Tras las pésimas noticias procedentes de Chile, donde un importante caso documentado de abuso sexual clerical fue declarado prescrito por los tribunales, asunto que se consideró en la entrega previa de esta serie, las noticias desde Argentina ofrecen un rayo de esperanza para las víctimas de abuso sexual, clerical o de otro tipo, cuyos delitos han seguido patrones similares en toda América Latina.
El caso es promovido por las víctimas de Justo José Ilarraz, un ahora exsacerdote católico que ofrecía sus servicios y perpetraba sus abusos en la arquidiócesis de Paraná, a 370 kilómetros al norte de Buenos Aires.
El caso es uno de los capítulos más dolorosos, institucionalmente dañinos y legalmente paradójicos en la historia del abuso sexual a manos de clérigos en la Iglesia Católica.
Lo que hace que el caso de Ilarraz sea particularmente doloroso para la Iglesia Católica, más allá de otros fallos sistémicos de rendición de cuentas, es cómo representa la intersección entre la autoridad religiosa, el trauma generacional y el complejo legado de la última dictadura militar de Argentina (1976-83).
El deterioro institucional expuesto por el caso se agravó porque ocurrió en la arquidiócesis de Paraná bajo el liderazgo de Estanislao Esteban Karlic, una figura por lo demás reverenciada por su consistente defensa de los derechos humanos.
De 1985 a 1993, Ilarraz se desempeñó como tutor, profesor y director espiritual en el Seminario Menor de Paraná. Dos años antes, Juan Pablo II había nombrado a Karlic coadjutor de Paraná, entonces gobernada con mano de hierro por Adolfo Servando Tortolo, quien además de su papel en Paraná era el todopoderoso obispo de la diócesis militar.
Sería imposible ofrecer una evaluación exhaustiva de lo que ocurría en Paraná en aquel momento; baste decir que el papa Pablo VI nombró a Tortolo jefe de la diócesis militar el 7 de julio de 1975, con la aprobación de Estela Martínez de Perón. Ella había asumido la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974. Tortolo se convirtió en vicario militar menos de nueve meses antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Paraná era, a todas luces, un bastión católico en aquella época. La Iglesia Católica mantenía una amplia presencia en la provincia de Entre Ríos, al norte de la pampa húmeda, en pleno corazón de la Mesopotamia argentina, una región con una fertilidad agrícola similar a la vecina pampa húmeda, considerada entre las mejores del mundo.
Tortolo usó este entorno aislado y conservador para refugiar a un grupo de clérigos oportunistas y problemáticos. Sacerdotes como Justo José Ilarraz y Carlos Miguel Buela (fundador del Instituto del Verbo Encarnado) habían chocado con los jerarcas de Buenos Aires y Córdoba, o habían sido expulsados discretamente de ahí.
Tortolo, que ejercía simultáneamente como el todopoderoso obispo de la diócesis militar, los acogió en Paraná y ofreció refugio a clérigos de línea dura. Aunque Tortolo era demasiado tradicionalista para desafiar al papa Pablo VI, el caos estructural y los escándalos que nacieron bajo su gestión no pasaron desapercibidos para Roma.
Buela se iría de Paraná hacia el poniente, cerca de la frontera con Chile, para “refugiarse” en la diócesis de San Rafael. Esa entidad aún trata de recuperarse de la devastadora influencia del fundador del Instituto del Verbo Encarnado y de otros profesores de Paraná que le declararon la guerra al papa Francisco.
El propio papa Bergoglio lo explicó en una carta que da cuenta de por qué cerró ese seminario, una crisis que recuerda en más de un aspecto la experiencia previa en Paraná donde Ilarraz tomó como rehenes a adolescentes para satisfacer sus apetitos.
Invitar a los problemas
Al llevar a estas figuras al seminario local, Tortolo invitaba a un desastre institucional a largo plazo, no solo para Paraná, sino para la Iglesia Católica global.
Al reconocer el creciente deterioro administrativo y moral, el papa Juan Pablo II acabó por eludir la autoridad de Tortolo mediante una precisa maniobra canónica. En 1983, en lugar de conceder a Tortolo un obispo auxiliar que se mantendría bajo el control del arzobispo, Roma nombró a Estanislao Karlic como obispo coadjutor.
Esta distinción era vital: como coadjutor, Karlic poseía el derecho automático de sucesión y un peso administrativo inmediato, lo que indicaba que Roma le había tomado la medida a Tortolo y gestionaba activamente la transición del poder lejos del prelado favorito de la dictadura.
