“Hemos tenido casos de funcionarios judiciales que han sido denunciados y a quienes se los ha suspendido hasta que se aclare su situación procesal. En este caso, me parece muy sano como mensaje de la política, como gesto de las instituciones y también como un gesto personal, como mensaje de que aquí no hay un entramado político, que la senadora Patricia Díaz resigne la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento hasta tanto su situación procesal y la de su marido se esclarezca”. Así se expresó el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa.

Díaz (Más para Entre Ríos) fue elegida por voto dividido del Senado como titular del organismo encargado de enjuiciar a funcionarios judiciales. Pero entre quienes sumaron su apoyo para que la mujer alcance ese lugar se cuenta al diputado oficialista Marcelo López (Juntos por Entre Ríos). El legislador contraría los postulados de “transparencia” que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio, con una de sus banderas: la “ficha limpia”, esto es funcionarios que no tengan procesos judiciales en su haber.

La causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se sigue al actual intendente de Santa Elena y exvicegobernador Domingo Daniel Rossi y su esposa, Patricia Díaz -la segunda investigación de este tenor: ya tuvo condena por una primera investigación judicial- se abrió en 2016, y a pesar de que viene batallando por conseguir su sobreseimiento, la pesquisa judicial sigue en pie.

Cánepa quiere que a ese planteo los escuchen las autoridades del Senado y para eso pidió formalmente audiencia a la vicegobernadora Alicia Aluani; a los presidentes de bloque, Gustavo Vergara (Juntos) y Martín Oliva (Más para Entre Ríos); y a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos), y de Legislación General, Jaime Benedetti (Juntos).

Senadora con causa por enriquecimiento preside Jurado de Enjuiciamiento

“Hemos planteado como Asociación una agenda legislativa: le hemos pedido audiencia a la vicegobernadora, y a los presidentes de bloque, y a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General porque la designación como Presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de una persona que que está siendo investigada por un delito contra la Administración Pública, nos ha sorprendido a todos”, señala en una entrevista con Entre Ríos Ahora.

“Y más nos extraña que eso ha sido con el voto, con el apoyo de un diputado de Juntos por Entre Ríos, el bloque oficialista, que es el diputado López. Porque si el gobernador Frigerio crea un programa que se llama `Entre Ríos Transparente` y manda un proyecto de ley de ficha limpia, cómo se explica que un representante de su bloque legislativo vote a una persona con una investigación en curso de presunto enriquecimiento ilícito, para que presida un organismo que investiga y juzga a quienes la investigan y juzgan a ella misma. Y todo eso se da en el medio de un juico que está por comenzar contra el marido de la senadora, y que empieza la semana que viene (se refiere al intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, imputado en un proceso por supuesto pago de sobreprecio en obra pública)”, agrega Cánepa.

Y sostiene: “Me parece que si la política ha querido mandar algún mensaje a los Tribunales, bueno, ha sido poco sutil”.

“Entonces, estas conversaciones que animamos  con los presidentes de bloque, de comisiones, y con la Presidenta del Senado, buscan garantías institucionales de que ninguno de nuestros funcionarios va a ser moneda de cambio del único voto que en esa cámara legislativa le falta al oficialismo para tener mayoría”, subrayó.

También aclaró: “El encuentro con los senadores es también una oportunidad para plantear la necesidad de la reforma de la ley del Jurado de Enjuiciamiento”. Dijo Cánepa que se pretende obtener una “reglamentación seria y actual del instituto de Jurado de Enjuiciamiento conforme lo establece la Constitución. Hay cuestiones que ya no pueden sostenerse. Han pasado 16 años desde la reforma constitucional y falta incorporar a dos integrantes más. Luego, falta una reglamentación para incorporar a aquellos integrantes no abogados, como el de la ficha limpia, por ejemplo”.

Además, pretenden que “se fije por ley que el Jurado que investiga y abre causa no tenga la misma integración del que luego juzga”.

“Tampoco se puede sostener hoy que cuando un miembro del Ministerio Público Fiscal sea sometido a jury sea otro miembro del Ministerio Público Fiscal el que deba llevar adelante la acusación. Y también creo que es hora de plantear la posibilidad de sanciones intermedias. Hoy, es todo o nada: absolución o destitución. Pero por ejemplo, existe también la posibilidad de sancionar con suspensiones o con multas, como a nivel nacional, lo que habilitaría la discusión de establecer mayorías calificadas para una destitución, que es la sanción mayor. Y obviamente también, la posibilidad del desestimiento `in limine` cuando se advierta que la denuncia no tiene ningún sustento. Hemos tenido denuncias a magistrados hasta por  regulación de honorarios; o por cuestiones que tienen remedio en el marco de un mismo proceso”.

(Entre Ríos Ahora)