Por JCB de ANALISIS DIGITAL

A finales de 2013, los hijos de Enrique Quique Mizawak firmaron la “transmisión de dominio fiduciario” al contador Hugo Alberto Mardón. De esta manera, el oriundo de Concepción del Uruguay quedó a cargo del millonario emprendimiento que pretende la construcción del edificio más alto de la provincia en el terreno que ocupaba la casa de Mizawak, tío de la actual titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), aunque con los vínculos familiares rotos desde hace tiempo.

El “Fideicomiso Catamarca 646” se creó unos meses antes, en agosto del mismo año. De esa manera, quedó como fiduciario Mardón y como fiduciantes clase A, los tres hijos de Quique Mizawak: Germán Alberto, Enrique Gustavo y Susana Emilce. En ese acuerdo, los hermanos Mizawak entregaron el terreno de 1.200 metros cuadrados (valuado en 12 millones de pesos) a cambio de cuatro semipisos, un departamento de dos dormitorios y cinco de las 57 cocheras.

La inversión, según la palabra de los propios impulsores de la obra millonaria, superará los 100 millones de pesos. El total se compone con los 12 millones que vale el terreno, 30 millones de impuestos y gastos del proyecto y unos 56 millones sólo de materiales y mano de obra. De esta cifra total, los empresarios -según sus propias palabras vertidas al suplemento económico Dos Florines- se harán cargo del 40 por ciento del total de la inversión, mientras que el resto será aportado por los futuros propietarios de los departamentos. Cabe aclarar que estos números reconocidos por el grupo inversor son de septiembre del 2015, por lo cual en la actualidad los valores han subido al ritmo inflacionario y la importante devaluación al inicio de la gestión de Mauricio Macri.

El grupo de empresarios se completa con cuatro fiduciantes clase B: Florencio Marcelino Bogado, Germán Miguel Jorge, Oscar Guillermo Ignacio Zubielqui y Marcelo Jorge Cassano. Bogado es el corredor inmobiliario del emprendimiento; Jorge es el titular de la empresa mayorista de materiales de la construcción Dimaco; Zubielqui es titular de la empresa Servicon SRL que se dedica a instalaciones eléctricas; y Cassano es el arquitecto de la obra. Todos ellos están inscriptos en la AFIP como prestadores de tales servicios.

“En virtud de los aportes dinerarios fijos que efectúen, tendrán derecho a la adjudicación de los beneficios no adjudicados a las demás categorías de fiduciantes en el contrato de fideicomiso y/o en los respectivos contratos de adhesión”, señaló la documentación fiduciaria en relación a los fiduciantes clase B.

Pero a quien no le cierran los números, es a Mardón. El contador que tiene a cargo del grupo fiduciario, figura en el régimen de monotributistas en la categoría C. Según la información del organismo público, sus ingresos no pueden superar los 168 mil pesos anuales. Esto no es compatible con encabezar una obra que supera en costos los 100 millones de pesos. Incluso haciendo el desglose de la inversión, determinando el 40 por ciento que aseguraron los empresarios hacerse cargo y restando los 12 millones correspondientes al valor del terreno, se estaría hablando de una inversión 28 millones de mínima, de la cual se deben hacer cargo el titular del fideicomiso y los fiduciantes clase B. Cabe recordar que estos valores son más altos en la actualidad y que son un estimativo que los propios inversores mostraron en 2015.

Por su parte, los fiduciantes clase C “son aquellos que se incorporen en el futuro y a los que en virtud de los aportes dinerarios que consten en cada uno de sus contratos de adhesión, tendrán derecho a la adjudicación al costo de las unidades funcionales que oportunamente se detallen en el contrato de adhesión”.

