Por JCB de ANALISIS DIGITAL

juan_cruz_butvilofsky@hotmail.com

El pasado 22 de agosto se realizó una importante presentación judicial elaborada por el Foro Ecologista y el gremio docente de AGMER. El objetivo es que el Poder Judicial le ponga un freno a las fumigaciones a las escuelas rurales de la provincia. "Se viene trabajando con distintas organizaciones de los distintos territorios de los departamentos de la provincia. Organizaciones que se nuclean bajo una coordinadora que ha llevado el movimiento Basta es Basta. Hemos trabajado en conjunto para llevar adelante un relevamiento de todas las escuelas rurales, que son un total de 1200", explicó la abogada del Foro Ecologista, Aldana Sasia.

"Después de dicho relevamiento, hicimos otro georeferencial, poder ubicarlas a través de imágenes satelitales. Hicimos una serie de encuestas para ver en que estado de situación estaban con respecto a las fumigaciones. Todo previamente a haber recibido miles de denuncias de distintos lugares, con relación a que en momentos de clases la comunidad educativa se ve expuesta a las fumigaciones de un campo lindero", explicó en dialogo con FM Universidad.

Sasia relató parte de los argumentos que recabaron para la presentación del amparo: "De este relevamiento pudimos obtener que la mayoría de las escuelas están a diez o veinte metros de los lugares donde se aplican este tipo de químicos".

Luego, la abogada cargó contra el sistema judicial, pero principalmente en la decisión adoptada por el Ministerio Público Fiscal a la hora de cajonear las denuncias por delitos ambientales. "Las miles de denuncias no han prosperado en el fuero penal, sólo tenemos la experiencia única de la escuela de Santa Anita, porque las demás causas penales se archivan. Son las directoras las que impulsan las denuncias, pero cuando llegan a las oficinas del las fiscalías de turno son archivadas. Porque hay una negación del Poder Judicial de Entre Ríos de investigar delito ambiental", fustigó la referente legal del Foro Ecologista.

"Básicamente nuestro ministerio pupilar responde a una orden vertical. Cuando desde arriba se tienen conocimientos dogmáticos y se profesan ideas en cuanto a este tipo de delitos y no son reconocidos, porque si bien el delito ambiental no tiene una tipificación especifica, sí tenemos delitos de contaminación de agua, de suelo y la Ley de Residuos Peligrosos. En otras provincias se han hecho intentos por aplicar analógicamente las leyes específicas o se han hecho una aplicación de delitos de peligro, preventivamente", describió Sasia.

La abogada puntualizó en la decisión del titular del MPF, Jorge Amilcar García, ya que "nuestro procurador no tiene la concepción dogmática de considerar a este derecho, (los fiscales de) más abajo se aplica eso". "La investigación del delito ambiental en Entre Ríos hoy no se aplica, lamentablemente. Uno puede constituirse como querellante, aportar pruebas, pero tampoco hay organizado un sistema pericial conducente para llevar adelante este tipo de pericias. El delito ambiental necesita una puesta rápida en funcionamiento de un mecanismo de prueba que conserve en su estado inalterable", explicó.

"No tenemos una policía especializada en este tipo de delitos y tampoco tenemos herramientas desde la gestión judicial, y queda truncada la prueba. Criminalística sabe actuar cuando se trata de un homicidio, pero estas pruebas del delito ambiental son muy específicas y se necesitan peritos especializados. Hemos intentado hablar con el Ministerio de Gobierno para que se le brinden herramientas a la policía para saber como actuar ante una denuncia de delito ambiental", agregó.

Además, señaló que para el amparo se reunieron con el titular del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez y explicó que "le pedimos que lleve adelante esta acción cautelar de prevención y resguardo por el interés superior de los niños y niñas que concurren a la escuela a recibir educación". La solicitud que se le hizo a Benítez se basó en "sostener una condición de salud en estándares medios" para la comunidad.

Según Sasia, Benítez "se comprometió a hacerlo, pero lamentablemente nunca prosperó". "Entonces impulsamos la acción nosotros como organizaciones de base. Ha sido un arduo trabajo porque no es fácil justificar esto, pero lo hemos acompañado con informes nacionales e internacionales, que demuestran que los chicos que están en contacto con este tipo de venenos son víctimas de distintos tipos de cáncer", lamentó.

"Presentamos una investigación del CIMA La Plata que hizo un relevamiento con diez escuelas de Concepción del Uruguay y en todas las escuelas -menos una- se encontró glifosato, en tierra y en agua. Además se encontró atrazina y endosulfan, otros herbicidas", describió Sasia. El CIMA es el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, dependiente del Departamento de Química Facultad de Ciencias Exactas Universidad Nacional de La Plata. Sasia aseguró que este informe "es el estudio más contundente que presentamos".

