Víctor Gabriel Uribe tiene 32 años, vive en la periferia de esta ciudad y, en los papeles, es empleado del Senado bonaerense. Pero la tarjeta de débito con la que, en teoría, cobra su salario, no la tenía él. La usaba el “chocolate” de Pro y de la UCR, Hugo Muguerza, según reconstruyó la Justicia. Y por eso, Uribe se presentó en tribunales con un objetivo: no terminar detenido.

No fue el único. Karina Elisabeth Saraqui (50 años) y Jonathan Iván Villegas (23), también aparecen en los papeles como empleados del Senado provincial y se presentaron ante la Justicia penal de esta capital. ¿Por qué? Porque sus tarjetas de débito las usaban Muguerza y su pareja, María Josefina Ortellado, como propias, y pidieron su eximición de prisión.

Uribe, Saraqui y Villegas estaban citados a declarar como testigos en la investigación sobre los “chocolates” que desviaron cientos de millones de pesos de las arcas públicas, a través de la Legislatura, durante los últimos años. Pero pidieron evitar esas declaraciones. Solicitaron que los releven de la obligación de testificar lo que saben bajo juramento de decir la verdad porque temían incriminarse. Invocaron su derecho a contar con un abogado defensor -los tres, el mismo- y pidieron que se los exima de, eventualmente, terminar tras las rejas.

Los testigos devenidos sospechosos se sumaron así a otra mujer que días antes había recorrido el mismo sendero. Ileana María Daniela Salamanco (47 años), también empleada del Senado en los papeles, había sido citada a declarar como testigo, pero se encuadró a sí misma como potencial acusada y pidió que le permitan contar con asistencia letrada.

Los cuatro empleados del Senado solicitaron, así, pasar de testigos a eventuales imputados ante el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, quien está a cargo de controlar los avances en la pesquisa que impulsa la fiscal Betina Lacki desde septiembre pasado, cuando Julio “Chocolate” Rigau fue detenido en una sucursal del Banco Provincia con 48 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

Fanático de River Plate, Uribe figura en los registros laborales como empleado del Senado provincial, aunque se desempeñó en simultáneo durante 2023 en una empresa del sector hotelero y detalló “servicios de limpieza” como actividad principal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Al igual que otros supuestos empleados del Poder Legislativo bonaerense que aparecen como titulares de las tarjetas de débito que manejaron Rigau, Muguerza y Ortellado, Uribe, Saraqui y Villegas distan de mostrar un encuadro patrimonial holgado. Todo lo contrario.

Uribe aparece en distintos registros oficiales como monotributista en el área de servicios y como beneficiario, actual o en el pasado, de dos programas de asistencias sociales. El primero, el sistema único de asignaciones familiares; el segundo, el programa hogar, por el que se distribuyen garrafas, que garantiza el acceso a la garrafa a las familias de menores ingresos.

Saraqui, por su parte, integra un grupo familiar que trabaja o aparenta trabajar en el Senado, según surge de los registros laborales. Son María de los Ángeles (39), Kevin (26, empleado actual o en el pasado de la Municipalidad de La Plata) y Carla (36, que figura como beneficiaria de una Asignación Universal por Hijo, AUH). , Muguerza también operó las tarjetas de débito de ambos.

Villegas sigue el mismo patrón. Su padre, Alejandro (50, empleado actual o en el pasado de una empresa de caudales y beneficiario de una Asignación Universal por Hijo) y Patricia (57) también aparecen en relación de dependencia, real o no, en el Senado provincial, y Muguerza operó sus tarjetas de débito laborales.

El análisis de La Nación muestra dos datos adicional. El primero, que Saraqui y Villegas declaran un domicilio en la misma cuadra: 140 entre las calles 515 y 517 del barrio San Carlos, en la periferia bonaerense. Y ese barrio, para más datos, es el que Muguerza coordina desde hace décadas para el radicalismo.

El otro dato singular es que, pese a sus ingresos escasos, Uribe, Saraqui y Villegas no requirieron la asistencia de una defensoría oficial. Se presentaron en los tribunales con un letrado de la matrícula, Javier Fernández, como lo hicieron –con otros abogados-, los “chocolates” Rigau, Muguerza y Ortellado, y como también se presentaron Claudio y Facundo Albini, que en los últimos días sumaron a su defensa a Maximiliano Rusconi, abogado de Carlos Menem, Julio de Vido, Lázaro Báez, Nicolás Ciccone y el acusado en la “causa Nisman”, Diego Lagomarsino, entre otros.

Uribe, Saraqui y Villegas compartieron, además, los lineamientos que esgrimió Salamanco cuando se presentó en tribunales. “Tengo derecho a negarme a declarar sobre hechos propios o de guardar silencio sobre circunstancias que, judicialmente relevantes, podrían causarme perjuicio”, planteó Salamanco, que invocó la Constitución Nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales, para fundamentarlo.

Salamanco solicitó, además, una eximición de prisión, tras sostener que podría seguir el recorrido que ya siguieron algunos de los titulares de las 48 tarjetas de débito que Julio “Chocolate” Rigau tenía en sus manos cuando lo detuvieron. ¿Por qué? Porque algunos fueron citados como testigos y, a pedido de la fiscal Lacki terminaron detenidos.

Empleada del Senado bonaerense, en los papeles, Salamanco también figura ante la AFIP como dedicada a la venta de pan y productos de panadería y confitería, y como empleada una firma gastronómica, además de ser pareja de Leonardo Andrés Muguerza, hijo del “chocolate” radical que trabaja para el Pro en el Senado bonaerense y que se encuentra sospechado de haber desviado al menos $300 millones de las arcas públicas.