Bajo esta jerarquía tensa y de transición fue donde Ilarraz operó su pervertido sistema de reclutamiento de víctimas. Como profesor en Paraná, tenía un acceso absoluto y directo a varones vulnerables de entre 12 y 15 años, muchos de quienes procedían de familias rurales humildes y tradicionales, incluidas las colonias locales de descendientes de alemanes y polacos, que veían el sacerdocio como la más alta vocación moral.
Lejos de ofrecer orientación pastoral, Ilarraz utilizó su autoridad religiosa y un repertorio seleccionado de trucos conductistas psicológicos de la época para construir un perverso sistema de abuso, lo que ahora se llamaría grooming.
Con patrones similares observados antes en la Legión de Cristo en México y después en el Sodalicio peruano y el mencionado Instituto del Verbo Encarnado, silenció a sus víctimas mediante una teología distorsionada de la obediencia, que presentaba el abuso grave, incluida la violación sexual, como parte de pactos privados y espirituales.
Esto ocurría en Paraná cuando Karlic, que ya en 1986 era el arzobispo, había hecho todo lo posible para distanciarse de Tortolo, caracterizado por sus relaciones cercanas, incluso de complicidad, con la dictadura militar.
Hubo casos en los que sacerdotes de la diócesis militar llegaban a violar el secreto de confesión para ofrecer a la cúpula militar datos con los que perpetrar ataques contra grupos que la Junta Militar había declarado sus enemigos. Uno de esos casos, documentado y juzgado en Argentina, es el de Christian von Wernich, capellán de la diócesis militar.
Adolfo Tortolo , entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, alaba a la entonces recién instalada Junta Militar en su país, 15 de abril de 1976.
Durante los años más oscuros de la dictadura militar, cuando amplios sectores de la jerarquía católica condonaron, ignoraron o facilitaron explícitamente el terrorismo de Estado, como en el caso de Tortolo, Karlic y otros prelados se destacaron como defensores de los derechos humanos.
Cuando surgieron los primeros informes internos en el seminario a principios de los noventa, el aparato eclesiástico optó por la preservación institucional en lugar de la denuncia penal. Una investigación diocesana secreta de mediados de los noventa declaró a Ilarraz culpable de abusos, pero el remedio canónico aplicado no fue otra cosa que un encubrimiento sistémico.
En lugar de laicizarlo y reportar a los fiscales penales, Ilarraz fue enviado a Roma para cursar estudios teológicos avanzados. Más tarde ocupó importantes cargos administrativos en Europa antes de regresar a Argentina, donde reanudó discretamente su ministerio sacerdotal público en otras jurisdicciones bajo el estricto mandato de evitar únicamente la zona de Paraná.
Profunda ironía
La profunda ironía de esta estrategia de contención radica en la identidad de la jerarquía local. Paraná había sido moldeada por el legado de figuras como Karlic, a menudo clasificadas entre los pocos "buenos obispos" de la historia argentina reciente.
Este capital histórico en derechos humanos hizo que la posterior revelación de lo que ocurría en el seminario fuera una traición exponencialmente más devastadora. Las instituciones, la autoridad moral y las redes de confianza forjadas para combatir la opresión se usaron para suprimir los testimonios de los sobrevivientes de abuso.
La trágica paradoja implicó que una jerarquía universalmente celebrada por enfrentarse al poder de la junta militar careció, en última instancia, del valor institucional para confrontar a un sacerdote depredador en sus propios claustros. Para las víctimas, esto creó una barrera psicológica agonizante: denunciar implicaba exponer un sistema dirigido por figuras que simbolizaban la conciencia moral de la nación. Callar significaba convertirse en cómplice de otra forma de abuso sistemático de los derechos humanos.
El muro de silencio se fracturó finalmente en 2012, cuando un grupo de sobrevivientes, para entonces ya adultos, presentaron denuncias penales en tribunales. Lo que siguió fue una batalla legal prolongada y desgastante que expuso las profundas limitaciones y contradicciones tanto del poder judicial argentino como de la Iglesia Católica.
En 2018, un tribunal provincial condenó a Ilarraz a 25 años de prisión por abuso sexual agravado. Sin embargo, la defensa utilizó inmediatamente como arma la prescripción, argumentando que habían transcurrido décadas desde la comisión de los delitos.
La batalla legal culminó en una controvertida decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que efectivamente se lavó las manos en el asunto. El tribunal emitió una resolución superficial y técnicamente rígida que dejó libre a Ilarraz mediante el sobreseimiento por prescripción. Una entrega previa de esta serie ofreció otros detalles del caso de Ilarraz y el de Raúl Sidders. El texto aparece vinculado después de este párrafo.