La obra comienza con la puesta a punto del terreno y los cimientos. Según fuentes técnicas consultadas por ANÁLISIS DIGITAL, se calcula que los costos del inicio de obra llegan a un 20 por ciento aproximado del total de la inversión. Recién luego de esta primera fase, con la estructura ya armada, se buscan más inversores que ocuparían la categoría C de los fiduciantes a cambio de “la adjudicación al costo de las unidades funcionales que oportunamente se detallen en el contrato de adhesión”. Algo similar pasa con aquellos que se sumarán en el futuro como fiduciantes D y que podrán acceder a departamentos de la megaobra.

Mardón aseguró en 2015 que “debieron sortear minuciosos controles, que no recibieron ninguna excepción y que se fue consultando paso por paso para no entrar en contradicción con ninguna norma, y que fue así como logró la factibilidad en 2013”. Sin embargo, un fallo judicial contradijo los dichos del titular del emprendimiento.

La presión del lobby empresarial y la lucha vecinal

Hace siete días la Cámara de la Construcción convocó a una conferencia de prensa. Si bien los motivos fueron maquillados en la generalidad, el principal objetivo era presionar a distintos actores intervinientes para que se destrabe el conflicto judicial que se mantiene con esta obra. Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 instó al municipio a frenar la obra por irregularidades detectadas en la habilitación de la misma. El Poder Ejecutivo municipal respondió de manera administrativa para dilatar la cuestión y dejar que la obra continúe.

La rueda ante la prensa fue encabezada por el presidente de la entidad Miguel Marizza, el titular del Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia Mario Blacud Morales, el presidente de los Desarrolladores Urbanos y de Vivienda de Entre Ríos (Aduver) Luis Gini y Marcelo Satulovsky, asesor de Aduver. El motivo era reclamar por “mayor seguridad jurídica”, excusa que toman los privados a la hora de justificar polémicos emprendimientos que rozan la ilegalidad y que pueden afectar a una comunidad determinada.

En este caso, los vecinos afectados que buscan frenar las construcciones indebidas en altura en distintas zonas de la capital entrerriana, emitieron un documento donde se posicionaron ante el avance empresario ante la opinión pública: “El lobby de la construcción es el actor colectivo más influyente en las dinámicas del espacio urbano. Lo es, por medio de diferentes actores y de diversos instrumentos financiaros capaces de generar lucro pero no equilibrios territoriales. Tienen este poder sin presentarse a elecciones, o participan en ellas de un modo que no alcanzamos a comprender”.

“Los edificios que cuestionamos, no son iniciativas de benefactores de víctimas de la segregación residencial ni planes Fonavi. No están pensados para ‘la incorporación de gente de clases sociales menos pudientes’. Son solo negocios inmobiliarios de quienes, fuera de la ley, tratan de disfrazar como progreso y heroicas luchas sociales sus ganancias, aprovechando el valor de localización ‘del parque’ que a la vez destruyen”, analizó el documento.

Si bien la normativa prohíbe las construcciones en altura a partir de calle Mitre y a lo largo y ancho de todo el Parque Urquiza, no hay normativa que pueda asegurar en términos concretos y reales que la última cuadra de calle Catamarca -donde se está desarrollando en el emprendimiento- no forma parte del ecosistema del parque.

“Resulta insólito que persistan en amparase solo en un Código Urbano que los tiene como protagonistas predominantes en todas sus etapas de creación y de aplicación, pero que en los hechos tampoco cumplen, como única fuente de razonabilidad y legalidad”, reclamaron los vecinos.

En estos hechos es cuando la pata privada y la pata pública muestran la unidad de acción. Además, la similitud entre lo actuado por la anterior gestión municipal de Blanca Osuna y las acciones de la actual intendencia de Sergio Varisco, también dan muestra del poder de influencia que tiene el lobby de la construcción en nuestra capital entrerriana.

Aún no se conoce el final de la polémica. La Justicia falló para que se frene la obra porque la habilitación no circuló por los canales correspondientes según la ley. El Municipio pretende que la obra continúe y busca facilitarle las cosas a los empresarios. Los vecinos prometen no aflojar y continuar con su lucha para frenar la obra que daña linderos y a la ciudadanía en general.

Foto: De ANALISIS DIGITAL