El bloque hizo Labor Parlamentaria antes de la sesión junto al vicegobernador, José Cáceres, en lo que significó, para muchos, un encuentro de amigos con un nutrido temario político. “No nos vemos nunca y aprovechamos”, contó un senador que relativizó la trascendencia de los temas tratados con el vice y ajustó la reunión a un encuentro de amigos.

Sin embargo, la charla con Cáceres restó tiempo al debate sobre los temas a tratar en el recinto. Entre ellos estuvo el texto que impulsó el Ejecutivo que tuvo media sanción y que alcanza las cuestiones impositivas y que provocó diferencias entre los senadores ya que se enteraron de la cuestión poco antes de la sesión.

Por eso, y una vez iniciada la sesión pidieron un cuarto intermedio de veinte minutos en el que, junto al titular de la ATER, Marcelo Casaretto, intentaron salvar las diferencias y también las dudas sobre el proyecto que, tras recibir media sanción por unanimidad, deberá tratar Diputados.

Qué aprobaron

El proyecto sancionado este martes contiene tres reformas impositivas. Una establece la regularizacion voluntaria de inscripciones registrales de vehículos automotores patentados en otras jurisdicciones pero se excluyen aquellos a los que el fisco les ha iniciado acciones judiciales para el cobro de los impuestos ; por otra se actualizan valores de multas por incumplimiento de deberes formales de 20 a 40 mil pesos que son aquellas infracciones que se producen, por ejemplo, por falta de declaraciones juradas pero, fundamentalmente para sancionar a los agentes de retención y percepción que retienen impuestos a sus clientes y no los depositan al fisco. Antes la multa era de 2 mil pesos y se elevó a 40 mil.

Para el campo se modificó la tabla de tramos de evaluación fiscal de los inmuebles rurales para el ejercicio 2012. Anualmente el Ministerio de la Producción establece los valores básicos de las 37 zonas agroecológicas de la provincia que se ubican de acuerdo a su aptitud productiva. Año tras año se analizan los precios de los productos y los rendimientos físicos y se establece el valor base. Aplicar ese método estuvo reglado por la ley 8672 y significa que muchos productores cambien de tramo y la alícuota es progresiva, es decir al cambiar de tramo, suben sus impuestos.

Con la modificación se atenuó el impacto en el impuesto que se hubiera producido por el aumento de los avalúos que no aumentará como estaba previsto. Sin embargo y según aseguró Casaretto, “la recaudación será más que el año pasado pero inferior a la que debiera emitirse si no se trata esta ley”.

La iniciativa sancionada este martes se conversó la semana pasada con la Mesa de Enlace. La dirigencia agropecuaria llevó tres temas al gobierno: Uno, que se adecue la tabla de alícuotas; dos, que se aumente el porcentaje de descuento por pronto pago, y tres, que se revise la forma de cálculo de precios y cantidades.

Qué dijeron en el recinto

El presidente de la bancada, Enrique Cresto (Concordia) fundamentó el texto en el recinto y al hacerlo aseguró que este proyecto es la “última etapa de la reforma fiscal que realiza la provincia en esta gestión”, resaltó la importancia de los impuestos directos como el Automotor y el Rural y aseguró que la norma está inspirada en los principios doctrinarios del justicialismo de la redistribución de la riqueza. “Es necesario una cuota de equidad y de justicia”, afirmó Cresto en el recinto donde aclaró que el campo “es el 0,08 por ciento de un Presupuesto de más de 15 mil millones”

También Daniel Kremer, de Diamante, salió en defensa del proyecto del Ejecutivo. Opinó que así “el que más tiene, más paga” y que la medida beneficia al 75 por ciento de las partidas. Kremer no desaprovecho la ocasión para denunciar que en su ciudad, General Ramírez, hay una importante evasión en el registro de patentes.

“Hay empresas en mi ciudad que no le cobramos medio millón de pesos porque están radicados en otras provincias como Corrientes”, denunció y completó: “Nos perdemos un cuarto del millones de pesos en el municipio”, donde gobierna su padre, Edelmiro Kremer.

Pooles de siembra

La comisión de Producción retomó este martes el debate sobre el proyecto de ley que modifica la ley 8318 y crea un Registro Único de Productores. El titular de la comisión, Oscar Arlettaz (Colón), recordó que en marzo del año anterior se redacto un despacho de comisión, pero que posteriormente, antes de tratarlo, se entablaron contactos con asociaciones de productores. El representante de Colón indicó que “es tiempo de retomar el trabajo, porque es un tema que debe ser abordado por la realidad productiva entrerriana”.