Crucialmente, el sobreseimiento no probó su inocencia; simplemente declaró que el tiempo se había agotado. Esto generó una enorme crisis de credibilidad, pues envió una señal clara al clero depredador de que si lograban suprimir los testimonios el tiempo suficiente, el Estado garantizaba su impunidad. Un archivo PDF con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina está disponible después de este párrafo.
En una nueva muestra de disonancia institucional, el Vaticano, ya con Francisco como papa, reabrió oficialmente un juicio interno tras la condena secular y laicizó por completo a Ilarraz, expulsándolo definitivamente del estado clerical en 2024. Así surgió una paradoja sorprendente: mientras la Iglesia Católica declaraba formalmente que no quería tener nada más que ver con Ilarraz, el Estado argentino recurría a un vacío técnico para negar el acceso a la justicia.
Continuar la batalla
Negándose a aceptar esta bofetada institucional, un núcleo de cuatro sobrevivientes trasladó la batalla al ámbito internacional. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió oficialmente su denuncia, abriendo la puerta para que el caso sea litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al enmarcar la falta de enjuiciamiento por parte del Estado como una violación estructural de los marcos internacionales de protección de la infancia y de los derechos humanos, los sobrevivientes de Paraná han transformado su trauma local en un precedente internacional histórico, desafiando directamente la impunidad amparada por el Estado que protege el abuso institucional en toda América Latina.
Lo que sigue es una transcripción editada de la conversación que Los Ángeles Press mantuvo con Hernán René Rausch, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, víctima de Justo José Ilarraz, cuyo caso será revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la expectativa de forzar un cambio en la resolución de la Corte Suprema argentina que, como tal, tiene el potencial de repercutir en toda América Latina, donde casos similares han tenido resultados idénticos, como la resolución de la semana pasada respecto a José Francisco Cox Huneeus y, antes de eso, el caso del exjesuita pero aún sacerdote Felipe Berríos, ambos de Chile.
"Hechos gravísimos que ameritaron la expulsión del Estado clerical"
haber manifestado y aplicado la sanción el mismo papa Francisco, al reducirlo al estado laical, es un indicativo de las circunstancias eh graves que han transcurrido en el seminario en esa época.
Cabe destacar que ya existió una primera investigación en los años 90 donde se lo encontró culpable y se y se lo envió al destierro, es decir, se lo saca del seminario, luego se lo envía a Roma, hace sus estudios, incluso ocupó cargos importantes en la en la Iglesia Católica en Roma. vuelve a Argentina y el castigo recibido es no que no vuelva a Paraná y no tenga contacto con seminaristas, pero vuelve a ejercer el ministerio sacerdotal. Entonces, el hecho de que el papa Francisco haya indicado y lo haya reducido, indicó también y manifestó del mal trámite que se realizó en aquella época, porque ya el Código de Derecho Canónico indicaba que era meritorio sacarlo del sacerdocio y no lo hicieron.
Entonces, aquí también hay una sospecha de que hubo una manipulación, a favor de algunos, para que no se lleve a cabo estas circunstancias, ¿no? Entonces en esas situaciones que nos llevó luego vinieron, por supuesto, vino la denuncia, vino el juicio penal, de lo cual se lo encontró, también se lo encontró culpable.
Y a raíz de esta investigación que surgió en el foro penal, la iglesia reabre el caso e inicia un juicio administrativo, es decir, va verificando los distintos pasos que realizaron en aquella época para ver en qué situación había terminado. Y la conclusión fue esa, eran hechos gravísimos que ameritaban la expulsión del estado clerical o la reducción al estado laical, que es lo que el papa Francisco realizó", dijo Hernán Rausch.
Abuso en el seminario
El sobreviviente recordó que el seminario "era una casa de formación de sacerdotes. Siempre digo yo, tal vez perjudicó a pequeñas vocaciones que hubiesen sido grandes sacerdotes, ¿no? Esa es la magnitud de la gravedad de la situación. Y esa es lo que me empuja a mí, la fe y la creencia de mantenerme firme en la fe y esperanza y en la verdad de aclarar esta situación. Hace años que venimos luchando en esta circunstancia y yo denuncié ya en el seminario".
Contó que su "primera denuncia la hice a los 16 años, en el año 1992. Y hoy continuamos a la búsqueda de justicia. Y reconocen la culpa y lo declaran culpable, ¿no? Porque lo de Ilarraz es prescripción. Cuando indican qué es prescripción, no están diciendo no es culpable. Están diciendo, pasó el tiempo, lo dejamos libre con culpa. Es decir, de eso no cabe ninguna duda de que Ilarraz es culpable de abuso de menores".
