En el mismo boletín se informó que al cabo de la semana 46 de 2011, se habían confirmado 243 casos de intoxicación por plaguicidas o herbicidas agrícolas en todo el país. Otras 392 fueron a consecuencia de plaguicidas de uso doméstico, y 259 por químicos no identificados.

En efecto, si se compara lo ocurrido en la jurisdicción santafesina durante ese lapso con Córdoba y Buenos Aires, el índice epidemiológico es bajo. En 2007, Buenos Aires comunicó 128 casos, uno más que Córdoba, mientras que en Santa Fe sólo fueron notificados 27. En 2008, Buenos Aires llegó al primer puesto del ranking de intoxicados con casi 700 casos, Córdoba reconoció 234 y Santa Fe sólo 31. En 2009, Buenos Aires registró 421 casos, Córdoba 209 y Santa Fe, con un aumento promedio mínimo, llegó a 46 notificaciones. Por último, en 2010 Buenos Aires admitió 165 casos, Córdoba 152 y Santa Fe 59.

Las autoridades santafesinas aceptaron que existió un aumento de las notificaciones, y aun la posibilidad de que exista una subestimación de los casos reales, pero aclararon que están capacitando a personal de Salud para una detección más rigurosa, a la vez que se realizan inspecciones y talleres de concientización ambiental en los sitios donde han surgido denuncias.

También, esgrimieron que se debe legislar sobre agroquímicos a nivel provincial, más allá de la lista habilitante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Sin embargo, hay dificultades: el último proyecto al respecto, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados de esa provincia, perdió estado parlamentario al estar un año a la espera de que el Senado lo tratara.

Según datos oficiales, en esos tres años aumentaron las notificaciones de 27 en 2007 a 59 en 2010. “En Santa Fe los registros empezaron antes de las denuncias que derivaron, en 2009, en la creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, lo que a su vez hizo que las notificaciones aumentaran”, apuntó en diálogo con El Ciudadano Cecilia Moyano, coordinadora de epidemiología del Comité e integrante de la cartera de Salud.

Pese a esta relativa mejor posición, fue en Santa Fe donde hace un año se produjo el primer fallo judicial que ordenaba alejar la fumigación del ejido urbano más allá de la normativa vigente, aunque con alcance restringido a un barrio de la localidad de San Jorge. Con todo, esa resolución fue calificada de “histórica”, ya que materializó por primera vez a nivel nacional el principio precautorio sobre la potencialidad de los daños producidos por los agroquímicos: no hace falta una comprobación irrefutable, basta con que haya dudas fundadas sobre los riesgos para imponer mayores restricciones a las fumigaciones.

Aunque se haya registrado un aumento en las detecciones, las autoridades santafesinas aclararon que no puede establecerse una relación directamente proporcional que implique que hay más casos. “Ha habido un aumento de casos notificados en la provincia porque existe una mayor conciencia sobre la importancia de reportarlos”, explicó Moyano.

Sin embargo, el razonamiento se puede aplicar en forma inversa, y nada indica que no exista un mayor número de casos, pero no fueron detectados o notificados. Un punto que llama la atención es la diferencia de la comparación con Córdoba, provincia muy similar en sus características.

La diferencia en los últimos cuatro años es que en toda la zona núcleo aumentó la presión social para que toda información salga a la luz. “La recomendación a los trabajadores de la salud es que trabajen bajo la sospecha. Tras la notificación, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Medio Ambiente para acompañar en las distintas inspecciones. Desde una denuncia que lleva a relevar si se han vertido químicos a un curso de agua, a plantas de acopio de esos productos y espacios de carga de camiones”, explicó Moyano.

Según informaron desde la cartera de Salud provincial, la preocupación por el avance de la frontera de los cultivos transgénicos -atados al uso intensivo de herbicidas y pesticidas- y sus consecuencias en la población está en agenda desde el principio de la gestión del ex gobernador Hermes Binner. Entre las intervenciones más importantes, las autoridades destacaron la realización de cursos de capacitación para personal de Salud de los efectores públicos no especializados en toxicología: clínicos y pediatras, entre otros. El objetivo es profundizar la habilidad para indagar síntomas de posible intoxicación por exposición a agroquímicos o a químicos de uso domiciliario. A su vez, se hicieron jornadas especiales para médicos de empresas cerealeras sobre cómo notificar casos sospechosos en los trabajadores del sector, que están especialmente expuestos.

“El problema es que la patología en un caso de intoxicación es bastante inespecífica y se puede confundir. Además, muchas personas no dicen toda la verdad por miedo a perder el trabajo o no comprometer a vecinos. Eso genera un subregistro de lo que realmente ocurre en la provincia”, admitió Moyano. Por ello, la cartera sanitaria instó a la población a que ante un síntoma -irritación de garganta o fuerte dolor de cabeza, por ejemplo- se acuda al médico. A los profesionales, en tanto, se les recomendó completar en estos casos un exhaustivo interrogatorio -a la “vieja usanza”, graficaron- sobre las condiciones de medioambiente, más aún en las localidades próximas a las áreas de siembra. Así se minimizan los efectos de enmascaramiento de las intoxicaciones. Otro de los pedidos es que, ante estas situaciones, se active el sistema de notificación provincial.

