Por Manuel Lazo

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) fue notificado de las sentencias dictadas el 3 de mayo y 20 de agosto del corriente año por el Jurado de Enjuiciamiento en las que se dispuso destituir al Juez de Paz de Gualeguay, abogado Sebastián Eduardo Salem y denegar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por su defensa, respectivamente.

Según la Resolución STJER 611, el 14 de septiembre pasado, se dispuso tomar razón de las sentencias y dar intervención a Contaduría General para que cese el pago de los haberes, disponiendo, además, designar como Juez a cargo del despacho a quien se venía desempeñando como suplente, el Dr. Carlos Federico Antola, aclarando que lo será “…hasta la cobertura definitiva del cargo por los mecanismos constitucionales o nueva disposición, lo que ocurra primero”, y comunicar “la vacancia del cargo al Honorable Consejo Deliberante y a la Intendenta Municipal de Gualeguay, Arq, Veronica Berisso, a sus efectos”.

Polémicas designaciones

Los términos de la resolución citada no hacen más que reflejar –entrelíneas- el malestar reinante por las consecuencias que las designaciones políticas de los Jueces de Paz han generado en el Poder Judicial y en la opinión pública, siempre a costa del bolsillo de los contribuyentes

Tal como hemos venido señalando en estas páginas, las designaciones políticas en los Juzgados de Paz de Entre Ríos han sido objeto de durísimas críticas por parte de propios y extraños, por entender que cobijan la ubicación de jueces afines al pensamiento del gobernante de turno, intentando evadir hacerlo mediante concursos abiertos y públicos.

Fue el propio Dr. Martin Carbonell, presidente del STJ, quien, días atrás al poner en funciones a dos Jueces de Familia, remarcó quó tipo de funcionarios pretende para el Poder Judicial. Conforme lo publicado por el organismo, Carbonell sostuvo “..es de suma importancia que quienes lo integren sean personas con un alto compromiso y los cargos sean cubiertos tal como lo señala la Constitución..”, al tiempo que expresó la trascendencia del acto “para el Poder Judicial porque se pone en funciones a una jueza y un juez que son titulares y cuentan con todos los atributos constitucionales para el ejercicio de los cargos…”.

Si bien la Constitución Provincial -en un resabio cuasi feudal- aún lo permite, las acciones posteriores de muchos designados a dedo, como asimismo los paupérrimos resultados obtenidos por los ahijados políticos cuando se presentan a rendir -ocupando los últimos puestos en la tabla de calificaciones o reprobando-, fueron el detonante para que los intendentes opten por asignar la cobertura de los Juzgados de Paz al Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, responsable de llevar a cabo concursos abiertos y públicos a fin de garantizar la mayor transparencia y, de paso, librarse de lo que puede ser un salvavidas de plomo

El procedimiento

Los concursos de antecedentes y oposición realizados en el Consejo de la Magistratura son abiertos y públicos. Comprenden una etapa de inscripción en la que los interesados deben aportar sus antecedentes, seguida de un proceso de preselección del que surge la lista de quienes se encuentran en condiciones de participar de la prueba de oposición. Esta comprende un examen por vía informática a responder en 30/40 minutos. Cuando el concursante termina de contestar puede cerrar el examen o –caso contrario- el mismo queda bloqueado al cabo del tiempo. Para las designaciones de jueces n lugar de preguntas aisladas se entregan casos para resolver. Del promedio entre antecedentes y prueba de oposición surge la lista de los candidatos ubicados en mejor lugar que serán entrevistados posteriormente en el ámbito del Consejo de la Magistratura, tras lo cual el organismo emite su decisión.

Transparencia

En horas de altísima sensibilidad social, Gualeguay se encuentra –ahora sí- ante la inmejorable oportunidad de borrar la triste imagen que dejó en la justicia y en la opinión pública la causa Salem, denunciado por el STJ ante el trato proferido a sus empleados. La gestión Berisso deberá demostrar su apego al reclamo de toda una comunidad que cada día exige mayor transparencia en los actos públicos, la que debe trasuntarse en cuestiones concretas y no en meros discursos.

La polémica designación de Salem, expuso públicamente al poder político gualeyo, que fue quien le dio su aval. Basta recordar los testimonios rendidos en la causa Salem donde los propios testigos del ahora destituido, expusieron -bajo juramento- las maniobras que precedieron a su designación, incluso al punto de involucrar –uno de los declarantes- al desaparecido intendente Federico Bogdan. Más de 20.000 personas siguieron el juicio por Internet. Muchos tomaron nota.

En la vereda contraria, se erigen Gualeguaychú y Paraná, cuyos gobernantes optaron por delegar la selección de los jueces en el Consejo de la Magistratura

Finalmente, una muestra cabal de la necesidad de desterrar definitivamente de la provincia las designaciones políticas de los Jueces de Paz, la constituye el hecho de que, expuestos a rendir un examen de antecedentes y oposición, la mayoría de candidatos “políticos” no concurren a rendir, o –haciéndolo- suelen obtener las calificaciones más bajas o reprobar, como puede comprobarse con la información disponible en Internet. Está todo dicho.