El ex Presidente de la Nación, Carlos Menem, y el ex jefe del Ejército y actual embajador en Colombia, Martín Balza, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, donde hace casi doce años murieron siete personas y más de trescientas resultaron heridas. Así lo dispuso el juez federal subrogante de Río Cuarto, Oscar Valentinuzzi, quien decidió citarlos a indagatoria y fijará la fecha de los interrogatorios en los próximos días. La sospecha es que la explosión del arsenal fue un acto deliberado para ocultar el faltante de las armas contrabandeadas a Ecuador y Croacia, un caso por el cual el ex mandatario y el militar estuvieron presos.

La convocatoria de Balza fue solicitada por el fiscal Carlos Stornelli y por la querellante Ana Gritti –esposa de una de las víctimas–, quien por su parte había pedido también la citación de Menem.

Menem y Balza no son los únicos que tendrán que vérselas con Valentinuzzi. El magistrado resolvió convocar también como imputados al ex teniente general Raúl Gómez Sabbaini, al general Antolín Mosquera, al coronel Jorge Jesús Ezcurra, al general Máximo Rosendo Groba y al ex secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa Jorge Baeza.

Valentinuzzi dispuso los llamados a indagatoria en una resolución de apenas dos carillas e hizo así lugar a los reclamos en varios casos coincidentes de Stornelli y Gritti, única querellante en la causa, informó Página/12. El juez fijará la fecha de los respectivos trámites cuando reciba respuesta a los oficios que libró este viernes para certificar los domicilios de Menem y los ex funcionarios de su gobierno imputados.

En su condición de senador nacional, Menem tiene fueros y por lo tanto no puede ser obligado a comparecer ante Valentinuzzi. Pero el magistrado puede avanzar con la causa y en caso de dictar su procesamiento, tiene que pedir su desafuero a la Cámara Alta, lo que dejaría al ex mandatario en pie de igualdad con el resto de los imputados.

Menem y Balza estuvieron presos en su momento por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Para Stornelli –fiscal también de ese caso– la explosión de la planta de Río Tercero fue intencional y tuvo el propósito de ocultar el faltante material bélico enviado al exterior.

Stornelli definió a la Fábrica Militar cordobesa como un “escenario preponderante para la toma de decisiones” sobre el tráfico de armas realizado entre 1991 y 1995 al amparo de cuatro decretos del gobierno de Menem y Gritti remarcó que la explosiones de la planta militar fueron “funcionales al contrabando de armas”. La querellante recordó también que el ex coronel del Ejército y presunto traficante de material bélico Diego Palleros declaró ante el ahora ex juez federal Jorge Urso que “nada se hubiera podido hacer sin el apoyo de los Estados Unidos y del gobierno del Presidente”, en alusión a Menem. Para Gritti, hay pruebas suficientes para presumir que “otras personas”, además de los militares ya imputados en el expediente, “han participado” en la voladura “con algún grado de responsabilidad penal”.

La voladura del establecimiento de Río Tercero se produjo el 3 de noviembre de 1995 y las explosiones continuaron en los días siguientes, afectando un radio de unos 20 kilómetros a la redonda. Los habitantes de esa localidad cordobesa fueron evacuados casi en su totalidad hacia poblaciones vecinas y decenas de hogares y comercios fueron destruidos.

La explosión del arsenal de Río Tercero coincidió con el pase de Fabricaciones Militares del ámbito del Ministerio de Defensa a la órbita de Economía. Los investigadores siempre especularon que la planta fue volada porque de la mano del traspaso a la cartera entonces a cargo de Domingo Cavallo se venía la realización de un inventario que dejaría al descubierto el contrabando de armas.