos Ahora, se trata de una porción de tierras de dominio público, ubicada sobre el río Paraná Guazú, 5° Sección, Distrito Paranacito del Departamento Islas del Ibicuy, de aproximadamente 8 hectáreas, cuyo contrato de compraventa se celebró el 8 de febrero del año 1995 entre la Comisión Administradora del Fondo de Desarrollo y Colonización Agraria y el Henry Otto Witt.

El decreto N° 3.114, del 9 de octubre de 2019 -que declaró lesiva aquella venta de 1994- señala que Witt “realizó algunos pagos parciales y fuera de término” y luego presentó la mensura correspondiente del inmueble “con una superficie de 27.9532 hectáreas”. Luego del fallecimiento del comprador, sus herederos terminaron de abonar el saldo del precio total el 22 de mayo del 2008. Más tarde, el 27 de noviembre de 2017 se presentaron ante la autoridad administrativa y solicitaron la escrituración.

Fue entonces que se activó el proceso de lesividad. El Ejecutivo fundó la medida en el decreto N° 1186, del 12 de mayo de 2010, que se dio inicio al “Plan de regularización dominial de tierras fiscales” en el marco de “una política activa que tiene como finalidad proteger el patrimonio del Estado y recuperar los bienes del dominio público”. Fue tras la intervención de la Dirección de Catastro, que tras un estudio concluyó que se trataba de una isla “y como tal, pertenece al dominio público del Estado Provincial”.

Se trata de un planteo que se había iniciado en 2009, cuando se cayó en la cuenta de que sobre una superficie total de 190 mil hectáreas en el Delta entrerriano, aproximadamente 100 mil hectáreas fueron apropiadas por particulares mediante el sistema de usucapion. En abril de ese año, se conoció un dictamen firmado por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que puso freno a una práctica que hasta entonces era corriente: un privado se asentaba en tierras de dominio público, y después de un tiempo, legalizaba esa posesión mediante un trámite de rutina ante la Dirección de Catastro, primero, y la Dirección General de Rentas, después.

Ese mecanismo había posibilitado la posesión por parte de privados de vastas extensiones de tierras fiscales: en el Delta, la mitad de las tierras fiscales. En aquel dictamen, Rodríguez Signes ordenó frenar ese tipo de transferencias por cuanto se trataba de bienes “imprescriptibles” sobre los cuales “no es posible fundar ninguna posesión de parte de los particulares”. Ese dictamen sostuvo que las denominadas tierras fiscales son “bienes públicos”, y “los bienes del dominio público no integran el patrimonio de los respectivos Estados, en el sentido de hacienda estatal o fisco, el cual sólo está compuesto de los bienes privados del Estado”, consignó Entre Ríos Ahora.

Y que por eso mismo están “fuera del comercio”, con dos características esenciales: “inalienabilidad” e “imprescriptibilidad”, es decir que no se pueden vender ni enajenar, y menos aún a manos de un privado. Claro que el desguace ya se había consumado en distintos puntos de la geografía provincial. Por eso el fiscal de Estado opina que debe avanzarse hacia un punto donde haya un único organismo, con estructura suficiente, que ordene la situación de las tierras fiscales, y ejerza un control estricto, para evitar las apropiaciones privadas.

La batalla legal por la posesión de las tierras del Delta ha tenido varios frentes. La más extensa se libra en las Islas Lechiguanas, 250 mil hectáreas ubicadas frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, y que alguna vez enfrentó en una disputa a Entre Ríos con Buenos Aires, distrito este último que en 1888 dictó una ley por la cual ordenó mensurar las islas y ponerlas a la venta. Una vez conocida la medida, el gobierno de Entre Ríos reaccionó y efectuó un formal reclamo en 1891, considerándolas territorio de su jurisdicción.

El presidente Roque Sáenz Peña pidió el retiro de las fuerzas de Buenos Aires, que se habían apostado en las islas, y se abrió una instancia de negociación, en 1898: Entre Ríos designó como negociador a Enrique Carbó, y Buenos Aires, a Federico Pinedo. Pero aunque finalmente se determinó la jurisdicción entrerriana sobre las islas, el gobierno bonaerense continuó durante los primeros años del nuevo siglo reclamándolas como propias.

Finalmente, en 1944 el Instituto Geográfico Militar estableció que el límite entre ambas provincias, y se concluye que Entre Ríos tiene jurisdicción sobre las islas Lechiguanas.

Las islas volverían a ser el centro de otra polémica, ya en la década de 1970: entonces Entre Ríos tenía un gobierno de facto, encabezado por Ricardo Fabre, quien motoriza un negocio en las Lechiguanas con participación de empresarios, tendiente a conseguir el endicamiento de unas 80 mil hectáreas de modo de ponerlas a salvo de eventuales inundaciones y destinarlas a actividades agrícolas.

Así se conformó la empresa Las Lechiguanas SA que, entre otros accionistas, tenía a William Reynal, propietario de la quebrada empresa aerocomercial Austral. El acuerdo suponía que los privados explotaban la mitad de las 80 mil hectáreas, y para el Estado quedaba el otro 50%. Aunque en 1973, cuando asume el gobierno democrático de Enrique Tomás Cresto, se deja sin efecto aquella operación, que luego es retomada por el gobierno de la dictadura que da inicio en 1976.

Pero aquel proyectó se echó a perder durante la gran inundación de 1983: Las Lechiguanas SA va a la quiebra, pero durante ese proceso aquellas 80 mil hectáreas fueron vendiéndose a distintos adquirentes, entre ellos, a la familia del actual diputado nacional Francisco de Narváez, entonces propietarios de la cadena Tía, y a uno de los terratenientes más destacados en el sur de Entre Ríos, Victorio Gualtieri, que a través de la firma Deltagro adquiere gran parte del predio.

Sobre el final de la dictadura, otro gobernador de factor, Rubén di Bello, puso a la venta parcelas de las Islas Lechiguanas, una medida por la cual la provincia continúa, todavía hoy, batallan en Tribunales para conseguir la anulación de ventas ya inscriptas en los registros por los privados.