Concluyó la pericia de la causa contratos: el desfalco es $1.111.871.715

Ministerio Público Fiscal

La tesis de la Fiscalía es que en ese período de tiempo se produjo un perjuicio económico a la Legislatura de $2.000 millones.

Luego de más de año de trabajo, finalmente los peritos contables concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura, investigación que abarca el período entre los años 2008 y 2018. El dato relevante es que esa pesquisa finalmente llegó a establecer el monto final del perjuicio al Estado que se habría producido: $1.111.871.715, a valores de marzo último.

La investigación cobró notoriedad en septiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuesto desfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratos irregulares de personal en Diputados y en Senadores.

La tesis de la Fiscalía es que en ese período de tiempo se produjo un perjuicio económico a la Legislatura de $2.000 millones. Esa afirmación fue cuestionada por los defensores de los imputados en la investigación, quienes pidieron una pericia contable independiente a cargo de un perito que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Fue así que, a fines de 2019, para esa tarea fue nombrada la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del STJ, designada por el vocal de esa sala, Martín Carbonell. La tarea comenzó a finales de ese año y continuó durante la pandemia de 2020.

Según supo Entre Ríos Ahora, finalmente el trabajo llegó a su fin, ya que la contadora Battisti, en forma conjunta con el perito de parte, el contador Cristián Dumé, presentaron un extenso informe sobre los contratos investigados.

El documento cuenta con un extenso detalle –de más de 250 páginas-, en los que se establecen montos de contratos, duración y, por supuesto, identidad de cada beneficiario.

En el trabajo, el perito oficial del STJ responde algunos de los “puntos de pericia” solicitados por la Fiscalía y los defensores. Uno de los principales ítems era, precisamente, que se establezca el monto económico de los contratos cuestionados.

Al respecto, se indicó que el monto estimado dentro del período investigado asciende a $372.924.249,00. Ese total surge de la suma de los contratos investigados de la Cámara de Senadores, en el período que va de enero de 2008 a septiembre de 2018; y los de Diputados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2018, cuando comenzó a tramitarse la causa.

En el informe contable se calculó que en el Senado se realizaron contratos por una suma total de $208.940.739,00; y en Diputados por $163.983.510,00.

A dichos montos se le realizó “la suma de intereses conforme la tasa Activa del Banco de la Nación Argentina al 31 de marzo de 2021, como así también se procedió a la conversión en dólares de los valores históricos a la cotización oficial tipo vendedor del dólar estadounidense correspondiente a cada mes publicada por el Banco de la Nación Argentina”.

Los montos quedaron determinados del siguiente modo:

—Senado: $653.105.009,36. USS 25.841.916,88

—Diputados: $458.766.706,68. USS 12.955.628,17

—Total: $1.111.871.715. USS 12.955.628,17


Gráfico: Entre Ríos Ahora.

En el informe también se realizó un desagregado por período Legislativo, a saber:

Senado

— Período Legislativo del 1/01/2008 al 9/12/2011: valor histórico $32.027.850,00; con la tasa activa del Banco Nación queda $136.197.305,47. Y en dólares se establece en USS 8.674.160,16

— Período Legislativo del 10/12/2011 al 9/12/2015: valor histórico $65.530.789,00; con la tasa activa quedó en $229.704.043,15. Y en dólares es la suma de USS 10.898.592,17.

— Período Legislativo del 10/12/2015 al 20/09/2018: valor histórico $111.382.100,00; con la tasa activa quedó en $287.203.660,74. Lo que representan USS 6.269.164,54.

Diputados

— Período Legislativo del 1/12/2011 al 9/12/2015: valor histórico $44.844.000; con tasa activa $151.146.172. Lo que representan USS 6.219.090,22.

—Período Legislativo del 10/12/2015 al 20/09/18: valor histórico $119.139.510; con tasa activa $307.620.535. Y representan USS 6.736.537,95.

La causa

En la acusación, los fiscales sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

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