En contraposición a la postura del gobernador saliente, Sergio Urribarri, Bordet fue claro y contundente: el Estado no permitirá el fracking en la cartografía provincial y protegerá los recursos naturales. Lo que dijo Bordet “fue un logro de la lucha de la Asamblea, que consiguió declarar libre de fracking a 31 ciudades de la provincia”, opinó el activista, quien apuntó que la pugna trascendió las fronteras del país, ya que se constituyó el Foro Regional que articuló en la ROU donde, también, cuatro departamentos (Rocha, Tacuarembó, Paysandú y Salto) se declararon contra el desarrollo de la actividad.

En ese marco, celebró la posición del Ejecutivo entrerriano, pero remarcó a Aim que “debería profundizarse con leyes que declaren a la provincia libre de fracking y de minería a cielo abierto”. Prohibir en la jurisdicción la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos por fracturación hidráulica (fracking) “es un paso muy importante que se tiene que dar”, subrayó Zalisñak, quien agregó que, en ese sentido, el gobierno debería asumir como política de Estado la obtención de energías renovables que garanticen el desarrollo productivo sostenible, la preservación del agua y el cuidado del Acuífero Guaraní.

“Se debería fomentar el desarrollo de energías renovables como lo hace la República Oriental del Uruguay (ROU) con los parques eólicos y energía solar”, resaltó el ecologista, quien apuntó que la provincia tiene las mismas condiciones de posibilidad que Uruguay, por lo que se podría promover la combinación matrices de las energías renovables para prescindir de combustibles fósiles.

Entre Ríos, una férrea resistencia

Durante los últimos años los entrerrianos realizaron cientos de actividades para repudiar la Ley de hidrocarburos que hizo aprobar Urribarri, para promover la exploración y explotación de combustibles no convencionales.

Hubo marchas, reuniones y campañas de concientización. En ese marco, se logró que 31 municipios declaren las ciudades libres de fracking.

El 3 de agosto de 2014 Gendarmería reprimió a activistas que estaban apostados en la margen de la ruta nacional 15, rechazando el paso de cuatro camiones vibradores que se usarían en Uruguay para realizar fractura hidráulica. Por los hechos de esa jornada, los militantes sociales presentaron una denuncia por apremios ilegales, mientras que la justicia intentó avanzar en la criminalización de la protesta social, pero, finalmente, se desestimó las acusaciones.

Hoy, en un nuevo escenario, se recibió con alegría el discurso de Bordet, pero es preciso que la Legislatura apruebe un sistema normativo que garantice lo que se enunció.