Los legisladores consideraron que para profundizar el tema y lograr su operatividad una vez sancionado, será conveniente mantener una reunión con el director ejecutivo de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Además, observaron el listado de proyectos que se encuentran en esta comisión y determinaron el envío de algunos de ellos al archivo. Arlettaz adelantó que en marzo se trabajará sobre agroquímicos y recordó que Áreas Naturales Protegidas, Bosques Nativos, entre otros temas, están en otras comisiones y se deben unificar posiciones.

Se trata de un texto que es conocido como ley de pooles. Es una modificatoria a la ley de conservación de suelos. Cabe recordar que en los últimos años en Entre Ríos hubo un intenso debate sobre el tema. El texto que tiene el Senado propone un sistema que busca dar beneficios impositivos para los productores entrerrianos y quienes no son de esta provincia, deban realizar un aporte en virtud de la actividad extractiva que hacen. “Es una herramienta en defensa de Entre Ríos, un concepto que comparten conceptualmente con nosotros las entidades del Campo”, explicó Arlettaz.

El legislador por Colón dijo que se trata “de cuidar nuestras tierras y lograr una recaudación acorde a la actividad que se realiza. El Estado debe intervenir en el proceso”, acotó. Añadió que con este texto se ofrece un marco a lo que ya se está aplicando y por tanto se podrá profundizar. “El que viene de afuera de la provincia y contrata para producir, deberá hacerse cargo”, puntualizó Ballestena, agregando que “se están llevando nutrientes de Entre Ríos y esto no es un tema menor”.

El proyecto

El texto que se pretende incorporar crea el “Registro Único de Productores Agrícolas de Entre Ríos (RUPAER), en el que se inscribirán los propietarios, arrendatarios, contratistas, aparceros, usufructuarios o quienes exploten, por cualquier título legítimo, por cuenta propia o de terceros, tierras cultivables en el territorio provincial con el objeto de cultivar cereales, oleaginosas y/o forrajeras para la obtención de granos, debiendo acreditar los requisitos que al efecto establezca la Reglamentación”.

Añade que dichos sujetos, de fuera de la provincia, quedarán obligados a la ejecución de los programas de uso y conservación de suelos para una agricultura sostenible que implemente la Autoridad de Aplicación.

De aprobarse la ley el Poder Ejecutivo quedará facultado a dictar todas las normas que resulten necesarias “para la implementación y funcionamiento del citado Registro y, en especial, a establecer requisitos vinculados a categorías de productores, diversidad y rotación de cultivos, uso de fertilizantes, desmontes, y todos aquellos aspectos que tiendan a evitar prácticas que distorsionen la explotación y/o comercialización sustentable, priorizando el desarrollo económico-social del pequeño y mediano productor residente en Entre Ríos, desalentando la especulación y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas”.

Beneficios para los productores

Los legisladores destacaron en que estarán exentos del pago del Derecho de Uso de tierras cultivables las personas, empresas u otros entes que se encuentren radicadas en Entre Ríos y desarrollen las prácticas de manejo y conservación del suelo definidas por la Autoridad de Aplicación en la totalidad de las tierras cultivables sujetas a explotación, en los plazos y condiciones que la reglamentación establezca, pudiendo la misma diferenciar entre categorías de productores.

En el registro se deberán acreditar la compra o contratación de, como mínimo, el 80 por ciento de los insumos, servicios agrícolas y de transporte de granos a personas, empresas u otras entidades radicadas en Entre Ríos.

En el caso de compras de insumos que no se producen o comercializan directamente en cantidades suficientes en la jurisdicción provincial, el presente requisito se podrá cumplir con la compra de los mismos a través de personas y/o empresas radicadas en Entre Ríos. La Autoridad de Aplicación podrá reducir hasta el 50 por ciento dicha obligación según el cultivo y la zona si ello resultare fundado técnica y/o económicamente.

También deberán entregar al menos el 80 por ciento de la producción de granos para su comercialización, acopio y/o acondicionamiento a personas, empresas u otras entidades radicadas en Entre Ríos. La Autoridad de Aplicación podrá reducir hasta el 50 por ciento dicha obligación si ello resultare fundado técnica y/o económicamente.

Destacan los legisladores que lo relacionado a la compra de insumos y compra o contratación, serán requisitos que se tendrán por cumplidos en el caso de pequeños y medianos productores agrícolas, publicó Recintonet.

(Foto: Recintonet)