Afiliados y profesionales prestadores del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) se manifestaron este martes frente a la sede de la obra social, sobre calle Gualeguaychú en Paraná, para reclamar el pago de montos adeudados desde el año pasado y la falta de cobertura en las prestaciones por discapacidad.

“No nos están brindando las prestaciones en tiempo y forma, como corresponde, porque las distancias al pago a los prestadores son de hasta siete meses”, denunció Laura Zárate, mamá de un niño con discapacidad.

“Todos los meses tenemos exigencias nuevas, desde los 10.000 pesos que se pagó a nivel nacional, nos obligan a los padres y a los profesionales a extender una declaración jurada cuando la ley nacional dice que en abril y marzo debía pagarse completo”, remarcó la mujer al lamentar que ante las demoras de IOSPER “o no se cumplen las terapias o los profesionales de salud nos vienen soportando, pero siempre con una exigencia propia”.

Según se informó a ANÁLISIS, un grupo de padres se acercó durante la mañana hasta la sede Andrés Pazos de la obra social donde les informaron que “la situación sigue igual en las áreas de Programas Específicos y Tesorería, sin pagos ni autorizaciones”.

En el caso puntual de uno de los papás afectados, comentó: “Nuestra hija no tiene ninguna rehabilitación autorizada para el año 2020, y sólo le cubren las cuidadoras pero con menos horas”, lo que consideró “muy injusto”. 

“Esperamos respuestas de IOSPER”

Por su parte, la Licenciada en Psicopedagogía y maestra integradora, Oriana Mendoza, manifestó ante Canal Once su “cansancio” por las demoras en los pagos por las prestaciones brindadas a la obra social. “Exigimos respuestas porque también venimos a reclamar por nuestros derechos, esperamos a cobrar meses desde septiembre del 2019”, explicó la profesional.

Asimismo, remarcó que durante la cuarentena por coronavirus “los profesionales seguimos trabajando desde nuestros hogares para cumplir los derechos de nuestros pacientes con discapacidad”.

En tanto, la psicopedagoga María José Olivera, denunció: “Se nos adeudan más de seis meses de prestaciones, y la obra social siempre nos dice que nunca hay dinero por parte de la provincia y que son los papás los que deberían reintegrarnos”.

“No entienden que un chico con discapacidad no va a una sola terapia, porque a veces tiene un cuidador, una maestra integradora, una psicopedagoga, y la situación económica no está como para que ellos puedan sacar de su bolsillo. Es deber de la obra social el reintegrarnos”, recalcó la especialista.

IOSPER exige hasta una declaración jurada por el no cobro del IFE

En la oportunidad, las psicopedagogas reclamaron a IOSPER “que derogue la resolución que pide presentar documentación ya presentada para que se aprueben las providencias” y cuestionaron que la obra social les exige una declaración jurada en la que conste que no percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

“Nos parece totalmente inconstitucional porque nosotros venimos a reclamar lo que nos corresponde mes a mes, y una ayuda del Estado ante la emergencia sanitaria no tendría por qué interrumpir el cobro de nuestros honorarios”, sentenció Olivera.

En igual situación se encuentran las cuidadoras domiciliarias. “Por la resolución de IOSPER no nos quieren pagar los meses de abril y mayo, siendo que hace seis meses que no cobramos”, apuntó una de las trabajadoras.

“La obra social toma a los cuidadores como personas al cuidado del enfermo y le generan una deuda con el Estado desde su inicio; con lo cual no se entiende cómo es que la obra social, no siendo un ente recaudador, los obliga a pagar y estar al día con ATER y AFIP, siendo que IOSPER les adeuda meses de prestaciones”, explicó Zárate.

“Cómo quieren que paguemos los impuestos y que les extendamos el libre deuda, si no estamos cobrando, hace seis meses que no cobramos”, remarcó una de las cuidadoras.

También criticaron que los montos de las prestaciones “fueron estipulados por IOSPER en mayo de 2019, por lo cual están desactualizados”.

“Nos regimos por un nomenclador nacional de discapacidad, regulado por la Superintendencia de Salud, donde se establece el monto que debe cobrar cada profesional, el cual la obra social no está cumpliendo y siempre nos pone trabas para pagar”, denunció la psicopedagoga.

Fotos: ANALISIS