En la semana que acaba de concluir se estableció que en los próximos tres meses la Administración General de Puertos (AGP) deberá concesionar el servicio de señalización y dragado de la Hidrovía del Paraná por un plazo de un año, período en el cual el Ministerio de Transporte deberá licitar y concesionar el servicio a un nuevo operador en el marco de un contrato de largo plazo.

En lo que respecta a ese contrato de largo plazo, el secretario de Transporte, Diego Giuliano, afirmó hoy que el peaje, que en la actualidad cobra de manera directa el concesionario (Hidrovía SA), ahora será percibido por un ente estatal conformado por el Estado nacional con participación de las provincias lindantes con el río Paraná.

“El tema que el peaje sea absorbido por el concesionario le quita trazabilidad sistema, porque necesitamos saber”, aseguró Giuliano en declaraciones realizadas al medio oficialista El Destape Radio.

“El control de la Hidrovía también pasa por el peaje y la posibilidad incluso de que cuando hay ganancias especiales o cuando hay algún tipo de recurso que quede allí, se pueda hacer algo redistributivo, se puede fomentar, por ejemplo, el mejoramiento de un tramo de la Hidrovía, que hoy no tiene tanta competitividad y lograr un mayor flujo e intercambio”, señaló el funcionario.

“Es decir: un peaje que permita ser redistribuido, una vez que se hacen efectivos los pagos de los trabajos que se tienen que realizar para poder llevar adelante la Hidrovía. Ese es el objetivo, el control y la posibilidad de poder invertir incluso en la Marina Mercante, en lo que es todo el sistema, que no es solamente la Hidrovía, sino también los barcos que van por la Hidrovía”, añadió.

Vale recordar que la gestión del servicio prestado por Hidrovía S.A. –concesión que venció el pasado 30 de abril y fue prorrogada por 90 días– se abona con recursos provenientes del sector agroindustrial argentino, dado que la compañía cobra un peaje de 3,06 dólares por tonelada de registro neto embarcada, el cual es abonado por las empresas exportadoras y descontado del valor FOB de los granos al momento de confeccionar el precio FAS (el que reciben los productores), publicó el portal Bichos de Campo.

Por lo tanto, no existen en el pago del peaje recursos que puedan ser considerados “ganancias especiales” que puedan ser “redistribuidas”, a menos que se aplique, claro, un sobrecargo a la tarifa del peaje.

Las compañías agroindustriales exportadoras justamente reclaman que el peaje quede en manos del concesionario para que no se desvirtúe el servicio, dado que, tal como sucede con las autopistas concesionadas, es el concesionario el que cobra para luego, con esos recursos, realizar las inversiones comprometidas.

También es necesario tener en cuenta que quince años atrás se estableció que un 0,5% del valor del peaje tendría que ser destinado a la conformación de un órgano de control del servicio prestado por Hidrovía SA, pero eso jamás sucedió porque el Estado nacional embolsó esos recursos sin crear el órgano en cuestión. Ese antecedente hace que no luzca demasiado auspicioso el hecho de que el dinero del peaje pase antes por manos de los funcionarios para luego llegar al concesionario.

Al igual que los derechos de exportación, el control del peaje de la Hidrovía luce por demás tentador para el kirchnerismo, fundamentalmente por la facilidad de cobro de esa nueva “caja”.

Todos los años salen por las terminales portuarias localizadas en la Hidrovía alrededor de 80 millones de toneladas de granos, harinas y aceites vegetales, los cuales, con un cobro adicional de tres dólares por tonelada de peaje, representarían, por ejemplo, una “caja” de 240 millones de dólares.