El Gobierno de Entre Ríos apelará el fallo del juez Virgilio Galanti que este jueves declaró la inconstitucionalidad parcial del Decreto 2.239, que reglamentó la aplicación de agroquímicos en Entre Ríos en cercanías de escuelas rurales.

“Si se daba este resultado teníamos previsto interponer un recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se hará este viernes antes de las 17, que es el plazo que tenemos para hacerlo”, informó Rodríguez Signes a APF. “Es lo que hacemos siempre antes estas situaciones”, afirmó.

Al hacer una primera lectura del fallo, Rodríguez Signes explicó que el mismo “se apoya mucho en las dos sentencias precedentes, la de los magistrados Oscar Benedetto y Andrés Marfil, y considera insuficientes los informes que presentamos. Era una de las posibilidades”, manifestó.

De todos modos, defendió el texto al afirmar que “está realizado razonablemente, contiene los antecedentes que la administración pública haciendo sus mayores esfuerzos pudo obtener. Es más creo que el decreto en sí es un decreto modelo para el resto de las provincias, pero (el fallo) hace hincapié en que hay cosa juzgada y en que la condenas anteriores están firmes, cosas que no compartimos porque el primer caso es abstracto y el segundo está en la Corte Suprema de manea que no hay firmeza respecto a esos fallos”, se explayó.

“A pesar del fallo, la mejor forma de proteger la salud y el ambiente es aplicando este decreto 2239, que es líder en las provincias argentinas y supera los otros sistemas vigentes en el país”, dijo. Admitió también que el fallo “por supuesto forma parte de las reglas de juego y del Estado de derecho”, aunque él no reconoce en el texto reglamentario “ninguna inconstitucionalidad manifiesta”.

Una vez que el recurso de apelación llegue al STJ, mediante un sorteo entre sus nueve miembros se elige a los cinco vocales que decidirán sobre la cuestión.