Los abrazos entre los magnates dueños de la tierra en la Patagonia y el presidente Mauricio Macri, las amenazas de los funcionarios de Cambiemos, la represión a las comunidades Mapuche que recuperaron territorio, el espionaje ilegal a las víctimas y las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel no son sucesos aislados. “En función de la denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad”. Con estas palabras, el fiscal federal Franco Picardi impulsó la acción penal contra estos funcionarios del gobierno saliente, según el dictamen al que accedió el diario Página/12.

El avance de esta causa podría derivar en una acusación contra Bullrich por delitos cometidos en el armado de un plan represivo que involucra a funcionarios públicos en el exceso de sus funciones, desde espionaje ilegal hasta asociación ilícita, pasando por violación de la propiedad privada, apremios y violencia institucional, según explicó a este diario una alta fuente judicial.

Según Picardi el objeto fue “coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal”.

Bullrich respondió por Twitter y calificó el dictamen del fiscal federal como un “apriete”. “Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar”, lanzó.

Picardi tomó como pruebas notas periodísticas, varias de Página/12, sobre el espionaje ilegal desplegado contra ese pueblo originario. Y pidió a la jueza María Eugenia Capucheti una serie de medidas, entre ellas la declaración testimonial del periodista Sebastián Premici.

“La planificación ilícita aludida tendría también una intención de discplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno”, completó el representante del Ministerio Público. “Asimismo, la investigación deberá dilucidar si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del RAM, una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten”, destacó el fiscal en sus conclusiones.

En junio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció en la justicia a la ministra Bullrich, a su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y a otros funcionarios de la cartera, como autores de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches. La denuncia quedó radicada en el juzgado de Capuchetti, y alcanza también al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane, al ex jefe de gabinete Pablo Noceti y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman.

El organismo de derechos humanos señaló que el Estado implementó un plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches que desembocó en la muerte de dos jóvenes: la de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería en Chubut en agosto de 2017 y la de Rafael Nahuel, en noviembre de ese año en Río Negro, durante un desalojo realizado por Prefectura. Gisela Cardozo, Norma Ríos y María Elena Naddeo, en su carácter de presidentas de la APDH, se presentaron con el patrocinio letrado de Mauricio Rojas, Gabriel Macaggi, Ramiro Geber y Guillermo Torremare. “Es importante que se investigue con profundidad la hipótesis de un plan criminal que resultó en la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”, dijo Cardozo a Página/12.

“Van a ir todos presos”

La sangre ya había corrido en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, durante la feroz represión de enero de 2017. Dos años antes, esa comunidad mapuche había desafiado el alambrado de Luciano Benetton y concretó la recuperación de unas pocas hectáreas, entre el millón que posee el magnate italiano. Esa y otras ocupaciones comenzaban a florecer en la estepa patagónica, y el gobierno de Cambiemos les declaró la guerra, tal como evidencian las declaraciones periodísticas de Noceti, pocas horas antes de la desaparición del tatuador anarquista Santiago Maldonado, anticipando que los mapuches iban a ir “todos presos”.

El 25 de noviembre de ese año, mientras velaban a Santiago Maldonado en la localidad de 25 de Mayo, la Prefectura ingresó a la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi que había sido desalojada dos días antes, y fusiló por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. En este caso también queda expuesto el plan del que hablan los denunciantes y el fiscal, porque la presión oficial para lograr la impunidad de quienes dispararon con balas de plomo a los Mapuche prevaleció a lo largo de la investigación judicial, e incluso la Cámara de Casación acaba de revocar el fallo que procesaba al prefecto Javier Pintos, autor del disparo mortal contra Rafita. Los millonarios negocios inmobiliarios en el sur tienen como aliado a Parques Nacionales, gran parte de la justicia y casi a todas las intendencias y gobernaciones.

En este sentido, Picardi citó una nota de Página/12. Incluso, en el fallo de la Cámara de General Roca que había procesado a Pintos el juez Ricardo Barreiro expresó que la muerte de Rafael Nahuel “constituye la secuela precisa y planificada de un guión que no podía faltar para coadyuvar esa sistemática construcción del enemigo interno”.

Como un anticipo del despliegue represivo, en 2015 una causa ya daba cuenta de que “los mapuches fueron espiados ilegalmente por un agente de la AFI de la delegación Trelew con la aparente anuencia de fiscales de la justicia provincial de Chubut: sin ningún requerimiento judicial y violando la ley de inteligencia, incorporaron ilegalmente pruebas fotográficas y datos personales de Facundo Jones Huala al legajo abierto por el delito de usurpación cuyo denunciante fue la estancia Leleque, del grupo Benetton”.

