El objetivo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia.

La iniciativa, que ingresa por la Cámara de Diputados, declara el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año, y se aplicará al Ejecutivo, entes descentralizados y poderes Legislativo y Judicial. Se procura un esfuerzo colectivo en base a quienes tienen mayor capacidad contributiva.

En ese marco, el proyecto dispone que las entidades financieras y bancarias cumplan con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas que representan el 3% de las partidas en toda la provincia. Es decir, el 97% quedará exento de ese aporte extraordinario.

Además se equipararán los tributos de la venta mayorista de medicamentos (droguerías) a los de las provincias de la Región Centro.

También se propone un aumento progresivo de aportes de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones para contribuir a la sustentabilidad del sistema previsional. Ese incremento comprenderá sólo al 15% de los empleados y jubilados de los tres poderes del Estado, es decir, quienes perciben los haberes más altos.

Finalmente, se consigna que ningún organismo ni ente descentralizado del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial podrán incrementar sus haberes por fuera de los acuerdos paritarios que el gobierno defina con los gremios.