La primera irregularidad fue denunciada por el subdirector de la Agencia Fiscal Municipal (AFIM) Carlos Miguel Maisterrena, quien se presentó ante la Fiscalía Nº 5. Maisterrena contó que el 27, a las 22.15, se presentó en el bar que funciona en el Club Social de Paraná a realizar un operativo de acuerdo a un cronograma de inspecciones elaborado por las autoridades del área y de la Secretaría de Medio Ambiente municipal.

Al momento de hacer la constatación del local, Maisterrena y el inspector de Medio Ambiente Roberto Aredes solicitaron la habilitación comercial del local y comprobaron que la presentada tenía firma y sello apócrifos, además de tratarse de una habilitación provisoria, pese a que no existe tal figura.

Después de realizar esa verificación los inspectores municipales hablaron con el concesionario del bar, Héctor Frías, quien luego de ser informado de la situación realizó un llamado a un teléfono móvil. Tras lograr la comunicación, le pasó el teléfono a Aredes, diciéndole que el llamado era para él. Al tomar el teléfono, un masculino que Aredes no pudo identificar, le ordenó que dejaran sin efecto el operativo. Ante su negativo, le cortaron.

Poco después, llegaron al lugar los trabajadores municipales Rivero y Luna, quienes “ingresaron gritando al local, interrogando sobre el motivo nuestro en el local, nos gritaban que nos fuéramos, que sabíamos bien cómo venía la mano, que sabíamos cuál era el trasfondo de la cuestión”, le contó Maisterrena al agente fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.

“Estaban en un aparente estado de exaltación. Se dirigieron primero a Aredes y le decían que lo iban a cagar a trompadas, que lo iban a matar, que los deje robar un poco a ellos ya que él había robado suficiente (...) decían que se habían tiroteado con todo el mundo y que no tenían problemas en pegarnos un tiro. Nos decían que nos iban a buscar en nuestras casas, que nos iban a investigar”, agregó

Según la denuncia, Rivero le dijo a Maisterrena que “si no sabía de quién era el local, era un gil”, además de golpear a otro inspector que también participaba del operativo, de apellido Emeri.

Tras ello, el supuesto concesionario del bar (Frías) les dijo que él no tenía nada que ver con Rivero y Luna, pero que sabía que al menos 30 comercios habían sido habilitados de la misma manera.

Otra de Rivero

Dentro de los hechos que llevaron a tomar las determinaciones, se cuenta la exposición policial realizada por la veterinaria Ada Maiana Ornetti, quien señaló que el 6 de enero se hicieron presente en su negocio -la veterinaria El estribo de calle Maciá 4- dos inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes le dijeron que le faltaba una habilitación sobre residuos patológicos y que esa infracción tenía una multa cercana a las 2.000 pesos, pero ya que la suma “es mucha plata, se puede arreglar por menos”. Tras ello le dijeron que tenía cinco días hábiles para corregir la situación y le dejaron un número de teléfono de Cristian Rivero.

Si bien los inspectores realizaron una nueva visita (se trasladaban en un VW Gol color gris claro dominio CRO 123), finalmente la mujer no aceptó pagar, dado que en el interín se comunicó con el director general de Medio Ambiente municipal, José Luis Ríos.

Los decretos

En el Decreto Nº 310 Osuna dispuso que la Dirección de Sumarios Administrativos intervenga en los casos de Rivero y de Luna, a quienes además suspendió en sus funciones hasta que el sumario se haya sustanciado.

Igualmente dispuso “toda la colaboración necesaria para contribuir a que los casos denunciados que estarían configurando graves delitos que comprometen a agentes municipales, y en consecuencia al Estado municipal, se esclarezcan en ámbitos judiciales y en lo que compete a la tramitación de los sumarios dictados”.

Asimismo se decidió convocar a autoridades del Centro Comercial de Paraná, a la Delegación del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y al Colegio de Abogados Seccional Paraná a los fines de “constituir un frente común contra la comisión de delitos de esta índoles, e implementar medidas preventivas que impidan estos hechos”.

En tanto, en el Decreto Nº 311 dispuso la instrucción de un sumario para Grandoli, a quien también suspendió en sus funciones; mientras que en el caso de Gastaldi no se tomará ninguna medida hasta que se corrobore el nombre de la persona denunciada, ya que el consignado (Rubén) es erróneo. “Decían que la plata era para colaborar con el sindicato municipal”, precisó Gutiérrez

El juez de Instrucción Nº 7, Elvio Garzón, tiene en su poder una copia de la presentación realizada por el director técnico de Supermercado Día de Paraná, Hugo Miguel Gutiérrez.

Este contó que en los últimos meses de 2010 fue visitado en varias oportunidades por “directivos” del municipio que le pedían dinero a cambio de hacer la vista gorda durante las inspecciones a los locales comerciales. Según Gutiérrez, quienes le formularon tales pedidos fueron el jefe de Inspecciones Comerciales, Rubén Gastaldi, y el director de Inspecciones Comerciales, Daniel Grandoli.

También dijo que inicialmente el monto reclamado era de 1.000 pesos, pero a los pocos meses subió a 2.500 pesos, y luego a 4.500 pesos ya que, según le decían Grandoli y Gastaldi “a esa plata tenían que repartirla entre ellos y el sindicato municipal”.

Si bien la empresa hizo efectivo esos pagos -según Gutiérrez- desde enero a julio de 2011, cuando el monto “subió” a 4.500 pesos, decidieron dejar de pagarla. Tras ello, comenzaron a recibir “numerosas inspecciones, las cuales salían mal” por lo que presentaron recursos de Gracia ante el Juzgado de Faltas, y en tres oportunidades obtuvieron un resultado favorable, ya que las sanciones correspondían siempre a la misma infracción, señaló.

Las presiones por cobrar “la cuota” continuaron hasta diciembre a través de comunicaciones realizadas desde los teléfonos de Grandoli y de Gastaldi.

“Es dable mencionar que siempre al insistir con el pedido de dinero, manifestaban que era para colaborar con el sindicato municipal, y que de no acceder a esto el mismo sindicato lo atormentaría”, dijo el empleado del supermercado Día. Igualmente contó que le habían dicho que ellos “seguían en el cargo porque eran funcionarios de carrera, por lo que tenía que arreglar con ellos”, indicó Uno