Uso de facturas “truchas” para cobrar reintegros por $ 140 millones y “encubrimiento” de irregularidades en perjuicio de los acreedores, son los dos flancos por los cuales el gobierno vuelve a la carga por Vicentin.
El dirigente de San Lorenzo se presentó en el negocio con una orden de allanamiento para pedir varias prendas que, según denunció, fueron sustraídas del que era su hogar.