Uso de facturas “truchas” para cobrar reintegros por $ 140 millones y “encubrimiento” de irregularidades en perjuicio de los acreedores, son los dos flancos por los cuales el gobierno vuelve a la carga por Vicentin.
Gustavo Bordet aseveró que no tiene nada que ver con los hermanos Tórtul, investigados en una causa por corrupción que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Los fiscales Gamal Taleb y Leandro Dato coincidieron en señalar que la denuncia de la defensa del ex gobernador es “claramente de una pretensión de –indebidamente- dilatar un destino que no es otro que la cárcel para Urribarri”.