Un monitoreo federal realizado por organizaciones feministas muestra que la adhesión a la Ley Micaela es deficitaria y revela la falta de sensibilización de funcionarios públicos en temas de género.

“Lo más importante es que la sociedad pueda ver lo que está pasando en el Poder Judicial”, el objetivo es claro en palabras de Melisa García, fundadora de ABOFEM, que junto a Fundación Micaela García, Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, ABOSEX y CLADEM Argentina, elaboraron el Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales.

El resultado es claro: sólo siete provincias completaron algún tipo de capacitación tal como ordena la ley en materia de género para funcionarios y empleados de la justicia. Son Santiago del Estero, Santa Cruz, Mendoza, Formosa, Catamarca, Río Negro y San Luis.

Melisa García agrega: “Si hablamos de una reforma judicial feminista, el cumplimiento de la Ley Micaela es el primer paso”. A la luz de los datos, queda un largo camino por recorrer. La escasez y poca claridad de las respuestas brindadas por los Poderes Judiciales a nivel federal dificulta transparentar su funcionamiento, al mismo tiempo que se observa una demora en el inicio de las capacitaciones y una falta de compromiso institucional con la calidad de los contenidos.

La Ley 27.499 -conocida como Ley Micaela- de capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género, alcanza a todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron el Monitoreo recurrieron al pedido de acceso a la información pública (Ley 27.275) para conocer cuál es su estado de aplicación ya que entienden que la impartición de la justicia desde la perspectiva de género es una herramienta fundamental para eliminar la violencia de género en todas sus modalidades. La rendición de cuentas y la transparencia del sistema de justicia se opaca al conocer que sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. El 17% no respondió -Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan- y el 46% de las provincias lo hicieron de manera incompleta, en incumplimiento a la Ley de acceso a la información pública. “Intentar acercar a la sociedad a un Poder Judicial al cual se le pueda reclamar, se le pueda exigir, es muy difícil si no sabemos qué es lo que pasa hacia adentro”, explica García, de ABOFEM, quien describe a la Ley Micaela como un termómetro de qué es lo que pasa intra Poder Judicial.

Micaela García, a quien hace referencia el nombre de la Ley, fue víctima de un femicidio cometido en 2017 por Sebastián Wagner, quien se encontraba en libertad condicional. La capacitación obligatoria en género busca formar y sensibilizar a quienes integran los poderes públicos para contrarrestar las cifras de crímenes de odio por motivos de género y los fallos de contenido machista, que repercuten directamente en la vulneración de derechos de las mujeres y diversidades.

Entre otros datos, la información solicitada a los Poderes Judiciales provinciales y de CABA -que abarca hasta diciembre de 2021- releva cuándo comenzaron las capacitaciones establecidas por la Ley 27.499, cuántas capacitaciones se realizaron y cuáles fueron los contenidos curriculares abordados. El Monitoreo muestra un retraso en el inicio de las capacitaciones en relación a la fecha de adhesión a la Ley Micaela. En La Rioja, comenzaron 24 meses después de sancionada la ley de adhesión provincial, mientras que en San Luis llevó 21 meses. Las organizaciones a cargo de elaborar el informe destacan que esta demora injustificada perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género. Para ilustrarlo, citan fallos que se convirtieron en muestras de la revictimización sufrida por mujeres, infancias y diversidades, en los que no se contemplan sus derechos. Sólo con mencionar un ejemplo, como el de Paola Tacacho, quien denunció 22 veces a quien terminó siendo su femicida pero fue desoída por el Poder Judicial tucumano, queda en evidencia lo urgente y determinante que es incorporar la perspectiva de género en un sistema que define sobre la vida de las personas. Las organizaciones señalan que este tipo de fallos son frecuentes en los Poderes Judiciales de las provincias que se negaron a responder (Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan).

El panorama actual indica que sólo 25% de las jurisdicciones de todo el país ha completado la capacitación enmarcada dentro de la Ley. Las respuestas sobre los contenidos varían según las jurisdicciones, así como la capacitación por jerarquías. La provincia de Catamarca capacitó al 63% de su Suprema Corte, mientras que en Tierra del Fuego y CABA ya lo hicieron todos los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia. En total, son cinco las provincias que cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%).

La máxima autoridad del Poder Judicial, esquiva ante la Ley

El informe dedica un apartado especial a la situación de la aplicación de la Ley Micaela en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pesar de que la norma establece que el organismo encargado de capacitar a jueces y juezas de la Corte es el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), la Corte Suprema emitió una resolución mediante la cual estableció que las actividades de sensibilización estarían a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte. “El Poder Ejecutivo no dio ninguna autorización a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que no cumpla con la Ley Micaela. Incluso, hemos enviado una comunicación instando a que lo haga y ha quedado en evidencia la falta de respuesta”, aportan desde el MMGyD y enfatizan que el cumplimiento de la Ley reconoce la necesidad urgente de promover transformaciones estructurales en todos los poderes para poner fin a las violencias de género. “El no cumplimiento por parte de la Corte no evidencia solamente falta de apego a la norma sino, además, la ausencia de estos temas entre las prioridades del máximo tribunal, que sin dudas se refleja luego en las incontables fallas de la administración de justicia en los procesos judiciales”, suman desde el ministerio, en sintonía con el relevamiento publicado por las organizaciones feministas, que destacan el riesgo de que la CSJN evite el control entre los poderes del Estado. 

Un Observatorio para la transparencia

“La fuerza la seguimos haciendo las organizaciones de la sociedad civil para generar cambios”, dice Melisa García, y con la misma determinación que realizaron el Monitoreo, las organizaciones feministas anuncian la creación de un Observatorio federal como espacio de control del Poder Judicial a través de estadísticas y datos, que relevará no solo el cumplimiento de la Ley Micaela sino también las sentencias judiciales. La premisa sigue siendo brindar información para que la participación ciudadana sea garante del cumplimiento de los derechos de las mujeres.

(elDiarioAr.com)