Pidieron que se revoque la prescripción de causa por coacciones contra José Allende

De ANÁLISIS

“Estoy acá como persona, ciudadana, sujeta política y como mujer. Vengo a pedir que se me conceda la posibilidad de tener un juicio justo y que se haga justicia en esta causa de violencia en contexto de género”, dijo la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que se presentó una vez más en los Tribunales locales.

La audiencia fue una instancia de apelación de Fiscalía y querella, tras la decisión del juez de Garantías, Mauricio Mayer, que declaró prescrito el delito denunciado por la ministra de Salud contra el histórico dirigente de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende. Se trata de la causa por coacciones o amenazas, que inició Sonia Velázquez en septiembre de 2018 ante la Unidad Fiscal de Género, a cargo de Leandro Dato.

El 13 de mayo pasado, el juez de primera instancia declaró prescripto el delito. Fue a raíz de un pedido de los defensores de Allende, los abogados Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi. Unos meses antes, el 13 de febrero de 2022, el fiscal Dato había requerido la elevación a juicio del legajo.

Mayer decidió que la investigación feneció y, en efecto, declaró el sobreseimiento de Allende. Sostuvo que el plazo de investigación había excedido la pena en expectativa, tal como lo señalaron los defensores de Allende. Tanto Fiscalía como la querellante particular, Fernanda Vásquez Pinasco, refutaron ese argumento y alertaron a Mayer que para sacar esa cuenta, la defensa de Allende no tuvo en cuenta las “interrupciones” del plazo de prescripción que hubo en el marco de dos ofrecimientos de juicio abreviado que fueron rechazados.

Con un revés para Velásquez por la prescripción declarada por Mayer, ahora la discusión escaló un peldaño. Las partes recurrieron al vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Alejandro Grippo, que deberá confirmar la prescripción o rechazarla. No se comunicó una fecha para dar a conocer la resolución.

“Resolución arbitraria”

Pasadas las 9 de este jueves, el fiscal Dato reclamó a Mayer que revoque la resolución de Mayer. Entendió que la decisión del juez de primera instancia fue “arbitraria” y no contempló el planteo de Fiscalía. “La resolución hizo una aplicación errónea de la ley”, apuntó Dato y recordó en 2020 y 2021 hubo dos ofrecimientos de juicio abreviado que “interrumpieron” el plazo de prescripción. “Sin embargo, Mayer no habla de la interrupción del plazo sino de suspensión. Nunca hablamos de suspensión y sabemos los términos tienen acepciones jurídicas distintas”, acotó y sumó: “No sabemos por qué, Mayer no argumenta el rechazo a nuestro planteo, no dice el por qué. Para nosotros es arbitrario”.

Para el fiscal, si se tuviera en cuenta los dos ofrecimientos de juicio abreviado el plazo de prescripción finalizaría en 2022 o en 2013. “Allende nunca pudo tener esperanza que esta causa se caiga, porque siempre estuvimos detrás de la persecución penal. Además, Mayer nos cuestionó por qué no remitimos a juicio esta causa mientras se plantearon los juicios abreviados, es contradictorio”, manifestó Dato y reclamó “amplitud y perspectiva”.

Novedoso

La querellante Vásquez Pinasco hizo un planteo que resultó novedoso, dado que en la instancia previa no lo había utilizado. Dijo que tanto su representada como ella, nunca estuvieron de acuerdo con la calificación que usó Fiscalía en el pedido de remisión a juicio. Agregó en ese sentido que la acusación pública habla de amenazas simples y, según su criterio, se trata de coacciones agravadas, lo cual elonga la pena en expectativa que aqueje al dirigente sindical.

“La audiencia de remisión a juicio está incompleta. Nosotros no convalidamos la calificación penal, entendemos que se trata de coacciones agravadas. La sentencia de Mayer nos agravia y consideramos que no es razonada”, introdujo y apuntó: “Estos dos años fueron usados por la acusación y el acusado para negociar la conclusión de este proceso. Sonia Velázquez fue un convidado de piedra en todas las negociaciones que hubo entre la acusación pública y la privada”.

Por último, advirtió que una vez concluido el proceso, hará la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “porque siempre fueron vulnerados todos los derechos de ella”, en referencia a Velázquez.

“La garantía está vulnerada”

Por otro lado se expresaron los defensores. Pidieron a Grippo que mantenga la decisión de prescripción dictada por Mayer.

“La garantía ya está vulnerada. Se venció el plazo de prescripción”, dijo Lambruschini y contestó que “el planteo de la querella es novedoso en cuanto al recuento del plazo de prescripción”. “La calificación legal quedó firme y consentida”, acotó.

“La prescripción es una garantía del imputado. No hubo en los ofrecimientos de juicio abreviado un acto de citación a juicio y, por lo tanto, no se interrumpió el plazo de prescripción”, expresó después.

El abogado habló también de “falsa dicotomía entre la disyuntiva que plantea el Ministerio Fiscal respecto del requerimiento de elevación a juicio y los ofrecimientos de juicio abreviado”. “se sugiere que la defensa hizo esto como un  recurso dilatorio y no es así”.  

“El argumento de la querella por la falta de perspectiva va en contra del régimen legal vigente, en contra del juez y la acusación del Ministerio Fiscal porque está inmersa en el sistema patriarcal”, se quejó.

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