La jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata, suspendió momentáneamente los actos procesales de la causa de los Contratos de la Legislatura, en la que se investiga la contratación de personal bajo una modalidad que se presume «trucha» en el período que va de 2008 a 2018, sobre la cual hay un debate de competencia con la Justicia Federal. La resolución no es definitiva, ya que se espera una nueva decisión tras los descargos de Fiscalía y Fiscalía de Estado.

Hay dos posturas técnicas en discusión en el juzgado de Barbagelata: por una lado, la Fiscalía sostiene que la etapa intermedia, que va del pedido de remisión a juicio hasta la audiencia, forma parte de la etapa de instrucción y por lo tanto se debe avanzar con la audiencia de remisión; en tanto, los defensores manifiestan que la investigación penal preparatoria termina con el pedido de remisión a juicio de Fiscalía, de modo que debe paralizarse toda actuación y esperar que la Corte resuelva el entuerto de la competencia.

Cabe señalar que la Fiscalía pidió la remisión de la causa a juicio en junio y el plazo que dio la jueza Barbagelata para que las defensas respondan a esa petición y a la demanda civil -a cargo de la Fiscalía de Estado- vence el 11 de noviembre.

Según supo Entre Ríos Ahora, este lunes la magistrada dio a conocer una resolución en la que informó las siguientes cuestiones: dio por presentado la contestación a la elevación a juicio y la demanda civil efectuada por la abogada Victoria Halle; informó de dos resoluciones de la Sala Penal del STJ emitidas la semana pasada; dispuso la suspensión de los plazos procesales desde la fecha en que se notificaron las sentencias referidas y corrió vista a la Fiscalía y la Fiscalía de Estado para que manifiesten su postura para resolver, ahora sí con un alcance mayor, la suspensión de los actos procesales hasta que la Corte defina la cuestión de la competencia.

La semana pasada, los días 3 y 4 de noviembre, la Sala Penal del Suerior Tribunal de Justicia (STJ) emitió dos resoluciones: en una se declaró abstracto el reclamo de los abogados José Raúl Velázquez y Leonardo Augusto Schonfeld, representantes de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo; y el abogado Leopoldo Cappa, defensor de Ariel Roberto Faure, para que se suspendan los plazos dado que la causa ya había sido remitida a la Corte Suprema de Justicia; y rechazó el recurso de queja del defensor Pablo Hawlena Gianotti, abogado de Jorge Enrique De Breuil, que buscaba que su pedido de sobreseimiento se trate en forma separada a la audiencia de elevación a juicio.

Los primeros habían llegado hasta el STJ porque se agraviaron con la resolución de la jueza Barbagelata, quien se había negado a suspender los actos procesales y dio curso, corriendo vista del pedido de remisión a juicio de la Fiscalía y de las demandas civiles interpuestas por el Estado provincial, cuando se le había informado que la Procuración General de la Nación había interesado la remisión del legajo para dictaminar en la cuestión de competencia radicada ante la Corte Suprema.

Entre otras cosas, agregaron que la decisión de avanzar en el proceso resultó «vulneratoria de la garantía de Juez Natural, resultando asimismo incierta la normativa aplicable hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se expida sobre la competencia, en razón de los distintos sistemas procesales en los fueros federal y provincial, resultando pasibles de nulidad los actos procesales que puedan realizarse».

Sin embargo, el 20 de octubre la jueza Barbagelata decidió enviar el expediente a la Corte Suprema. Ahora, los defensores buscan que la magistrada resuelva la suspensión definitiva de los plazos procesales. De momento consiguieron una suspensión a medias y esperan que haya una segunda decisión que, esta vez, los favorezca.

La causa

La investigación cobró notoriedad en septiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuesto desfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratos irregulares de personal en Diputados y en Senadores.

El pedido de remisión a juicio lo realizó la Fiscalíia en junio de este año, luego de la finalización de una pericia contable en la que se estableció que el monto final del perjuicio al Estado que se habría producido fue de $535.698.128,26, suma que dolarizada da un monto de u$s 52.927.878,50. Actualizado, a un dólar a $42,40 (al 15 de abril de 2019), se llega a la cifra de $2.244.142.048,07.

Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.