Urribarri-Cardona Herreros: negaron una reparación al Estado de casi 13 millones de pesos

Mauricio Mayer, juez de Garantías número 4 de Paraná, (Foto: ANÁLISIS)

Natalia Buiatti
(de ANÁLISIS)

Fiscalía y defensores llegaron a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba para los imputados Alfonso Campitelli y Jorge Zanabone, en la causa por dádivas que tiene como principales acusados al exgobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

Ese acuerdo entre partes fue ofrecido ante el juez de Garantías N°4 de Paraná, Mauricio Mayer (controla la causa), y contempla una reparación al Estado provincial de casi 13 millones de pesos. La audiencia en la que expusieron los fundamentos los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro por un lado, y los defensores de Campitelli y Zanabone fue el jueves pasado. La resolución se conoció este martes al mediodía.

El acuerdo de probation incluye el pago de sumas millonarias en concepto de reparación y multa al Estado provincial. Puntualmente, las partes ofrecieron 11 millones de pesos para reparar el daño causado al Erario público por las contrataciones otorgadas a la firma Relevamientos Catastrales (durante los gobiernos de Urribarri), a cambio de jugosas dádivas que cobraron funcionarios públicos y personas particulares que integraban la empresa. Además, fiscales y defensores sumaron a ese total una multa y tareas comunitarias que contabilizan otros 2 millones de pesos, es decir casi 13 millones.

El dinero de la reparación no podrá ser recuperado por Entre Ríos, por ahora, por el rechazo de Mayer este martes. Pero Fiscalía apelará la decisión.

Tanto Zanabone como Campitelli son partícipes secundarios de las maniobras investigadas por los fiscales. El primero es gerente de la empresa Relevamientos Catastrales S.A., y apoderado de la firma; y el segundo apoderado y accionista de la empresa Relevamientos Catastrales S.A.

Argumentos

El juez de Garantías rechazó este mediodía el acuerdo entre partes y se preguntó: “¿Qué hacemos con los sobreseimientos que ya se dictaron en la causa?”. Es que hace algunas semanas atrás el propio Mayer decidió el sobreseimiento de Urribarri, Carlos Haidar y Miguel Ulrich porque a su entender, Fiscalía se excedió en los plazos permitidos para investigar.

El magistrado marcó que pese a la decisión de sobreseimiento, los imputados Campitelli y Zanabone decidieron pedir la probation. “Argumentaron que la resolución de sobreseimiento no está firme”.

“En esta causa ya me pronuncié y considero que está fenecida. Si aceptara la probation ofrecida, sería contradictorio con la resolución anterior”, dijo Mayer, en referencia a los sobreseimientos decididos. “Con esto no omito que la probation significa un reconocimiento de los hechos”, acotó Mayer y reconoció que en esta etapa no corresponde porque hay “caducidad de la acción penal”. Para el juez, la homologación del acuerdo entre partes sería una “resolución precipitada”. “Este marco de circunstancias se da de bruces con el derecho de los imputados a tener una resolución en un tiempo razonable”, consideró, por lo cual decidió “no homologar la probation en favor de Zanabone y Campitelli”. 

Roles   

Según el requerimiento de elevación a juicio de la causa presentada por los fiscales, Campitelli y Zanabone actuaron en representación de la firma Relevamientos Catastrales, al igual que los imputados Guillermo Linares y Miriam Fessia (los últimos dos pidieron probation y también fue rechazada por Mayer, posteriormente, el vocal Elvio Garzón revocó ese rechazo).

Los fiscales describieron que Campitelli y Zanabone “intervinieron en la gestión de la contratación desde antes del inicio del trámite administrativo, pues contaban con información anticipada, que les posibilitó confeccionar los pliegos, y ajustar el precio final que iba abonar el Estado provincial por el servicio, dentro del cual estaba contemplado el porcentaje de sobreprecios, que se iba a distribuir entre funcionarios y la empresa beneficiaria, de conformidad a lo acordado entre Urribarri, Cardona Herreros y los funcionarios que integraban el grupo designado para la negociación”.

En audiencias anteriores y el requerimiento de elevación a juicio, se contó que las dádivas fueron identificadas en planillas de la empresa con la sigla PLM, y se pagaron a integrantes de la empresa y funcionarios públicos cada vez que Relevamientos Catastrales contrató con la provincia de Entre Ríos. 

En una de las contrataciones investigadas, los fiscales establecieron que “como ganancia extraordinaria para la empresa Relevamientos Catastrales S.A., se destinó la suma de un millón siete pesos ($1.000.007) que se distribuyó entre Diego Armando Cardona Herreros, Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli”.

 A continuación, se transcribe un párrafo que ejemplifica las dádivas comprobadas: “No podemos dejar de mencionar, que tal como se ha explicado en ese mismo informe contable, se localizaron archivos en los que rutinariamente se incorporaba el detalle de los pagos (registrados habitualmente como PLM) a los funcionarios de nuestra Provincia. Así, surge de las hojas de cálculo adjuntas a los mails enviados por Linares a Campitelli en fecha 27/08/08 con asunto “Cash Agosto”; de fecha 08/10/08 con asunto “Cash Octubre”; de fecha 24/10/08 con asunto “CASH”; de fecha 24/10/08 con asunto Re: CASH. En fecha 03/10/08 Linares le envía a Campitelli un correo con el asunto “Re: AVISO, Transferencia Standard Bank” en el cual se registran cada uno de los pagos de la Provincia con su correspondiente monto de “PLM”, y también le informa que ingresaron $600.000, por lo cual agrega que “dac si me va a pedir el plm de EERR 267.000”.

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