En agosto de 2019, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto para tratar de saldar la controversia por las fumigaciones en cercanías de las escuelas rurales. A tal efecto creó las denominadas “unidades centinelas”, que quedaron a cargo del personal directivo. En octubre del año pasado comenzó la capacitación por departamentos, pero la medida también ha encontrado razones para ser rechazada. Controlar la receta química, las distancias y las condiciones de la aplicación “no es nuestro trabajo”, afirmó a ERA Verde, Estela Lemes, la maestra de Gualeguaychú, quien sufriera pulverizaciones cuando daba clases en el campo.

A través del decreto Nº 2.239 del 1 de agosto de 2019, el mandatario entrerriano, Gustavo Bordet, estableció una nueva reglamentación a la Ley de Plaguicidas. La normativa complementaria estableció criterios para las fumigaciones alrededor de los establecimientos educativos, luego de darse una fuerte disputa judicial respecto las distancias mínimas de prohibición. La nueva regla fijó restricciones de un radio de 100 metros para las aplicaciones terrestres y 500 metros para aplicaciones, y también crea en su artículo 6º “la conformación de una Unidad Centinela en cada establecimiento educativo rural y una Unidad de Control en cada escuela agrotécnica”. La Unidad Centinela debe velar por el “cumplimiento de la Guía de Uso Responsable de Agroquímicos” y debe ser presidida por el director de las escuelas. Pero no todos los trabajadores de la educación están dispuestos a estas nuevas atribuciones que le cargan a sus tareas.

El decreto 2.239 está cuestionado, y en su última instancia se encuentra para el análisis de la Corte Suprema de Justicia. El Foro Ecologista Paraná presentó una queja porque el Superior Tribunal confirmó su constitucionalidad, pese al amparo que se había interpuesto. Asimismo, solicitó al alto cuerpo de la Nación un urgente tratamiento en su solicitud de derogación.

Potestades

“Las unidades centinelas están en un decreto que saca nuestro gobernador, súper arbitrario, y establece que en cada escuela rural se debe constituir una unidad centinela con potestades de vigilancia”, apunta Estela Lemes, a cargo de la Escuela rural Nº 66 Bartolito Mitre, en el departamento Gualeguaychú. La docente es una referente en la lucha contra las fumigaciones en las escuelas. La maestra fue víctima de los agrotóxicos entre 2008 y 2012, y su denuncia llegó a la Justicia, ya que no se le reconocía una enfermedad que afectó los músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria, por estar expuesta a los venenos.

Lemes repasa sobre cómo debe estar constituido el ente creado a efectos de velar por los recaudos reglamentarios a título de veedor de los denominados fitosanitarios . Constituido por el director del establecimiento rural, junto con delegados de la Secretaría de Salud, de Ambiente y de la Producción, la Unidad debe vigiar las “Buenas Prácticas Fitosanitarias”, recibiendo de los aplicadores responsables “la receta agronómica con indicación de lugar, hora de inicio y finalización”. Pero la maestra plantea: “En realidad nosotros no tenemos que hacerlos. Es un decreto pero podemos rehusarnos. De hecho yo lo hice, no voy a conformar una unidad centinela”, sostuvo.

Entre los argumentos y razones para la negativa, Lemes enumera: “Primero porque me parece que no es nuestro trabajo. Nosotros somos educadores, no banderilleros del agronegocio. Ese trabajo lo tienen que hacer las personas que tiene que trabajar la tierra con su gente, el ingeniero agrónomo, aplicador, pero no nosotros. Según nos dicen debemos conformar la unidad centinela y tener a cargo, al ser los directores los presidentes de la unidad, ver la receta agronómica que traigan para ver qué se va a aplicar, qué día, que se avise 72 horas antes, los 50 metros terrestres, que sabemos que son muy pocos y que se va a fumigar fuera del horario de clases. Pero sucede que alrededor de nuestras escuelas rurales viven los alumnos rurales, y ellos los sábados y domingos están en sus casas. Entonces si van a fumigar sobre las escuelas van a fumigar sobre ellos también. ¿Quién nos garantiza que a nosotros los directores, que ellos vienen un viernes, planificamos que un sábado se fumigue, y nos dice que lo van a hacer con el producto que dicen la receta, y que van a tener en cuenta el viento por el tema de la deriva? Nada nos garantiza, por eso me parece que no nos corresponde que lo hagamos”.

La docente comentó que en las reunión de capacitación dictadas por el Consejo General de Educación ella ya expuso sus razones por las cuales: “No la vamos a conformar” por “demasiado arbitrario” las unidades centinelas, ante lo cual la supervisora departamental pidió que sea asentado en una nota formal.

Finalmente, la maestra reflexionó. “Con este decreto el gobernador hace notar que le importa poco la vida y salud de los gurises; de nuestros gurises. Y creo que el Estado tiene una deuda mucho más grande con la gurisada y los maestros rurales, porque vulneran los derechos a la salud, el ambiente sano, a un lugar confortable donde aprender. Así que esa es mi postura”, cerró.