D’Angelo precisó que “este recargo, que se viene implementando desde 1989, se destinó a la Empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz para realizar las obras necesarias con el objeto de incorporar a la provincia al Sistema Interconectado Nacional”, y puntualizó que “los motivos que motorizaron y justificaron aquel tributo se extinguieron en 2008 al entrar en servicio las obras, por lo cual su vigencia como se verifica en todas las factura de energía, es ilegal y lo recaudado se esfuma en rentas generales”.

Asimismo, la legisladora recordó que “además, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, con la solidaridad de todas las provincias, lanzó en 1999 un plan de obras en el país donde incluyó la interconexión de Santa Cruz, lo que implica un doble financiamiento para la misma obra”.

La diputada llamó la atención también respecto de que “el juez que entiende en la causa determinará qué se hizo con los 27.000.000 anuales que Santa Cruz recibió por todo concepto durante 20 años para esta obra”; y enfatizó: “Nuestra obligación es apoyar en el Congreso de la Nación la extinción de un gravamen que comenzó motivado por una causa justa y terminó siendo un insoportable privilegio respecto a las demás provincias y que venimos pagando todos los argentinos”.