El gobierno pondrá desde hoy a la venta los pliegos para la venta del 51 por ciento de las acciones clase A de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa), poco más de 8 años después de la primera privatización, en mayo de 1996, cuando se otorgó la concesión a un consorcio dominado por los norteamericanos de CMS y por un plazo de 40 años.

Se abre así un proceso que el gobierno aguarda con expectación que desemboque, sin tropiezos, en la entrega de la compañía a un nuevo operador, a mediados de diciembre próximo. Ese paso se dará tras la fallida experiencia con el grupo norteamericano Public Service Enterprise Group (PSEG), que en septiembre de 2002 abandonó sus activos en Entre Ríos y dejó el manejo de la distribuidora en manos de un estudio jurídico de Capital Federal.

El cambio de mando, a juicio del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), se hizo violando los términos del contrato de concesión por lo que el Estado decidió intervenir, y ejecutó la prenda que recaía sobre el 51 por ciento de las acciones clase A, que permiten el control operativo de una compañía que al año factura más de 114 millones de pesos.

A principios de mes, el gobierno publicó el llamado a licitación nacional e internacional para la venta de esas acciones, y hoy se pondrán a la venta los pliegos, aunque en medio está la áspera negociación con un pool de bancos (el Morgan y el Francés) y el fondo de inversión inglés Ashrmore por una deuda defaulteada (ya vencida y no cancelada) de 87 millones de dólares.

La estrategia que delineó el gobierno es que el nuevo operador que surja de la licitación convocada entable rápidas negociaciones con los operadores de modo que en un plazo de 250 días pueda tener reestructurado el pasivo de 87 millones de dólares, según lo revela un dictamen de la minoría radical en la Comisión Bicameral que monitorea el proceso de reprivatización de EDEERSA.

En garantía, estaría previsto en los pliegos que los oferentes hagan un depósito de 20 millones de pesos, y si en el tiempo estipulado no se consigue acordar con los acreedores, será causal suficiente de incumplimiento por lo que podría darse el caso de una nueva reprivatización, de acuerdo a lo que observó la oposición.