Incendios en el Delta: las claves para entender el conflicto

Incendio en el Delta entrerriano. Las múltiples dimensiones de un drama que no deja respirar a una sociedad.

Incendio en el Delta entrerriano. Las múltiples dimensiones de un drama que no deja respirar a una sociedad.

El problema de los incendios en el Delta abarca aristas sociales, ambientales, sanitarias, políticas y judiciales. Recientemente surgieron dos novedades: después de cinco meses de espera, el proyecto de Ley de Humedales fue girado a comisiones. Es una demanda de diez años en la Argentina, cuyo tratamiento se truncó tres veces en el Congreso. La otra es que la Corte Suprema presentó un amparo que ordena al Ministerio de Ambiente, a las provincias y a los municipios involucrados (Victoria y Rosario) a dar precisiones de las medidas adoptadas ante los incendios cada 30 días.

De acuerdo al Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) las hectáreas quemadas en lo que va del año son 100 mil. El lunes pasado sus mediciones demostraron que la contaminación del aire era entre un 30 y un 40 por ciento superior a los máximos tolerables en las normas vigentes de la provincia. Se estima que los incendios son intencionales en el 95 por ciento de los casos. Las consultas médicas aumentaron en la semana en Rosario Las causas judiciales no avanzan. Las acciones políticas se revelan insuficientes. La comunidad responsabiliza al Poder Ejecutivo en todos sus niveles y apunta también al legislativo y judicial.

 

Ley de Humedales

 

El proyecto de Ley de Humedales pasará por tres espacios de debate: Recursos Naturales y Ambiente, Agricultura y Presupuesto. No son cuatro como la última vez que perdió estado parlamentario. Las organizaciones ambientalistas pedirán mediante una nota que se desarrolle un plenario de comisiones para “presionar un poco el proceso”, dijo Jésica Fernández Bruera, integrante de la Multisectorial de Humedales, conformada en 2020 por esta misma problemática, consignó el diario Página/12.

El proyecto es el que presentó el diputado Leonardo Grosso en marzo. Tiene consenso de la comunidad científica y las organizaciones, a diferencia del que armaron después el Consejo Federal de Humedales (Cofema) y el Ministerio de Ambiente. Propone penalizar los incendios intencionales en humedales, regula la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos y crea un inventario, entre otras cosas. El presidente de la comisión de Recursos Naturales consideró, en diálogo con este diario, que “el debate institucional está agotado”, por lo que también espera un tratamiento conjunto de las comisiones. Hay una “deuda del Congreso”, y este momento exige “celeridad”.

Aparte de una ley que proteja a los humedales, la sociedad civil y los científicos ponen la mira en la prevención. “Todo el sistema está organizado para salir a combatir la consecuencia”, cuestionó el director del Observatorio Ambiental de la UNR, Matías de Bueno. Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe integran el PIECAS (2008), acuerdo tendiente a establecer pautas de sustentabilidad en las intervenciones territoriales del Delta e Islas del Paraná. De Bueno propone la creación de una policía de humedales, como fuerza interjurisdiccional. “La prefectura, cuando ve un incendio o a una persona sospechosa, da una alerta a las autoridades: no actúa en el lugar. Es un dato esclarecedor”, graficó.

 

El amparo de la Corte

 

 

Por otro lado, el amparo de la Corte fue resuelto el viernes de manera unánime. Hace dos años el máximo tribunal había dispuesto como medida cautelar que las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y los municipios de Victoria y Rosario constituyeran un Comité de Emergencia Ambiental. Por otra parte, la Corte solicitó a la Cámara Federal de Paraná el informe del estado de tramitación de “las medidas cautelares y su efectividad” en la causa que lleva el Juzgado N° 2 de Paraná contra Pablo Baggio. Norma López, concejala rosarina del Frente de Todos, dijo a AM 750 que es una “decisión políticamente correcta” y puso el acento en la necesidad de sanciones a los responsables. Nadie está preso por quemar.

 

Consecuencias en la salud

 

La especulación inmobiliaria y el avance de la frontera agrogranadera aparecen como las principales motivaciones del ecocidio. Las consecuencias a nivel ambiental son desastrosas, ya que los humedales prestan servicios de alta calidad. También es muy fuerte el impacto en la salud. “Hay días en que la carga tóxica que respiramos es similar a la de la inhalación de un cigarrillo”, ilustró Ricardo Nidd, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas y coordinador del área de Salud de la UNR, que habilitó estos días una línea de consultas

En las primeras dos horas llamaron 100 personas. Carlos Cirsci, profesor de neumonología y alergia en la UNR, detalló los síntomas que deja la exposición al humo. Van desde irritación de la vista (picazón, ardor, enrojecimiento) o del aparato respiratorio (resfrío, estornudos, congestión nasal, dolor de garganta, tos seca) hasta la reducción de la función pulmonar, sensación de falta de aire, bronquitis, exacerbaciones del asma o EPOC y de enfermedades cardiovasculares preexistentes. Los más perjudicados son niños, adultos mayores y embarazadas.

 

Responsabilidades políticas

 

La sensación de los ciudadanos es de “abandono”, en palabras de Bruera; de que nadie se hace realmente responsable. “Se tiran la pelota de jurisdicción en jurisdicción, o entre poder y poder del Estado. En este esquema los tres poderes vienen fracasando”, sintetizó del Bueno.

Mientras la Justicia pide informes al Ejecutivo, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, la señala por su “ineficiencia”. En su discurso, la cartera tiene la misión de apagar el fuego. Esta semana presentó una ampliación de la denuncia que había impulsado en el juzgado federal de Victoria. Llevó la imagen de una persona que inició un fuego en tierras que pertenecen a la familia Baggio --la de los jugos--; el exministro de Economía Roque Fernández; y familiares de los intendentes de San Nicolás y de Victoria.

Hay una sintonía. Los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, Gustavo Bordet y Omar Perotti respectivamente, así como también el intendente de Rosario, coinciden en pedir una respuesta judicial. Algunos medios, sin explicitar fuentes, trazan también la posibilidad de una intencionalidad política detrás de todo esto.

 

Causas judiciales

 

El aspecto judicial es el más difícil de reconstruir. Según consignó una nota de este diario el viernes, hay tres causas en curso. La de Baggio la lleva el juez Daniel Edgardo Alonso. El Ministerio de Ambiente es querellante y por ahora, en las indagatorias, todos los señalados niegan la responsabilidad y aseguran vivir en otra ciudad. Otra causa investiga quemas intencionales en Diamante y Victoria en junio y julio de este año. El expediente está en manos del juzgado federal de Paraná Nº1, a cargo de Leandro Ríos, y hasta ahora no fueron identificadas las personas. El tercer expediente está en manos del juez Federico Martín, del juzgado Federal de Victoria, y se inició el 1° de abril pasado. También apunta a incendios en Victoria, pero no se logró individualizar a los responsables. Se sabe que un imputado, ya en 2020, fue Enzo Mariani, quien presentó un recurso de usucapión tras ocupar durante años terrenos fiscales. Hasta ahora, la Justicia le negó esos derechos. Los manifestantes señalaron el miércoles como imputados a José Antonio Aranda, vicepresidente del grupo Clarín y productor arrocero, y Enzo Vignale, productor ganadero de unas 1.500 hectáreas de isla.