Tractorazo: llegó a su fin la última causa civil y penal

Walter Velázquez sufrió pérdida del 45 por ciento de la capacidad auditiva, daños neurológicos y pérdida de memoria a corto plazo, que lo obligaron a tramitar su retiro de la fuerza policial, por la agresión del tractorazo del 3 de septiembre de 2015.

Walter Velázquez sufrió pérdida del 45 por ciento de la capacidad auditiva, daños neurológicos y pérdida de memoria a corto plazo, que lo obligaron a tramitar su retiro de la fuerza policial, por la agresión del tractorazo del 3 de septiembre de 2015.

Después de cuatro años del violento tractorazo a Casa de Gobierno de septiembre de 2015, llegó a su fin la última causa penal y civil que estaba en pie en los Tribunales de Paraná. Es la que entabló el policía retirado Walter Velázquez contra el productor Guillermo Tomas Bowes, y la Federación Agraria Argentina (FAA), por las lesiones que sufrió durante esa protesta del campo.

El 29 de octubre último, la jueza Civil y Comercial N° 3, Norma Ceballos, homologó el acuerdo extrajudicial al que llegaron el uniformado y los denunciados, el productor Guillermo Bowes y la Federación Agraria de Entre Ríos. En la conciliación se acordó que el productor que lo agredió pague una suma de alrededor de 650 mil por daños y perjuicios, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Velázquez es uno de los diez policías que más lesionado resultó en la violenta protesta agraria del 3 de septiembre de 2015, cuando los productores reclamaron un plan de salvataje al gobierno de Sergio Urribarri.

Aquella vez los productores arrojaron huesos de vacuno, entre otros elementos, a los uniformados que se apostaron en la puerta de la Casa de Gobierno. Velázquez recibió un fuerte impacto en la cabeza que, asegura en su demanda, le provocó lesiones irreversibles que terminaron con su carrera policial.

 Esa situación se judicializó. Cuatro dirigentes agropecuarios fueron imputados por el supuesto delito de lesiones graves e incitación a la violencia. Ellos fueron Elvio Guía, director de la filial Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA); Alfredo Bel (delegado de FAA); Juan Echeverría (de Chacareros Federados, grupo interno en FAA) y Guillermo Bowes (oriundo de San Gustavo, Departamento La Paz).

Del grupo de policías que presentó la demanda, la mayoría acordó una reparación económica en un acuerdo en mediación penal por un total de 400 mil pesos. Entre quienes acordaron se encuentra Gustavo Maslein, actual Jefe de Policía de la provincia y que al momento de los hechos era director de Operaciones y Seguridad de la Fuerza.

En función de ese acuerdo, el 10 de abril de este año el juez de Garantías Mauricio Mayer dictó el sobreseimiento para los cuatros dirigentes denunciados. Sin embargo, la decisión fue apelada por uno de los policías que no firmó el acuerdo de la mediación penal: Walter Velázquez.

Tras varios meses de negociación entre las partes, el ex policía, el productor Bowes y la FAA, llegaron a un acuerdo para cerrar tanto la causa penal como la civil, la única que estaba pendiente de resolución.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, Héctor Cabiati, abogado del policía en la demanda civil, comentó que “se terminó cerrando con buen final tanto la causa penal como civil mediante una conciliación extrajudicial”.

En cuanto a la causa penal, recordó que la llevó su colega Bartolomé Gaggero, y que la misma se cerró “en virtud el Artículo 5° bis, inciso 5 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, en el cual las partes cuando estén de acuerdo pueden llegar a una conciliación para volver a establecer la paz social”.

“Con el mismo acuerdo conciliatorio se terminó resolviendo la instancia por daños y perjuicio por las lesiones sufridas el 3 de septiembre de 2015”, agregó y recordó que su cliente sufrió, pérdida del 45 por ciento de la capacidad auditiva, daños neurológicos y pérdida de memoria a corto plazo, daños que lo obligaron a tramitar su retiro de la fuerza policial. 

En ese sentido, recordó que la demanda civil comenzó en 2017, en la que se reclamó 800 mil por daños, y tras dos años de negociación se acordó el pago de 650 mil pesos. En esa línea, consideró que el acuerdo fue razonable, ya que se pone fin al largo litigio.

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