El juicio busca establecer responsabilidades por crímenes cometidos en el marco de la colaboración represiva de las dictaduras de Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay y Brasil. Además de Videla y Bignone, entre los imputados están Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y el marino Antonio Vañek.
Los represores son juzgados por delitos en perjuicio de 106 víctimas, la mayoría de ellas uruguayos, pero también paraguayos y chilenos. Casi todos los acusados ocuparon puestos de decisión durante la dictadura, por lo que deben responder como autores mediatos de los crímenes investigados. Sólo dos de los imputados, Miguel Ángel Furci y el uruguayo Miguel Cordero, están procesados como autores directos de los secuestros, torturas y asesinatos. Los dos actuaron en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, consignó Página/12.
