La semana pasada, y a partir de las repercusiones generadas por la tragedia ferroviaria en la estación de Once, que provocó 51 muertos y más de 700 heridos, distintos funcionarios de la Nación convocaron a lo que llamaron conferencias de prensa, donde no permitieron que los periodistas hagan preguntas. En todos los casos quedó claro que los monólogos de los funcionarios no agotaron todas las consultas ni respondieron a los interrogantes que los periodistas querían realizar, lo que desnaturaliza el concepto de una conferencia de prensa.

Este tipo de situaciones se ha generalizado en el gobierno nacional y lamentablemente se ha reiterado en otras expresiones del Estado, y en los ámbitos provincial y municipal. En todos los casos no existen argumentos válidos para evitar el contacto con la prensa. Sólo excepcionalmente, se permite una limitada ronda de preguntas.

Por otra parte, hay ocasiones donde se realizan conferencias de prensa abiertas, pero los funcionarios se hacen rodear de militantes o seguidores que buscan amedrentar a los periodistas, camarógrafos y fotógrafos, generando con cánticos y burlas un clima poco propicio para el desarrollo de su tarea profesional. También existen ocasiones en las cuales los funcionarios discriminan a determinados periodistas por considerar que trabajan en medios a los que califican de “opositores” o “críticos”.

Con el objeto de favorecer el derecho a la información de la sociedad en la Argentina, Fopea propone que se debata seriamente en las áreas de Prensa y Comunicación de los poderes públicos la posibilidad de crear un sistema permanente y profesional de conferencias de prensa que tenga un aval a nivel estatal y que cuente con la aceptación y participación de todas las fuerzas políticas, a nivel nacional y en las provincias y municipios, y que además tenga en cuenta las propuestas de las asociaciones profesionales, de los gremios periodísticos y de organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de generar una modalidad que garantice un proceso transparente de comunicación entre periodistas y funcionarios, que apunte a la excelencia informativa y que en definitiva busque el beneficio de la sociedad. Experiencias similares han tenido probada efectividad en países europeos, a partir del modelo diseñado en Alemania. También pueden destacarse ejemplos positivos en países de la región latinoamericana.

Así como los representantes públicos tienen el deber de dar cuenta a la ciudadanía de los actos de gobierno, proyectos y decisiones inherentes a su gestión, el periodismo tiene la tarea de dar difusión a estas informaciones. La relación profesional entre periodistas y funcionarios debe darse con un mecanismo periódico, respetuoso, con reglas claras y en un marco de ética profesional que facilite un intercambio plural y objetivo de la información.

De no resolverse esta cuestión, los periodistas argentinos deberíamos evaluar seriamente si es conveniente que participemos de las mal llamadas “conferencias de prensa”, donde no podemos preguntar. Fopea convoca a que los periodistas acreditados ante las distintas instituciones públicas y los movileros y cronistas de los medios de comunicación de todo el país, incluyendo a los corresponsales extranjeros que trabajan en el país, difundan esta clase de situaciones a través del hashtag #queremospreguntar en la red social Twitter y denunciándolo al Monitoreo de la Libertad de Expresión, que funciona a través del correo monitoreo°fopea.org .

En este marco, Fopea considera una vez más que también es hora de que el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales sancionen normas de Acceso a la Información Pública, como expresión de su voluntad política en transparentar las acciones del Estado en sus diversas manifestaciones.