Por Luis María Serroels, especial para ANALISIS DIGITAL

Levantarse muy temprano para abordar un tren, proyectando la jornada y viajar con el pensamiento puesto en el trabajo, la facultad o el destino que fuere, no tiene porqué incluír como hipótesis que un tren que tiene una vía sólo para él, el camino allanado y seguro y la detención tranquila porque para ello todos los mecanismos han sido -se supone- debidamente testeados y los parámetros básicos adecuadamente observados, termine en una tragedia de semejantes proporciones.

El ingeniero Schiavi, sin ruborizarse, quiso escudarse en que accidentes ocurren en todo el mundo y buscó absolver al conductor. Este trabajador –es justo decirlo- no es quien controla el estado del material rodante y si los frenos fallaron la causa debe buscarse en otro lado, porque al maquinista le interesa preservar la vida ajena tanto como la suya. Pero al afirmar que si hubiese sucedido el martes no era tan grave, se transforma en discípulo de Perogrullo, Claro, si ocurriese un 1º de Mayo, un 25 de diciembre o un Viernes Santo, quizás los damnificados alcanzarían una cantidad inferior, pero ello no exculpa de la irresponsabilidad.

Los argentinos estamos cansados de escuchar esta gastada frase “se investigará hasta las últimas consecuencias”, cuando todos sabemos que siempre se termina sancionando al Gran Bonete, habitual destinatario de todas las imputaciones.

Dígase con toda claridad: todo esto es sólo un eslabón más de la cadena de episodios dolorosos propios de un estado de corrupción e impunidad (esas hermanas mellizas que tanto hemos mencionado en nuestras notas). Es consecuencia de la inmoralidad con la que el menemismo noventista entregó los servicios públicos y el kirchnerismo lo siguió solventando con subsidios que embolsan los bolsillos de empresarios corruptos.

Elisa Carrió salió de su ostracismo discursivo para responsabilizar a gobernantes, concesionarios y la justicia por el grave accidente del Sarmiento. Y habló de la corrupción e impunidad instalada en quienes no honran los cargos públicos. Esta nueva prueba de la degradación funcional reinante, ocurre a pocos días de denunciarse la existencia de un servicio de espionaje de Gendarmería y maniobras non santas en la concesión directa que hizo el Banco Central para la impresión de billetes de 100 pesos.

Pero también queda atrapado en este juego de responsabilidades, el Poder Judicial, porque Carrió recordó haber presentado en forma personal varias denuncias contra funcionarios y empresarios “que han destruído el sistema ferroviario”, sentenció.

No es ocioso insistir que Fernando Pino Solanas hace años que viene proponiendo desde el Proyecto Sur, un plan de recuperación y transformación ferroviaria, que incluye fabricar material rodante y repuestos, reinstalar talleres y, sobre todo, reformar todo el diagrama de circulación instalando redes que contemplen el interés superior de la Nación, terminando con la boca de succión que es el puerto de Buenos Aires. Todo ello invirtiendo la mitad de lo que se pretende erogar en el Tren Bala, ese nuevo proyectil de la corrupción.

El diario oficialista Página/12 se ocupó de las formas en que se ha plasmado la obscena política que arrancó con Carlos Menem y sus planes arrasadores que dejaron pueblos enteros aislados. Recordemos que la eliminación de ramales provocó que miles de habitantes se vieran privados de movilizarse por tren y lejos de la carretera más cercana para utilizar transporte terrestre, impedidos de accesos firmes que los conecten y transformados en argentinos de segunda.

Menciona el matutino a los hermanos Cirigliano como algunos de los empresarios que por sus contactos políticos se quedaron con jugosas concesiones. Este grupo, que gira con el nombre real de Cometrans, arrancó con la concesión de dos líneas de colectivos urbanos y desde 1994 maneja TBA (Transportes de Buenos Aires), recibiendo 219 coches del ferrocarril Sarmiento y 143 del Mitre. Pero a partir de ahí instaló una fábrica de colectivos (TATSA) y otra de vagones de dos pisos (Emfersa), logrando financiamiento del Estado para producir bienes que el propio Estado les terminaría adquiriendo y que más tarde les ofrecería para explotar sus propias empresas.

Cometrans controla asimismo TAT (automotriz), Baires Ferrovial (construcciones e infraestructuras ferroviarias) y sus directivos han sido acusados de dar dádivas al ex secretario Jaime, hoy bajo proceso. En el actual gobierno no se ha hecho nada para terminar con una realidad que está a la vista, ahora que la TV exhibe el mal estado de las vías y el deficiente mantenimiento del material rodante. Existe una evidente protección hacia los empresarios inescrupulosos. Se ha denunciado que muchos de ellos no han utilizado los subsidios para conservar el servicio en condiciones óptimas, sino para invertir en nuevos negocios. No sólo el secretario Schiavi tendría que alejarse de su cargo; el ministro Julio De Vido debería seguir el mismo camino. Por el dolor de tanta gente y la pérdida irreparable de vidas, muchas de ellas muy jóvenes.