Señaló que la provincia cuenta con un relevamiento sobre escuelas rurales que data desde 2014, realizado por la Secretaría de Producción, pero que "no hacen alucución a los niveles de exposición a tóxicos".

Los reclamos para que el Estado intervenga de manera preventiva

Ante la consulta sobre cuales son las exigencias que se plantean en dicho amparo, Sasia explicó: "Primero que se fijen medidas preventivas para garantizar el derecho a la salud de todos los niños. Nuestros niños se enferman por el sólo hecho de ir a recibir educación. Acompañamos de un informe del defensor del pueblo de la Nación, que insta a los Estados a tomar las medidas conducentes para que los niños que acuden a estas escuelas no estén más en contacto con venenos. Los niños metabolizan más rápido, sus órganos son más jóvenes, sus células están mas permeables a recibir estos venenos y además están en contacto con el agua y la tierra por los juegos y llevan sus manos a la boca".

"Pedimos que se fije una distancia de mil metros, porque nuestra legislación tiene un vacío legal y no fija una distancia para las fumigaciones. Que se aplique la distancia de tres mil metros para las fumigaciones aéreas, ya que está regulada para los centros urbanos pero no para las escuelas rurales, porque ahí también hay gente. Pedimos que se haga un relevamiento y estudios en la población estudiantil y a los docentes con análisis de sangre. Que se hagan un estudio de agua de todas las tomas de las escuelas. Que se garantice el acceso al agua sin veneno. Que se haga un relevamiento epidemiológico de todas las personas de la comunidades de las escuelas", desarrolló.

Agregó que en el amparo se demandó al Consejo General de Educación (CGE) y al propio gobierno provincial. El CGE ya respondió al amparo en el ámbito judicial -cuyos detalles de la respuesta no se han hecho público- y además se espera que de acá al sábado el Poder Ejecutivo realice su respuesta ante la demanda de las organizaciones. Luego de eso, "el juez tendrá todas las herramientas que hemos aportado las partes para llevar adelante semejante tarea de fallar en una causa como esta, tiene todas las facultades para ordenar las pruebas que sean necesarios". El juez que tiene a cargo el amparo es Oscar Daniel Benedetto.

-¿Qué se está haciendo desde la provincia para el resguardo de todas las poblaciones rurales?

"Nada. Son las familias rurales las que viven expuestas a este tipo de venenos. Lamentablemente toda la población rural y aquellas personas que vivan en lo periurbano están expuestas a este tipo de veneno. Estas escuelas son islas en el medio de desiertos verdes. Civilización pero rodeada de campos de soja. No se si existirá algún tipo de control efectivo sobre esto. Yo me pregunto desde el derecho, ¿cuál sería la herramienta eficaz para combatir esto? Porque puede haber una sentencia ejemplar que dicte los mil metros de distancia, pero ¿cómo se aplica para el resto y de que modo se controla? Yo puedo pensar en una medida revolucionaria que sería expropiar esos mil metros y que pase a manos del Estado, pero una medida de esas características es de imposible aplicación".

Contaminación en Nogoyá

Sasia aseguró que sigue de cerca la lucha de los vecinos de Nogoyá sobre la contaminación ambiental y sanitaria que produjeron las dos empresas del Grupo Bolzán. "Básicamente todo el aparato empresario está acostumbrado a actuar de este modo: sin ningún tipo de control. Es como que, alentando cualquier tipo de industria que fomente puestos de trabajo, el Estado hace oídos sordos y no se toman las medidas conducentes", explicó.

"Este tipo de plantas, supuestamente no deberían desechar sus residuos sin previo tratamiento y mucho menos a cursos de agua que derivan en el consumo de los vecinos. Obviamente estamos ante la tipificación de un delito que es la contaminación por residuos peligrosos. Prosperaría una denuncia penal contra la empresa y los funcionarios que no tomaron las medidas conducentes para prevenir el daño ambiental e investigar las responsabilidades", señaló la abogada del Foro Ecologista.

Luego, criticó el sistema que pone "al vecino en lugar de investigar, a pesar de no contar con las herramientas". "La víctima es la que se posiciona en el lugar de investigador, del fiscal, y es quien debe salir por sus propios medios a demostrar que lo que le está dañando es real y existe. Es lo más loco en este tipo de delitos, que se le pide a la víctima que ocupe el lugar del Estado", advirtió.