El 19 de octubre se abrieron los sobres de la licitación de la obra "Costanera Nebel", una inversión anunciada por el Gobierno de Entre Ríos de casi 600 millones de pesos. Dicho anuncio, trajo preocupación a los vecinos que viven en el barrio “Parque Río Uruguay", que no descartan acudir a la Justicia.

Es que nucleados en una Asociación Civil vecinal de fomento de dicho barrio, conocida e inscripta en los registros públicos y fiscales como Acción Vecinal Concordia, mostraron a El Entre Ríos, “su preocupación ya a fines de 2020 con los anuncios del proyecto, habiendo presentando notas y realizando consultas a las autoridades provinciales y municipales, jamás fueron respondidas de manera formal, solicitando que sean consultados en cuanto al proyecto que modificará en gran parte la vida del barrio”.

Recordaron, además, que en febrero, “en los medios se publicó que el Presidente de Casfesg, (al frente del proyecto de obra), ingeniero Luis Benedetto, anticipó que se iba a consultar a los vecinos, cosa que jamás ocurrió ".

Resaltó, al respecto, un miembro de la Comisión de dicha asociación que "también se consultó y presentó nota al municipio, logrando solo una respuesta verbal del área Obras Públicas, aclarando que ellos no intervienen y así se fueron tirando la pelota".

Analizan presentar un amparo

Anticiparon que, dentro de las acciones a seguir por dicha Asociación, no descartan la vía del amparo en el fuero correspondiente, en cuanto al incumplimiento de la normativa ambiental, “haciendo responsables a las autoridades quienes deben informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas, la consulta pública y el derecho que los asiste en la participación social en los procesos de toma de decisión, artículos 2, 19 a 21 de la Ley Ambiental de rigor, entre otros incumplimientos detectados”.

Es así que, apelando a la Ley que norma la política ambiental de la Nación, es que anticiparon que analizan la presentación de un amparo colectivo “para terminar con la conducta antidemocrática que han mostrado las autoridades al día de hoy, dando la espalda a los vecinos que conviven en la zona, haciendo responsable tanto al Estado Nacional (origen de los fondos) como el provincial (proyecto y ejecución) y al municipal como contralor del mismo”.