Hay incertidumbre por la desafiliación al IOSPER de los docentes privados

La Osdop ya envió cartas documento a todas las escuelas públicas de gestión privada –la mayoría confesionales, ligadas a la Iglesia Católica– advirtiéndoles de la resolución judicial, e intimándolas a depositar a favor de Osdop los aportes personales de los docentes a partir de junio.

Sucede que la Corte declaró inconstitucional el texto del decreto Nº 4.427, del 21 de diciembre de 1972, por el que se había dispuesto la incorporación como afiliados cautivos del IOSPER de todos los docentes privados, que se desempeñan en los 300 institutos de enseñanza privada, con una matrícula de 70 mil alumnos. La demanda había sido iniciada por la propia Osdop contra el gobierno provincial.

Osvaldo Bodeán, presidente de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada, confirmó que todos los institutos han recibido la intimación de parte de Osdop, advirtiéndoles que a partir de este mes debían depositar los aportes en esa obra social y no en el IOSPER. El texto de la nota dice que la obra social Osdop es ahora la “única legitimada a recibirlos”.

Al respecto, el fallo del máximo tribunal dictaminó que Osdop “es la legítima recipiendaria de los recursos, que en concepto de aportes y contribuciones deben efectuar los empleadores propietarios de los establecimientos educativos de gestión privada, tanto los con aportes, como sin aportes”.

La medida tendrá su impacto en el bolsillo y en la salud de los docentes privados. Actualmente, la legislación los obliga a aportar al IOSPER el 3 por ciento de sus salarios, a lo que se suma el 4 por ciento que aporta el Estado como patronal. Pero incorporados a Osdop las sumas son diferentes. Un docente privado debe aportar el 3 por ciento de la remuneración sujeta a aportes del afiliado titular, con un adicional del 1,5 por ciento por cada familiar a cargo. Y el Estado, en vez del 4, aporta el 5 por ciento, con lo cual el gasto en masa salarial para el sector se verá engrosado a partir del mes próximo.

En Entre Ríos, el Estado comparte el costo de la inversión privada y por el principio de cofinanciamiento aporta al pago de la mayor parte de los cargos y horas cátedra docentes. Según los datos del Presupuesto 2010, las escuelas privadas se llevan alrededor de un 15 por ciento del presupuesto educativo provincial, que para 2010 se fijó en 1.835 millones de pesos.

El fallo de la Corte pone blanco sobre negro: el Estado tendrá la obligación de girar los fondos a los apoderados de los institutos privados para el pago de salarios, y a la vez depositar en la cuenta de Osdop los montos correspondientes a los aportes personales y patronales de esos docentes cuyos ingresos se costean con recursos públicos.

Aunque el traspaso no parece ser de simple resolución, según admitió ayer el titular de la Obra Social, Silvio Moreyra. “A nosotros nos ordenan que no tenemos que mantenerlos más como afiliados, y por eso a fin de mes a esa gente se les corta la prestación”, señaló.

Claro que el corte podría complicar tratamientos de larga duración y la recuperación de créditos asistenciales otorgados por la obra social provincial para afrontar gastos médicos de envergadura en los afiliados. Pero además, se suma el serio inconveniente de la falta de cobertura total de la provincia en infraestructura por parte de Osdop, como sí la tiene IOSPER. La situación más complicada se daría en el interior de la provincia.

En el IOSPER dicen que el impacto no será tanto económico –4.000 docentes sobre 270 mil afiliados que tiene la obra social provincial-– como sanitario para los propios docentes alcanzados por la medida.

Signes: “Es el último recurso”

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo ayer que el Estado no recurrirá el fallo de la Corte porque se trata de un “último recurso” en el marco de un juicio extenso que ahora se ha resuelto.

Según indicó a El Diario, lo que la Fiscalía hizo fue poner en conocimiento de los pormenores de la sentencia tanto al Consejo General de Educación (CGE) como al IOSPER para que lleven a cabo la medida.

Consultado sobre la posible incidencia en la Caja de Jubilaciones, aseveró: “No, que yo sepa. Esto sólo tiene efectos respecto al IOSPER”.

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