Por Juan Cruz Butvilofsky 

De ANÁLISIS

Los vecinos del Parque Urquiza comienzan a preocuparse seriamente por las construcciones en altura en la zona más linda y cara de la ciudad de Paraná. Tras varios años de un proceso judicial, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) falló a favor de los inversores de la polémica megaobra de calle Catamarca al 600, a pocos metros del rosedal. 

El fallo judicial -al que accedió ANÁLISIS- fue firmado por casi todos los integrantes del STJ, excepto por Claudia Mizawak que se excusó de participar debido a que el inmueble donde está la obra en cuestión era propiedad de su tío Enrique Mizawak. De hecho, dos primos de la Vocal del STJ forman parte del fideicomiso. A pesar de esta formalidad, la magistrada no tiene vínculo con esa rama de la familia hace mucho tiempo. 

El STJ rechazó los recursos de inaplicabilidad planteados por los vecinos y confirmó la sentencia anterior emandad de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. De ese modo, la obra quedó habilitada tras varios años de conflicto judicial. 

El emprendimiento se nucleaba en el fideicomiso Catamarca 640 y tenía como principal referente a Hugo Mardón, quien entonces como monotributista pudo encabezar un proyecto que se proponía la construcción de una torre que se proyectaba con 25 pisos distribuidos en 72 metros de altura, albergando en su interior 45 departamentos y 57 cocheras.

Los vecinos insisten en que la obra original es violatoria del Código Urbano de Paraná y esperan una solución política tras el revés judicial. En ese sentido, han solicitado una reunión con el Secretario de Planeamiento y Desarrollo Territorial de la municipalidad de Paraná, Guillermo Federik para saber que piensa el Municipio respecto a este tipo de emprendimientos en el parque urquiza. 

Es que la discusión por el edificio de calle Catamarca no se reduce a esa situación. Hay preocupación en todos los vecinos del parque paranaense por un colapso actual en los servicios y los negocios inmobiliario que andan merodeando la zona más codiciada de la capital provincial. De hecho, durante la discusión judicial los integrantes del sector de la construcción pretendieron marcarle la cancha a los jueces y realizaron un importante lobby hablando de inseguridad jurídica para sus inversiones. 

Cabe recordar que no se trata sólamente de una cuestión de comodidad de los vecinos, sino de la preservación del ambiente y que la ciudad no convierta sus barrancas en un muro que generará rentabilidad para unos pocos.

Esto vuelve a poner la cuestión de fondo en el centro de la escena: la habilitación de la obra de Catamarca. Dicha resolución se firmó en tiempos de Blanca Osuna -gestión que tenía a Federik ocupando el mismo lugar que en la actualidad- y los vecinos puntualizan en las irregularidades que caracterizaron dicha habilitación. 

Durante la intendencia de Osuna y la viceintendencia de Gastón Grand fue aprobada esa obra sin la intervención de la Comisión Asesora Revisora del Código Urbano, algo necesario para que pueda ser habilitada una obra de estas características. Los vecinos plantearon la nulidad por eso y esto motivó que se convoque a una reunión de la Comisión posterior a dicha aprobación. 

La polémica fue porque no todos los integrantes de la Comisión Asesora fueron convocados a la reunión. Sólo estuvieron presentes los funcionarios, empresarios y representantes colegiados que, particularmente, formaban parte del grupo de inversores de la obra en cuestión como la empresa de la familia Gini. No fueron convocados los concejales de la oposición ni los integrantes de las ONG acreditadas. 

Justamente este fue el argumento que esgrimió en su momento el juez Marcelo Baridón, integrante de la Cámara en lo Contencioso Administraitivo que paralizó la obra porque esa comisión no tuvo quórum para sesionar. 

Ante el fin de este proceso judicial, los vecinos buscan una salida política a esta situación. Esperan que la actual gestión de Adán Bahl tenga otra visión respecto a este tipo de emprendimientos en una zona de la ciudad que debe tener un cuidado especial. 

En esta línea, la Comisión Vecinal del Parque Urquiza le presentó a Federik un pedido de informes respecto a "las factibilidades otorgadas para edificios en altura dentro  de los límites de la vecinal que se encuentren vigentes a la fecha; proyectos presentados y aprobados durante los últimos años y que por lo tanto se encuentren vigentes a la fecha; y, finales de obra otorgados a los edificios ya culminados, para poder hacer un seguimiento como vecinal de los mismos en relación a la infraestructura de servicios a los que están sometidos", señaló el escrito presentado ayer en la mesa de entradas de la municipalidad de Paraná. 

Cabe recordar que durante la gestión del exintendente Sergio Varisco, el Poder Ejecutivo buscó defender las construcciones en altura en un principio pero gracias a la presión de los vecinos y los problemas que surgieron en otras áreas del gobierno el tema fue pateado para adelante cada vez que se pudo. 

Esto generó, en el caso particular de calle Catamarca, daños a las casas linderas al megaemprendimiento. No en vano en los edificios en altura que hay en otras ciudades del país se puede observar una distancia considerable entre la construcción y otros inmuebles lindantes. 

La obra paralizada en el tiempo y con demoras en el proceso generó que una de las casas de al lado comience a sufrir daños estructurales. Los pozos del inicio de obra no fueron tapados y debió mediar una sentencia judicial de Ana Sione en donde se obligó a los constructores a poner contenciones por daño temido.