El dirigente radical, que el miércoles no había logrado hacer aprobar el informe en una reunión adelantada porque los auditores oficialistas querían conocerlo antes de aprobarlo, destacó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) “ha cumplido un rol importante en la aplicación de penalidades y multas”, pero que la Secretaría de Transporte “no dio movimiento a ninguna de las 53 denuncias presentadas, (incluidas) quince pertenecientes a líneas de TBA”.

“La Auditoría no puede administrar, sino que controla. El poder político administra y toma decisiones. Por eso la AGN no puede exigir la rescisión del contrato”, explicó Despouy en referencia a las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien durante la apertura de sesiones del Congreso había señalado la inexistencia de informes de organismos de control que pidieran rescindir el contrato con el Grupo Cirigliano, incluyendo la AGN.

En realidad, la Presidenta aludía a la filtración de un borrador del informe, y a declaraciones periodísticas que habían circulado alrededor de ese borrador. Despouy, respaldado por el sector alfonsinista del radicalismo, estuvo a punto de ser desplazado por la actual conducción partidaria, lo que lo obligó a una alta exposición mediática.

El informe 303/09 de la Auditoría surge de controles realizados hasta 2009, aunque incluye algunos datos de 2010. Los elementos para su elaboración surgen de la CNRT, un organismo estatal descentralizado que remite toda su información a la Secretaría de Transporte y a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, ambos dependientes del Poder Ejecutivo.

Según el informe, el cuarto con críticas de la AGN a TBA en la última década, el subsidio que en marzo de 2006 era de casi diez millones de pesos mensuales ascendió a poco menos de 37 millones en abril de 2010. Los subsidios que representaban en 2003 el 33 por ciento del total de ingresos del concesionario aumentaron progresivamente hasta alcanzar en 2009 un porcentaje superior al 75 por ciento. Medido en relación con la cantidad de pasajeros, si en 2003 el Estado pagaba 43 centavos por persona transportada, seis años después esa cifra pasó a ser de 2,51 pesos.

Las demoras de la Secretaría de Transporte en aprobar los mayores costos informados por TBA al pedir actualizaciones de subsidios implicó para el Estado otros 60 millones de pesos en concepto de intereses. Las “debilidades en los controles” que posibilitaron las demoras se produjeron en su mayoría durante la gestión de Ricardo Jaime, actualmente procesado acusado de recibir dádivas de empresarios, entre otros del Grupo Cirigliano.

La gestión de contrataciones y la ejecución de obras presenta “numerosas deficiencias” que, sin embargo, no se tradujeron en las sanciones, destacó la AGN. El organismo señaló “un alto grado de deterioro de la infraestructura de vía y obras debido a la falta de mantenimiento en forma metódica y sistemática”, que la empresa intentó justificar por “el atraso de las inversiones a cargo del Estado”.

El capítulo que analiza la situación del “material rodante” destaca en 2007 la falta de información necesaria para que la CNRT pueda ejercer sus tareas de control. En los casos en que TBA presentó planes de mantenimiento, éstos merecieron “observaciones” de la CNRT por incorporar “rutinas no previstas”.

En 2008, el organismo constató “la falta de ejecución de rutinas de mantenimiento de material rodante, con consecuencias directas en la seguridad del sistema ferroviario concesionado”. En 2009 “TBA no cumplió con su plan de mantenimiento para las locomotoras Diesel Eléctricas, los coches remolcados y los coches motores livianos”, señala el informe. Las consecuencias se presentan bajo la forma de “descarrilamientos”: el 61 por ciento de los denunciados en la línea Sarmiento y el 91 por ciento de la línea Mitre, en 2009, fueron producto de “falencias del material rodante”.

Sobre las penalidades

En 2007 la Secretaría de Transporte no se expidió sobre las sanciones que le sugirió la CNRT. Por los incumplimientos detectados en 2009 se aplicaron multas por 2.840.000 pesos, en tanto otra multa por 1,8 millón fue apelada y todavía “se encuentra en proceso recursivo”, publicó Página 12.