Treinta y cuatro años en este problema. "Y siendo consciente de que esto necesita una solución, necesita una luz de esperanza. Tal vez nosotros, nuestra generación no lo vamos a ver, pero como dice por ahí el doctor Abel Albino, defensor y médico de niños, estos son trabajos o a nivel político, lo que sea, no para futuras elecciones, sino para futuras generaciones, tenemos que pensar también, ¿no? Entonces, un trabajo colectivo para para tomar conciencia, para renovarse en lo que sean los derechos. Por eso es las reuniones que tuvimos y decidimos, vamos a avanzar, vamos a seguir.
Llegamos hasta acá en la justicia nos dio una bofetada, pero nos pusimos de pie de vuelta y dijimos, vamos a plantearlo, vamos a desarrollarlo con todas las pautas, con todos con todos bien los requisitos y los detalles de lo que fueron sucediendo.
Porque la justicia argentina, la Corte Suprema fue muy liviana, fue muy light, cuando declaró, se fue por la por la tangente, vamos a decir, y por eso adujo que prescribió. No hizo un análisis profundo de la situación de las violaciones de derecho del niño, ni de algo que en estos casos es tan importante: los derechos humanos.
Por eso es la convicción que tenemos, la fe y la esperanza de que gracias a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos abrió la puerta para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos asuma nuestro caso, por delante de tantas otras causas, es porque han reconocido la gravedad del asunto".
Luchas colectivas
En relación a quienes promueven la causa, Rausch indicó: "Estamos todos, estamos todos en esta, pero somos cuatro quienes la presentamos. Están quienes fueron víctimas de Ilarraz, pero es algo que ya pasó a nivel provincial y nacional en Argentina.
Acá es ya es una lucha colectiva. Es una red en la que estamos todos, ¿no es cierto? Nosotros hacemos la punta, pero hay muchos pendientes de la situación. Incluso tras el fallo de la Corte Suprema de Argentina, otros juicios que venían ya o estaban a punto de ingresar se vieron afectados por el fallo por lo que se han presentado los recursos.
Ahora, por ese fallo también hay una sensación de impotencia que nos da a nosotros, ¿no? Cuántas víctimas que empiezan a tener temor y a no denunciar. Y yo invito a hablar, a denunciar, a expresar, a sacar afuera, porque los que nos han hecho a nosotros nada, ni una culpa hemos tenido, y no sólo nosotros, también de nuestras familias han abusado, se han aprovechado también de esto…"
El periodista que realizó la entrevista recordó que todo ocurre en un contexto en que se debate en Argentina una ley para castigar las supuestas “denuncias falsas”. "Ahora surgió ese ese dilema también. hace poquito me estoy también informando en ese tema, pero sé que se han presentado leyes que cuestionan de ese lado también de las cosas". Por lo que si se avanza en esa dirección, las denuncias se "harían con temor o directamente no dispuestas a hacerlo, porque tendrían miedo".
"Estas son situaciones que ocurren en instancias, en situaciones privadas, obviamente que no lo hacen en público. Entonces es algo que a vos realmente se te encarcela en una habitación, en un baño, donde sea y es privado, nadie más. Y con el agravante que te dicen, 'No le digas a nadie. Esto es un pacto entre nosotros'. Ellos te dicen: 'este es un pacto', y hablamos de jóvenes de 12 o 13 años, en plena adolescencia y en desarrollo. Están comenzando a desarrollarse como adolescentes, como jóvenes".
Figura de autoridad
Los jóvenes del seminario veían autoridad en Ilarraz. "Incluso paterna. Porque nosotros venimos de pueblo. Yo soy de una aldea, una colonia alemana, de familias de campo, humilde, sencilla, católica, respetuosa de la autoridad. Por esto, estos personajes católicos que son los sacerdotes tenían autoridad. Entonces, obviamente cuando nos formaban en la familia con una educación cristiana, auténtica, de moral, de ética, ¿dónde iban a enviar los hijos para continuar esa educación familiar? ¿Qué mejor lugar que el seminario? Y mire con qué se encontraron en el seminario, con estas personas como Ilarraz. Obviamente que ellos aprovechaban que venían esos chicos vulnerables, tal vez de padres con carácter fuerte, padres alcohólicos. Entonces veían, fijaban la mirada en aquellos chicos más buenos, más sensibles, más vulnerables, más obedientes", describió.
Hernán Rausch consideró que "la verdad que la noticia la semana pasada, porque sabemos que los tiempos de la justicia o los tiempos de estas comisiones son indefinidos, pero al recibir la noticia yo reconocí que no esperaba que tan pronto fueran a admitir nuestra denuncia, así que fue realmente fue una bocanada de aire fresco, más porque fue después del fallo de la Corte Suprema, lo que nos abre la puerta a otra instancia".
