Una de las consecuencias más cuestionables por ilegítima de la “guerra contra el narcotráfico” que pregona el Gobierno nacional, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como abanderada, es el costo que insume al Estado la apertura de causas contra consumidores. En los años 2016, 2017 y 2018 se iniciaron 30.185 causas por “tenencia simple o para consumo” o por el cultivo, siembra o guarda de semillas y el Estado Nacional, a través del Ministerio Público Fiscal, “gastó aproximadamente 2.400 millones de pesos, unos 122 millones de dólares, más de 40 millones de dólares por año”. Las cifras, que podrían ser utilizadas “para abordajes sensatos y humanitarios” surgen de un estudio realizado por la ONG Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos.

En el trabajo, realizado por Ricardo Ancillai Pont, Antonella Tiravassi, Virginia Labiano, Marcos Torti Iermini, Tomás Camarasa y Mariano Fusero, se especifica que sólo en las causas por tenencia se gastaron 84 millones de dólares en los tres años señalados. En promedio, cada una de las causas relacionadas con la Ley de Drogas 23.737 tuvo un costo estimado en 55 mil pesos, equivalentes a unos dos mil dólares. Las sumas señaladas “son parciales y conservadoras” `porque no se tiene acceso a costos en las justicias provinciales que adhieren a las políticas marcadas por el gobierno nacional.

En el informe se señala como uno de los datos centrales que “la persecución y criminalización de las personas que usan drogas han tenido un costo social incalculable en materia de vulneración de derechos humanos, violencia institucional, estigmatización social y recursos económicos direccionados a la criminalización selectiva”. Esos fondos se gastan “en desmedro” de `políticas que podrían ser destinadas “a abordajes sensatos y humanitarios”, publicó Página12.

Además de lesionar los fundamentos del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2009, que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de marihuana para uso personal, las políticas estatales “no han evitado el aumento exponencial de los consumos, ni bajado los índices de criminalidad asociados a la disputa por el mercado ilegal de abastecimiento”.

Se aclara que para el estudio se tomó en cuenta lo actuado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, conclusiones a las que habría que sumarle los costos de la penalización en las siete jurisdicciones que adhirieron a la Ley de Desfederalización, entre ellas la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por dificultades en el acceso a los datos oficiales, no se pudieron establecer de manera fehaciente los costos de la penalización por consumo en esas jurisdicciones, algunas de las cuales son muy importantes. Como ejemplo se señala que “la justicia federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba reúnen el 83 por ciento de las condenas por aplicación de la Ley de Drogas”. Se hizo de todas maneras una “comparación con los costos de nivel nacional. Los datos oficiales se conocieron por un pedido expreso formulado a la Procuración General de la Nación.

Se menciona, además, que en 2011, el Observatorio Argentino de Drogas (OAD) dependiente de la SEDRONAR, había advertido que la mayoría de los gastos gubernamentales directos (el 95 por ciento) respecto al abordaje del fenómeno de drogas ilícitas, correspondían “a las actividades de reducción de la oferta (represión)”. De ese porcentaje global, “cerca del 81 por ciento era destinado al Poder Judicial para el tratamiento de las causas judiciales”.

Apenas el cinco por ciento de los recursos presupuestarios se destinaba “a la reducción de la demanda (tratamiento y prevención de las adicciones)”. La distribución de las partidas presupuestarias marcan “un contraste con la de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que para el año 2018 otorgó de una partida de 33.312,30 millones de dólares el 52 por ciento a reducción de la demanda y 48 por ciento a reducción de la oferta”.

Del análisis realizado por RESET surge que el Estado Nacional, a través del Ministerio Público Fiscal “desperdicia una importante porción de recursos en la persecución de personas que consumen drogas”. Se insiste en que los datos sobre costos se calcularon “tratando de mantener la mayor rigurosidad metodológica con los límites impuestos por la información pública existente y la solicitada al Estado Nacional en la etapa de persecución de hipotéticos delitos”.

Como dato importante para certificar la moderación en la estimación de los costos de la persecución a consumidores, se destaca que se dejaron fuera de análisis “las instancias previas en la criminalización secundaria, en la que contemplamos la actividad represiva de las fuerzas de seguridad, la etapa posterior a la investigación fiscal en los casos de juzgamiento de las personas por los tribunales, los costos de detención y prisionización en instituciones carcelarias y comisarias, los gastos derivados del establecimiento de medidas educativas y curativas establecidas en la ley 23.737”, entre otros aspectos.

En el fallo de la Corte de 2009 “se exigió al Congreso Nacional que sancione una normativa destinada” a hacer cumplir el cese de la persecución penal por consumo”, pero hasta el momento, el Poder Legislativo “no ha avanzado en la sanción de una norma en tal sentido, configurando ello una deuda improrrogable de nuestro sistema democrático”.

Lo más cuestionable es que esa falencia persiste “a pesar de los cuantiosos proyectos presentados por diversas bancadas partidarias”, durante los últimos dos gobiernos nacionales. Además de decenas de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales a favor de la despenalización de conductas asociadas al consumo, y de “trabajos doctrinarios que demuestran la ineficacia de dichos abordajes”.

Los responsables del estudio recomiendan la despenalización de los usuarios de drogas y la aplicación de “políticas educativas, de salud, desarrollo social y reducción de daños”, en lugar de las actuales “políticas represivas”. Al mismo tiempo, plantean la necesidad de ir “avanzando hacia modelos regulatorios de las sustancias”, en concordancia con el acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, presentado este mes por 21 organizaciones cannábicas, de derechos humanos, ciencias sociales, educación y salud mental.

Mediante ese cambio de paradigma “no sólo se ahorrarían cuantiosos recursos públicos, sino que, incluso, podrían generarse considerables ingresos en licencias, tributación y puestos laborales”, a la vez que “las fuerzas de seguridad, fiscalías y juzgados podrían poner sus esfuerzos y presupuestos en la persecución de crímenes que representen un verdadero grado de lesividad para con la sociedad”. Esta sería la opción correcta, en lugar de “dilapidarlos (a los recursos) en la persecución y sanción de conductas que hacen a la libertad, privacidad, autodeterminación y soberanía personal” de los consumidores.