La jueza de Familia N°3 de Paraná, Eleonora Murga, no ordenó el desalojo de las tres jóvenes de barrio El Morro, dio un plazo para el cumplimiento de la medida tras recibir una denuncia por violencia en contra de las chicas.

Según explicó a ANÁLISIS, en el Juzgado de Familia N°3 se recibió la denuncia por violencia en contra de las tres chicas. “La madre se presentó golpeada en el Juzgado, diciendo que sus hijas no la dejaron entrar a la casa, que no pudo sacar sus pertenencias y que pasaría la noche en la calle. Además aportó una sentencia del Juzgado Civil que ordena el desalojo de las chicas de la casa, ella pudo acreditar en la Justicia Civil que la vivienda le pertenece. Por eso se tomó esa medida. En mi caso, lo único que hice fue ponerle un plazo, después de recibir la denuncia por violencia que presentó la madre. La decisión se tomó en base a un informe del equipo técnico, que tienen como objetivo evitar nuevos episodios violentos. Después de eso, la semana pasada, se recibió a las chicas en este Juzgado, se les designó defensor oficial, se las escuchó y se dejó sin efecto el plazo. Soy jueza de Familia, no tomaré la medida de dejarlas en la calle con sus hijos porque debo atender la vulnerabilidad. Pero el criterio de la Justicia Civil es otro”, manifestó.  

Este lunes trascendió la denuncia pública de tres jóvenes de barrio El Morro. Un escrito firmado por vecinos del lugar se presentó en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia rechazando la decisión judicial. Nerina, Karen y Nazarena Marcial aseguraron que recibieron una orden de desalojo emitida por la jueza Murga a raíz del pedido de la madre, María del Carmen Pavón, que las abandonó cuando ellas tenían 3, 9 y 14 años. Las jóvenes dijeron que las crió el padre, que el hombre quedó ciego y falleció en 2020. Aseguraron que la madre volvió después del fallecimiento e hizo los trámites para tomar posesión de la casa del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV). Agregaron que tienen hijos menores de edad, que están integradas al barrio y por eso presentaron una nota de vecinos en su apoyo, y sostuvieron que nunca fueron escuchadas por ningún funcionario judicial.

Daniel Paduán, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, dijo ayer al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza) que desde su organismo pidieron intervención a la Defensoría General de la provincia, a cargo de Maximiliano Benítez; y al Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf).

Preocupación por el inminente desalojo de tres jóvenes en situación de vulnerabilidad

“Es una situación conflictiva de mucho tiempo”

La jueza de Familia Eleonora Murga, dialogó con ANÁLISIS sobre las medidas que se tomaron en el legajo que se lleva en el Juzgado. Contó que la “situación conflictiva” familiar data de varios años atrás. Explicó que la mamá de las chicas hizo una denuncia por violencia familiar en su Juzgado. “La mujer acreditó que estaba golpeada, contó que un día cuando volvió de trabajar -cuida a un anciano de noche- las hijas corrieron un mueble y le bloquearon el acceso a la casa”, acotó y expresó: “Las medidas que tomamos en procesos de violencia familiar son preventivas, urgentes y provisorias. Esto significa que una persona que no puede acercarse a determinado lugar pero si el conflicto que motivó la medida desaparece, la medida se modifica. La señora quería que excluyeran a las hijas de la casa porque ella es la dueña de la vivienda y tiene un juicio de desalojo en el Juzgado Civil y Comercial, donde ya hay una sentencia favorable. Cuando las chicas se enteraron de esa sentencia, dejaron afuera de la casa a la madre”.  

La jueza aseguró que tras la denuncia por violencia de la mujer, intervino el equipo técnico del Poder Judicial que hizo un diagnóstico de situación y análisis de riesgo. “En el informe se valora si hay violencia, qué tipo de daño, qué riesgo hay de que vuelva a ocurrir la situación de violencia que se denuncia y sobre eso se sugieren o no medidas. En ese informe me sugirieron que les dé un plazo a las chicas denunciadas, porque estaba para concretarse el desalojo resuelto por el Juzgado Civil y Comercial. Los desalojos tramitan en la Justicia Civil y Comercial, no en la Justicia de Familia. Entonces se recomendó dar un plazo a las chicas para que buscaran un lugar donde vivir. Ahí se presentaron las chicas y contaron su realidad familiar, diferente a la versión de la mamá. En una audiencia que fue la semana pasada, ellas hablaron de una mamá que las abandonó. Pero ante las denuncias de violencia, primero se toma la medida y luego se escucha al denunciado. Si se espera escuchar al denunciado para tomar una medida, mientras tanto le puede pasar algo a quien denuncia. El mecanismo es al revés, primero se toma la medida y luego se escucha”, subrayó.