Lo esencial del dictamen del fiscal

En 80 carillas, Picardi se nutrió de todos los antecedentes fácticos y jurídicos vinculados a la criminalización de Cambiemos en la Patagonia:

* “El 17 de febrero de 2016 la ministra convocó en Bariloche, epicentro de los conflictos entre pueblos originarios y negocios inmobiliarios, a una cumbre del Consejo Federal de Seguridad donde manifestó hacia los mapuche una virtual 'declaración de guerra'. Bullrich anunció un nuevo protocolo de actuación para la protesta social en el que introdujo dos herramientas disciplinar a la comunidad mapuche y a otras comunidades originarias eliminando la prohibición expresa al uso de armas de fuego que tenía el anterior protocolo […] e introduciendo y abusando de la figura jurídica de la 'flagrancia', utilizada para justificar el operativo que culminó con la desaparición y muerte de Maldonado”.

* “En febrero de 2016 se realizó la reunión nacional del Consejo de Seguridad Interior en Bariloche a pedido de asociaciones patagónicas con Bullrich y sus ministros, en la cual manifestaron su preocupación por graves hechos delictivos cometidos por grupos autodenominados Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y que estarían vinculados a comunidades radicalizadas en las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén”.

* “En agosto de 2016 el abogado Pablo Noceti estuvo en la audiencia de extradición del lonko Facundo Jones Huala, en Esquel, junto a Guillermo Frankerberger, funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

* “Los mapuches y la familia de Santiago Maldonado fueron espiados ilegalmente. Las operaciones de inteligencia ilegal contra los mapuches fueron parte de un plan más ambicioso que violar la ley de inteligencia, sino que se constituyó como un eslabón esencial para violentar de una manera irracional e ilegal la comunidad mapuche.  Así es como la Operación 'Huracán' de los carabineros chilenos contra los mapuches se convirtió en un escándalo que ya llevó a la cárcel a funcionarios de carabineros y desnudó también la inteligencia clandestina de Gendarmería de este lado de la cordillera. La investigación judicial en Chile en las últimas semanas fue arrojando los sólidos vínculos de inteligencia entre Carabineros y Gendarmería de manera ilegal para reprimir a los mapuches de manera coordinada en una suerte de nuevo Plan Cóndor y seguramente tendrá su correlato aquí cuando avance la investigación judicial”.

* “Gerardo Milman sostuvo que los propietarios de Patagonia Norte le manifestaron su preocupación sobre la problemática de las tomas de campo, el abigeato y los incendios forestales. 'La nación está dispuesta a hacerse cargo y esperamos una respuesta desde la justicia federal', sostuvo el funcionario”. Para la APDH, esto significó 'la profundización del plan represivo orquestado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.

* La Ministra Bullrich fue elocuente en todas sus declaraciones públicas que los mapuches estaban en la mira de su Ministerio como una 'amenaza' a la seguridad nacional”. Por eso cuando Nahuel fue asesinado no dudó en calificar el hecho como un 'enfrentamiento', a pesar de que los mapuche sólo tenían piedras. En esa causa, el juez Ricardo Barreiro puso en evidencia la interferencia del Poder Ejecutivo: “Es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados y entonces, antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando –mediáticamente- que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”.

* En junio de 2017 un centenar de gendarmes ingresaron a la comunidad mapuche ubicada en Vaca Muerta (Campo Maripe) por una orden de Noceti. Se sucedieron hasta hoy casi un centenar de episodios represivos en los cuales hubo heridos de gravedad, maltrato a menores en situaciones de frío extremo, precintado de manos a mapuches tirados en el piso durante horas sin poder ir al baño y una sistemática criminalización de los mismos que siguen desfilando por juzgados en causas por usurpación y daño.

* El fiscal Picardi citó el informe del relator de Naciones Unidas, quien expresó su grave preocupación “por la información relativa a la violencia y el hostigamiento persistentes contra las comunidades indígenas, cometidos por agentes gubernamentales o con su complicidad o inacción. Estos hechos a menudo han tenido lugar en el contexto de las controversias sobre las tierras descritas anteriormente por los mecanismos de derechos humanos que han examinado la situación argentina. Mientras que la resolución de esos casos por los tribunales locales raramente es favorable a las comunidades, se las sigue criminalizado, ya que a menudo realizan protestas mediante el bloqueo de carreteras nacionales con el propósito de ser escuchadas, pues tienen muy pocos medios para hacer visibles sus reclamaciones. Las protestas y manifestaciones han sido violentamente reprimidas mediante un uso excesivo de la fuerza por las autoridades de seguridad locales, que en algunas ocasiones utilizan gases lacrimógenos y balas de goma contra multitudes compuestas por ancianos, mujeres y niños”.

* El fiscal mencionó la causa que tramita en el juzgado federal de Daniel Rafecas por el espionaje ilegal a la familia Maldonado y a allegados a Santiago y a la comunidad mapuche, y destacó que el gobierno sembró el caso de pistas falsas mientras el joven aún estaba desaparecido, ubicando su paradero lejos de la estepa patagónica. Maldonado había acudido a Cushamen para una protesta por la libertad del lonko Facundo Jones Huala, a un mes de su detención en julio de 2017.