Silvio Méndez
El martes 9 de abril comenzó a circular el decreto Nº 392 mediante el cual el Departamento Ejecutivo Municipal de Paraná establece el nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros. La medida se filtró a pesar de los resguardos para que efectivamente se conociera una vez pasadas las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorios (PASO) llevadas adelante el fin de semana. Hubo gestiones de funcionarios de alto nivel para “planchar” la noticia, pero efectivamente la información se hizo pública. La precaución no era para menos, pues la problemática de los colectivos es sensible al humor ciudadano, sobre todo el de las clases populares.
Así, el texto de la normativa confirmó una decisión que fue madurando en el tiempo, a medida que la relación de fuerza del oficialismo en el Concejo Deliberante perdió el vigor necesario para que saliera mediante una ordenanza.
Entre los detalles llamativos del caso está que el mismo intendente Sergio Varisco, en plena campaña electoral interna por su reelección, el 5 de abril sostuvo en una entrevista con la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que iba a esperar al HCD para tomar una postura al respecto, cuando en rigor el decreto con la suba de tarifa firmado por él mismo figura desde el 22 de marzo.
La cuestión de las fechas es un punto a tener en cuenta ya que dejaría un flanco abierto. De ser un mero motivo de reproche sobre la oportunidad política de una medida antipática, podría pasar a ser un problema de tipo legal.
Un largo viaje
Para entender la situación hay que repasar cómo se arribó a este escenario que todavía sigue siendo desconcertante. En octubre pasado, Buses Paraná, la unión de firmas que tiene a cargo la prestación del servicio integrada por Empresa Romero SA (Ersa) y Transporte Mariano Moreno SRL, solicitó al municipio un aumento de tarifa para pasar el boleto general de 14,85 pesos a 27 pesos. En diciembre de 2018 el órgano de control y seguimiento del Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU) emitió dos dictámenes técnicos con los que estableció un valor medio del boleto menor al pedido por los empresarios, entre los 23 o 25 pesos. La discusión para definir la tarifa se retomó en febrero de 2019, cuando Ersa informó haber ingresado en concurso preventivo de acreedores. Pero a nivel institucional nadie quería tomar la brasa caliente de llevar adelante los aumentos adecuándolos a los costos.