"Las víctimas hablamos cuando somos capaces de quebrar ese miedo, esa culpa. Muchas víctimas sufren porque piensan en la autoridad, piensan 'voy a traicionar a mi iglesia, la que me educó'".
"Eso es muy importante, para nosotros y me he contactado con víctimas de otras provincias que incluso han recibido con mucha emoción esta noticia porque es una noticia esperanzadora. Es decir, que la luz de la esperanza para que una vez por todas estas leyes se modifiquen, porque sabemos que con nuestra causa el respeto al tiempo de las víctimas, porque la víctima declara cuándo puede, no cuando quiere. Es decir, las víctimas hablamos cuando somos capaces de quebrar ese miedo, esa culpa. Porque, como decía usted, muchas víctimas sufren porque piensan en la autoridad, piensan 'voy a traicionar a mi iglesia, la que me educó'. Para muchas víctimas es muy difícil quebrar eso. No todos tienen la valentía. Entonces, esta lucha también es por aquellos que no se animan, que no pueden, ¿no? Que sufren con esto", reflexionó.
Desafiar al Estado
Más adelante, el sobreviviente aseguró: "Hay gente que sufre esta realidad. Y más si uno realizó un proceso de fe, se contuvo. Yo sigo la línea de yo sigo como creyente, pero gente que no. Hay gente que se han apartado y la iglesia no reconoce esa realidad, no abraza a la víctima. En lugar de eso apartan, alejan a muchos fieles de la Iglesia Católica.
Esto es una realidad que golpea, que es actual, que existió, existe y si no actuamos ahora va a seguir existiendo. Ese es el problema. Entonces, que la Comisión nos haya abierto la puerta y nos haya abrazado y haya tomado nuestra causa para analizarla, para mirarla, para controlarla y presentarla ante el pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es muy importante.
Es muy importante para cuestionar al poder del Estado argentino. Y lo creo necesario porque está dentro de la Organización de los Estados Americanos. Es decir, que el organismo de derechos humanos de la OEA revise la manera en que la Corte Suprema argentina falló con tanta liviandad, es algo que nos hace estar contentos. Y queremos estar tranquilos, ser pacientes y manejar las ansiedades, ¿no? Porque todavía hay un camino que recorrer y esto requiere paciencia, pero constancia, siempre constancia y estar atentos".
Sobre el expediente que deberán acercar a las CIDH, Rausch señaló: "Hay testimoniales importantes en ese expediente, tanto de privados o particulares, sacerdotes, obispos, un cardenal. Es un expediente voluminoso y esperemos que tomen cartas en el asunto y esa definición sea favorable, no para nosotros; lo importante son todas las víctimas de Ilarraz, las víctimas de Paraná, de Entre Ríos y las de Argentina en general y que empuje a otros países como el caso de ustedes, que también que tuvieron casos gravísimos también en México".
"Yo le puedo hablar de un perfume que él usaba; se llamaba Old Spice. Ese es un perfume que me va a hacer recuerdo toda la vida. Me hace recuerdo por la circunstancia que viví".
Por último, reflexionó: "Los delitos deben ser imprescriptibles porque los daños son para toda la vida. Cada circunstancia… Yo le puedo hablar de un perfume que él usaba; se llamaba Old Spice. Ese es un perfume que me va a hacer recuerdo toda la vida. Me hace recuerdo por la circunstancia que viví, ¿se entiende? Y sí, se puede vivir, pero uno debe llevar pequeñas dinamitas que te van a recordar siempre esa circunstancia, esa herida que te dejaron en esa etapa tan importante del ser humano que es la niñez. Con los chicos no, con los chicos no".
"Nadie quiere ir a tribunales a declarar, pero hay que circunstancias de que debemos realizarlo porque es por el bien común de la sociedad. Eso es importante. Y de tener un mundo mejor y más sano, más justo. Claro, va uno ahí y no te van a felicitar. Te van a exigir, te van a pedir. Y vos que sos denunciante te exigen más que al denunciado, porque nosotros tenemos que pasar por pericia psicológica, por cuántas cosas tenemos que nos pasean por todos lados en tribunales para acreditar la veracidad. Yo fui a declarar tres veces, a la tercera me dijeron, 'Hernán, ya está. No vengas más. Es más que claro lo que vos pasaste'".
(Este informe es autoría de Rodolfo Soriano-Núñez. Fue publicado este lunes 18 de mayo en Los Ángeles Press)