Tal como explicara Moyano, ante una denuncia de cualquier punto de la provincia se pone en marcha un sistema que integran los ministerios de Trabajo, Medio Ambiente y Salud. El mismo consta de seguimiento al paciente y asistencia al lugar para fiscalizar las condiciones socioambientales en las que ocurrió la denuncia por presunta intoxicación. “En los últimos tiempos hubo inspecciones en los campamentos de personal temporario que trabaja en las cosechas de trigo”, ejemplificó Moyano.

Si bien las denuncias no están contabilizadas, Moyano aclaró que muchas veces las preocupaciones y sospechas son infundadas, o están magnificadas. “De igual modo es importante que esas personas preocupadas sean oídas. En los casos de las empresas, que tengan en cuenta la adecuación del proceso de trabajo”, agregó la coordinadora.

Tras la denuncia, siempre según la cartera de Salud provincial, se montan los talleres de concientización ambiental en los puntos donde se denuncia y sus zonas aledañas. Y aunque existe un cronograma fijado por la interministerial, el mismo se modifica en función de los reclamos. Desde2009, arazón de dos o tres por año, se han realizado más de 10 talleres en Venado Tuerto, Chabás, San Jorge y Reconquista, entre otras localidades.

“Existe mucha incertidumbre con respecto a las consecuencias de los agroquímicos en la provincia. Es tarea de todos, inclusive de las ONG, conocer cuáles son las leyes provinciales y nacionales al respecto”, señaló Moyano. De acuerdo a la coordinadora, es importante legislar con un criterio amplio. “No sólo prohibir el glifosato -herbicida que la multinacional Monsanto “popularizó” bajo la marca Roundup para sus variedades de soja modificada genéticamente-, sino anticiparse a otros químicos y problemas que atraen. Por más que Senasa apruebe una nómina de productos por su toxicidad, Santa Fe, desde su legislación, debe prohibir, en caso de considerarlo necesario, otros agroquímicos”, disparó la coordinadora. Sobre este punto, incluso, añadió que en la mesa interministerial colaboran ingenieros agrónomos que no están de acuerdo con la actual lista aprobada por el Servicio Nacional de Sanidad.

En rigor, la clasificación de toxicidad es una potestad dela Nación, a través del Senasa, organismo encargado de determinar la peligrosidad de herbicidas, pesticidas y plaguicidas. Hoy esto se realiza mediante el método conocido como Dosis Letal 50 (DL50), que mide sólo los efectos inmediatos y mortales de los productos, pero no indaga sobre las consecuencias de las exposiciones crónicas -las que sufren los habitantes cercanos a los campos o los trabajadores que manipulan los tóxicos- ni los daños subletales a mediano y largo plazo, como malformaciones genéticas o enfermedades respiratorias y oncológicas.

Esto deja, según las entidades que denuncian los peligros del uso de agroquímicos, por fuera las consecuencias del uso real de estos productos, que no se da en forma aislada como se estudian, sino en mezclas cuyos efectos se desconocen.

Ya en el terreno de las aplicaciones, en agosto del año pasado el senador socialista Juan Carlos Zabalza reingresó el proyecto de ley que propone condiciones más rigurosas para el uso de agroquímicos.

El texto es similar al presentado en una primera instancia -cuando tras la media sanción de la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario- salvo que la autoridad de aplicación será el Ministerio de la Producción. Un punto cuestionado por organizaciones ambientalistas, que empujan que el poder de policía lo tengan las carteras de Salud o Medio Ambiente, ya que, precisamente, esos intereses sociales deben prevalecer por sobre los particulares de los empresarios.

Con respecto a las restricciones, la iniciativa determina que los productos de “banda roja” (mayor peligrosidad) no podrán usarse a menos de3.000 metros del límite de las plantas urbanas, a partir de lo que se denomina “línea agronómica” y cuyo trazado es responsabilidad de las autoridades locales, que en varios casos están en mora con esa obligación. Para los productos clasificados como “banda amarilla” (mediana peligrosidad), el texto impone una zona de seguridad de1.000 metros, mientras que fija en200 metrosla distancia mínima para los de “banda verde” (poco peligrosos), entre los que se encuentra, según la lista del Senasa, el famoso glifosato. Sin embargo, el proyecto le da un tratamiento especial a este herbicida, en función de su uso intensivo, y así le fija un límite de500 metrospara pulverizaciones terrestres -mediante los llamados mosquitos- y de 1.000 para las aéreas, siguiendo los valores expuestos en el fallo de San Jorge.

A su vez, la iniciativa que firma Zabalza autoriza al Ejecutivo provincial a recategorizar toxicológicamente algunos productos -en un sentido más riguroso- o incluso excluirlos de la nómina de productos autorizados por el Senasa, un ítem que podría generar conflictividad.

“Este modelo (por el de cultivos transgénicos ligados al uso intensivo de agroquímicos) va a seguir estando. Sin embargo, es posible establecer otro tipo de producción, orgánica, aún en el manejo de plagas”, apuntó Moyano en referencia a la propuesta del movimiento Pueblos Fumigados y varias ONG para que las autoridades provinciales fomenten la agroecológica en todo el territorio del distrito, y profundicen los estudios sobre posible contaminación de aire y agua.

De hecho, a finales de octubre pasado, el gobierno santafesino recibió al movimiento Pueblos Fumigados, que integra a 70 delegados de 50 localidades. Le solicitaron al Comité Interministerial el pronunciamiento sobre su campaña “Paren de fumigarnos”, y pedidos de prohibición de fumigación a menos de800 metros del llamado “límite agronómico cero”.