Absolvieron y liberaron a los dos acusados de explotación sexual de una menor

En la tercera jornada del debate oral declaró la víctima de la causa, tras ser localizada en Posadas, Misiones. Relató que antes de ir a Entre Ríos estaba trabajando en una casa de familia, en su provincia, y como el ingreso mensual de 700 pesos no le alcanzaba la convenció la propuesta de una amiga de venir a trabajar a la provincia. Junto a su bebé la recibió Julio Bogado en el local de la ruta 20, a quien le dijo que tenía 20 años, en lugar de 17, y acordaron pautas de trabajo.

Asimismo, según precisó Uno, contó que su trabajo consistía en “hacer copas” con los clientes del bar, y también hizo “pases” a hoteles de Gualeguay con hombres como dama de compañía, Pero dijo que nunca ejerció el comercio sexual, porque no era obligatorio. La ganancia se repartía en porcentajes al final de la noche entre las mujeres y Bogado.

Luego declararon las dos psicólogas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas, que presenciaron el allanamiento al prostíbulo en marzo de 2010, y dialogaron con las mujeres. Las entrevistas revelaron que “ninguna estaba ahí en contra de su voluntad, pero sí se evidenciaba que sus historias de vida previas las llevaron a optar por la prostitución”. Además, afirmaron que los regentes del local les imponían multas. Igualmente, les cobraban un porcentaje de sus servicios y el alquiler de los bungalows donde paraban.

También explicaron que en general las mujeres en esta situación “no suelen reconocerse como víctimas, porque lo entienden como un trabajo”. En este sentido, se explicó que viven en una sociedad donde la prostitución está penalizada, pero que cuenta con consenso para practicarla.

Los alegatos de las partes no fueron muy extensos, pero cada una fue al punto de discusión. Para la fiscal general Marina Herbel, los elementos reunidos en los allanamientos y declaraciones posteriores probaron que el local Tragos Checho Bar Pool funcionaba como prostíbulo, y tanto Bogado, el encargado, como Ibelli, el dueño, recibían una ganancia de esta actividad. En este marco, sacaron provecho económico de la explotación sexual de una menor de 17 años. La Ley de Trata “castiga el control de la sexualidad de una persona”, afirmó la fiscal.

Respecto de si los acusados sabían o no la edad de Carolina, Herbel se remitió al anterior fallo del tribunal que condenó a Roberto Sander por el mismo delito, pese a haber argumentado que la víctima lo había engañado sobre su edad. La fiscal no cree que Bogado e Ibelli la incluyan en ese ámbito sin conocer y controlar su verdadera edad. Además, “se acreditó la vulnerabilidad de la menor”, aseguró.

Por esto, la Fiscalía pidió condenar a cinco años de prisión efectiva a los dos acusados, además del decomiso del local.

A su turno, los defensores Félix Patricio Pérez y Rodrigo Arrechea rechazaron la acusación y pidieron la absolución de los procesados.

Por el caso de Ibelli, afirmaron que no se probó su coautoría en el hecho, por no tener ninguna participación activa en el lugar.

Respecto de Bogado, sostuvieron que si ninguno de los agentes de Gendarmería Nacional que allanaron el lugar sospecharon que la víctima era menor, bien pudo también el acusado haber creído lo que ella le manifestó: que tenía 20 años. “La víctima lo induce a Bogado al error”.

En el mismo sentido refutaron el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la menor: “Para abusar de esa situación, se la debe conocer”, dijeron.

Sobre el paralelo con el caso Sander, argumentaron que en su prostíbulo de Villaguay se hallaron muchas más pruebas de la explotación sexual de la menor de 16 años.

Finalmente, tras momentos de tensa espera, el tribunal federal de Paraná, integrado por Lilia Carnero (presidente), David Chaulet y Omar Di Gerónimo dieron a conocer el fallo absolutorio de Ibelli y Bogado, y ordenaron su liberación. El 15 se conocerán los fundamentos de la sentencia y se abrirá el tiempo para que la Fiscalía presente un recurso de Casación.

El segundo juicio por Trata de Personas en Entre Ríos tuvo una cuestión en común con el anterior: todos los organismos oficiales se desentendieron de la situación de la chica rescatada luego de regresarla a su provincia natal. Esta vez, oficiarán contra los organismos del Estado.

En el caso resuelto en 2010, la víctima había declarado que luego del rescate de un prostíbulo de Villaguay fue trasladada al hogar Renacer, donde estuvo un mes hasta que la buscó su padre. Allí, recibió la atención de una asistente social, la ayudaron durante un mes, le compraron una sola vez mercadería para su casa y nunca más recibió ningún tipo de ayuda.

La joven que declaró ayer como víctima fue igual de clara: la llevaron del local Checho a Gualeguaychú, de allí a declarar ante el juez de Concepción del Uruguay y luego a Posadas, Misiones. Aquí quedó alojada en un hogar de madres solteras, a la semana la trasladaron a otro, donde estuvo un par de meses, hasta lograr irse a la casa de una familia amiga. “Y nunca más volvía a ver a la psicóloga”, afirmó Cristina, y también recordó que desde el gobierno de Misiones le prometieron alimentos y colchones, pero nunca aparecieron.

Esto puede explicar tal vez el buen recuerdo que tiene la chica sobre su estadía en el local allanado: “Si me llega a faltar el trabajo para darle de comer a mi hijo lo volvería a hacer, porque no hay oportunidades para quien no tiene estudios”.

Por último, tanto los integrantes del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones como de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, presentes ayer en la audiencia, intentaron explicar la situación: “Eso le corresponde a otro organismo”, se desprendieron.

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