José Amado
(De ANÁLISIS)
La venta de éxtasis tiene circuitos y formas diferentes al del kiosco de droga barrial, así como generalmente otro perfil de transas. Características que suman dificultades a su detección. Quienes ejercen el comercio de esa sustancia quedan más expuestos cada vez que hay una fiesta electrónica: van a la caza de clientes y en una noche pueden levantar millones de pesos. Hace siete años, Maximiliano Aragonés llegaba a Paraná a hacer su negocio, pero un control en el puesto caminero del Túnel Subfluvial lo descubrió con más de 100 pastillas de la droga de diseño. Ahora fue juzgado en el Tribunal Oral Federal de Paraná y la Fiscalía pidió cuatro años y seis meses de prisión.
En la madrugada del 25 de junio de 2017 el músico Mariano Mellino animaba una fiesta electrónica en un boliche de Paraná. A las 23.43 del 24 de junio, los policías de la caminera detuvieron la marcha de un VW Gol y algo no les cerraba. Le dijeron al conductor que iban a pasar el perro detector de drogas y el hombre les confesó que llevaba “faso”.
Para requisarlo, que iba solo, lo hicieron pasar a un baño y antes de ingresar el hombre arrojó una bolsa zipploc. La levantaron y encontraron adentro el centenar de pastillas de éxtasis, así como cocaína y marihuana.
Aragonés (hoy de 46 años) estuvo detenido siete meses y luego recuperó la libertad. Desde entonces hubo varias idas y vueltas en la causa, hasta que finalmente la semana pasada comenzó a ser juzgado en el TOF de Paraná, presidido por Noemí Berros.
Este miércoles se realizaron los alegatos del fiscal general José Ignacio Candioti y la defensora Corina Beisel.
Candioti valoró todas las pruebas, tanto los elementos secuestrados, como las actas y las declaraciones de testigos. Y particularmente hizo hincapié en los diversos mensajes que había en el celular de Aragonés: “No fue uno o dos mensajes, que a veces sirven como indicadores, aquí la prueba es muy profusos, hay con más de 10 mensajes distintos, de distintas ciudades, habla sobre cuál era el destino de esas pastillas de éxtasis”, destacó.
“La metodología era similar en los distintos casos: primero le mandaba fotos de las pastillas de éxtasis y luego se entablaba el diálogo para que elijan cuál querían, si la de Mickey, las rosadas, las Nintendo, las de Warner Bros, y hacía referencia a los precios”, describió Candioti.
Asimismo, leyó varios ejemplos, y en muchos casos era de personas que iban al boliche Tribus de Santa Fe donde se encontraban para realizar las transacciones.
En este punto, cabe destacar que se incorporó al expediente una denuncia contra Aragonés radicada en la ciudad de Santa Fe. Allí una persona lo denunció por venderle pastillas de éxtasis a su hermano menor, un chico de 17 años que estuvo internado una semana en el hospital Cullen como consecuencia de los efectos adversos a la salud provocados por el consumo de esa sustancia.
Aquella denuncia fue archivada en la vecina capital, pero se incorporó al expediente en la Justicia Federal de Paraná como una prueba clara, no sólo del accionar de Aragonés sino del daño a la salud que provocaba.
Al respecto, el fiscal general insistió en algo que viene subrayando en este tipo de causas: “Los operadores judiciales y la sociedad en general no podemos ser indiferentes ni al flagelo de las drogas ni al flagelo que está causando esto. La Iglesia recientemente en un documento también hizo hincapié en esta cuestión. Pero más en cuanto al éxtasis. Todas las drogas nocivas pero por sus efectos, en diversas fiestas electrónicas se han muerto personas”, y recordó varios casos que sucedieron, incluso en forma concomitante a juicios por tráfico de éxtasis que se desarrollaban en este Tribunal.
“La verdad, seamos conscientes del daño que ocasiona justamente el éxtasis y por eso ponderémoslo en su debido precio. Por eso, esta conducta no puede quedar impune”, consideró.
El pedido de pena para Aragonés por parte del fiscal Candioti fue algo novedoso. El delito de comercio de drogas tiene una pena mínima de cuatro años de prisión efectiva. Así lo dice la Ley. Sin embargo, en varias ocasiones el Tribunal Oral Federal de Paraná, así como otros jueces del país, vienen imponiendo penas menores (“perforando el mínimo de la pena”, le dicen) al considerar aspectos particulares del caso, como la magnitud del hecho, la situación de vida de la persona acusada, el paso del tiempo y los cambios que pudieron existir, y que la cárcel implicaría un retroceso en el objetivo de la “resocialización” que marca la Constitución sobre las penas, entre otros aspectos.
Candioti, en este caso, entendió que deben valorarse varias cuestiones. Por un lado, la declaración de Aragonés en el juicio, donde expresó un “reconocimiento sincero” del delito que cometió, expresó su arrepentimiento, contó que abandonó aquellas prácticas, así como “un cambio de vida”, ya que hoy tiene un trabajo genuino que le permite sostener a su familia. Por otro lado, consideró que el encarcelamiento no sirve para su resocialización.
Pero el fiscal no pidió que se le imponga una pena menor, que sería un mal mensaje para la sociedad. “Se dice que ‘las penas son duras’, o ‘las penas son blandas’. La verdad es que, si nos tomamos en serio nuestro trabajo, lo que tenemos que lograr es que las penas sean justas, que sea proporcional justamente a la conducta cometida. Por ello pidió que Aragonés cumpla cuatro años y medio de encierro, pero bajo la modalidad de prisión domiciliaria. En este sentido desarrolló el concepto de “interpretación en equidad”.
“Debo tener en cuenta que hubo un paso del tiempo desde el momento del hecho, que no es atribuible al Tribunal, ni al Juzgado, pero lo concreto es que en ese tiempo el imputado recuperó la libertad, y ahora está en libertad. Y uno se pregunta qué sentido tendría regresarlo a la Unidad Penal cuando el imputado en este tiempo ha adoptado una conducta fiel al derecho, tiene un trabajo digno, tiene para darle a comer con su trabajo a sus hijos, a su pareja, hace deporte (…) Además, cumpliría más acabadamente con el fin resocializador de la pena: se cumpliría más estando en prisión pero en el domicilio que tras las rejas en la unidad penal”, concluyó Candioti.
A su turno, la defensora Corina Beisel destacó los argumentos del fiscal, pero solicitó que se le imponga a Aragonés la pena de tres años de prisión condicional.
Este viernes 30 de agosto, el imputado dará su última palabra y luego se aguardará el adelanto del veredicto de la jueza Noemí Berros.