“La semana pasada se suspendió el plazo”

Murga remarcó que se les designó un defensor oficial a las tres jóvenes, que se trata del doctor Tulio Rodríguez Signes. “Cuando fueron escuchadas en esa audiencia la semana pasada, ahí se suspendió el plazo para el desalojo, para que puedan intervenir los organismos correspondientes. Ellas son personas jóvenes, pero se decide quién es más vulnerable. Si viene una persona golpeada y me dice ‘esta noche no tengo donde ir, no me dejaron entrar a mi casa, estoy con lo puesto, cuido a un anciano y cuando salí de trabajar me recibieron así, me golpearon, no pude bañarme ni sacar mis cosas. Me vine a hacer la denuncia, estoy desde la mañana sin tener lugar donde ir’. Uno ve vulnerabilidad”, razonó.

La fragilidad atraviesa a todo el grupo familiar judicializado. “El Juzgado Civil ya dispuso el desalojo porque sostienen que la casa es de la señora y las chicas se tienen que ir. Nosotros, desde Familia, vemos cómo atender lo vulnerable, habiendo niños, qué se puede hacer, si dividir el terreno, conseguir otro lugar donde puedan instalarse. Ellas dicen y hacen público que en el barrio las apoyarían todos porque la madre las abandonó. Yo tengo un informe de 2017-2018 que indica que la señora ya estaba en la casa y supuestamente se fue porque el padre de las chicas era violento. Cuando el señor enfermó, la madre volvió y cuando falleció, ella se quedó en su casa. Desde mi lugar, en la audiencia quedó sin efecto el plazo para que se vayan y, mientras tanto, activar los mecanismos de protección social para que ellas tengan donde ir. Una de las hijas me contó que tiene un plan, otra un marido que trabaja, y la tercera tiene una asignación por la hija y tramita certificado por discapacidad. Lo que me pareció es que no están dadas las condiciones para desalojarlas hoy, cuándo ocurrirá eso no sabemos. Mientras tanto, quiero recibir informes de organismos de protección, a ver qué se puede hacer. Ahora hay una sentencia de la Justicia Civil que ordena el desalojo, en esa sentencia se presentará el defensor que se nombró para ver cómo actúa en el desalojo”.

Sobre la sentencia de la Justicia Civil que ordenó el desalojo, las tres jóvenes aseguran que la madre falsificó los documentos de propiedad de la vivienda. “La señora dice que el IAPV le adjudicó la casa a ella hace años, y que ella siempre la pagó. Acreditó todos los papeles, regularizó el dominio porque era un terreno familiar en barrio El Morro. Contó que el principio fue una convivencia pacífica con las hijas, que pensaron en que se podían dividir como tres viviendas. Pero después se empezaron a llevar mal, las hijas empezaron a pelearse con la madre y entre ellas, porque hay cuestiones entre las hermanas también. Y eso llevó a la mujer a pedir el desalojo porque ella necesita vivir tranquila, quiere descansar, cuida a un señor de noche y asegura que sus hijas llevan gente a la casa. Ese es el panorama”, sintetizó la jueza de Familia.

“Se les garantizó el derecho de defensa”

La titular del Juzgado de Familia remarcó que a las jóvenes se las escuchó y se les garantizó el derecho de defensa. “Yo recibí a la señora golpeada cuando las hijas se enteraron que las iban a sacar de la casa. Entonces se tomó la decisión porque no quieren acatar las decisiones judiciales. Después hay otras cuestiones: estaban enojadas con la madre porque cobró la pensión del padre fallecido. Las chicas dicen que la pensión les correspondía a ellas pero no, porque son mayores de edad. La versión de las chicas es que fue una madre que las abandonó y ahora que hay cuestiones económicas, vuelve. Esa es la versión de las chicas”.

“En temas de violencia se exige rapidez de la justicia y a veces, se pueden cometer injusticias, pero siempre está la posibilidad de remediarlo. Las decisiones en violencia no son definitivas. Entonces, haberles garantizado el derecho de defensa me da elementos para pedir otras medidas. Pero la denuncia existe. Y el sistema está hecho para dar respuesta a quien denuncia. Después aparecen las chicas diciendo que nadie las escuchó. Pero intervino un equipo técnico, la situación fue evaluada, las chicas fueron citadas a una audiencia. No tomaré medida que impliquen dejarlas a ellas en la calle con sus hijas, porque soy jueza de Familia y debo atender la vulnerabilidad. Pero el criterio de la Justicia Civil es otro. En el lugar hay tres chicos. Las hijas son las tres mayores de edad. La situación conflictiva es de mucho tiempo”, concluyó.