El nuevo gobierno de Alberto Fernández apunta a que la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal más poderoso para combatir el lavado de dinero y controlar las cuentas acá y en el exterior de los bancos, las empresas y los grandes hombres de negocios, tenga una gestión técnica y no sea usado como herramienta política. Por ello está pensando alternativas para su diseño y se encamina a nombrar al frente de esa oficina tan sensible al ex canciller Rafael Bielsa.

En un primer momento se había mencionado la posibilidad de que la UIF dependiera de la Procuración del Tesoro, que es el estratégico lugar donde Cristina Kirchner colocó a su mano derecha, Carlos Zannini, como abogado de los intereses del Estado en los litigios con los grupos económicos.

Sin embargo, allegados a Zannini dijeron que el perfil que se pretende de la UIF es más técnico que ideológico y que la Procuración del Tesoro es una dependencia con innumerables áreas jurídicas delicadas como para diversificar más sus funciones.

En paralelo, fuentes de las oficinas de Alberto Fernández, ante la consulta del diario La Nación, mencionaron la posibilidad de que Bielsa ocupe ese lugar. Cristina Kirchner, al tanto de esta propuesta, es una de las que avalan la idea, dijeron otras fuentes cercanas al kirchnerismo.

Se trata de una designación delicada. La información, por ejemplo, que permitió enjuiciar a Lázaro Báez por lavado de dinero y probar que sus hijos son beneficiarios finales de cuentas en Suiza llegó a través de la UIF, y mediante un proceso de cooperación judicial internacional. La información sobre las compras de lujosas Ferrari, Audi, campos e inmuebles de los implicados en la causa de lavado de dinero de Báez llegó también a través de la UIF.

Los datos del Lava Jato argentino y sobre cómo fluyó el dinero por diferentes cuentas y paraísos fiscales para pagar sobornos llegaron también por vía de la red de información financiera de la UIF.

Y es la UIF la que permitió avanzar en la causa de los cuadernos de la corrupción en la ruta del dinero de Daniel Muñoz, el ex secretario fallecido de Cristina Kirchner que acumuló una fortuna que le permitió comprar departamentos en Miami, Nueva York y hasta montar un emprendimiento inmobiliario en las paradisíacas playas de Turcos y Kaycos. Muñoz era quien recibía los bolsos con dinero de los empresarios en el departamento de Cristina Kirchner, según declararon arrepentidos en el caso.

El organismo

La Unidad de Información Financiera es el organismo dedicado al control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional. Su materia prima más sensible es la información financiera que recibe de los bancos, financieras, compañías de seguros, agentes inmobiliarios, casinos, bingos, loterías, hipódromos, agentes y sociedades de Bolsa, concesionarias de autos, de embarcaciones, marchantes transportadores de caudales, despachantes de aduana, escribanos y hasta la Asociación del Fútbol Argentino, publicó el diario La Nación.

Todos ellos están obligados a realizar un reporte de operación sospechosa ante la UIF si la operación financiera en las que intervienen no se compadece con el perfil económico de su cliente. Y si no lo hacen pueden ser acusados de partícipes del delito de lavado.

Este bagaje permanente de información local que recibe la UIF sobre todo el movimiento económico de mayor volumen se complementa con la información internacional que intercambia este organismo de manera directa con otras oficinas similares que funcionan en cerca de 40 países. Es información económica, bancaria, financiera sensible, que debería circular de punta a punta, sin que la política interfiera en cómo va a ser utilizada.

Uso político

La UIF es un organismo autárquico, que si bien está en la órbita de la Secretaría de Hacienda no tiene una dependencia funcional. Actualmente es presidida por Mariano Federici y su segunda es María Eugenia Talerico. En el kirchnerismo, el titular de la UIF fue José Sbatella.

En los tribunales, Sbatella fue acusado de hacer un uso político de la UIF para perseguir opositores, lo que generó desconfianza en los países con que se realiza el intercambio de información. Ahora Federici también fue denunciado por la oposición y se le critica al organismo haber sido querellante en nombre del Estado.

La UIF debe cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental cuyo propósito es promover políticas, a nivel nacional e internacional, para combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo. Tiene 36 miembros plenos, ocho asociados -grupos regionales estilo GAFI- y 25 miembros observadores. Entre los estándares del GAFI para combatir el lavado está la necesidad de tener una UIF independiente.

Además, los diversos países del mundo integran una red de intercambio de información financiera, que se denomina Grupo Egmont. El Grupo Egmont está conformado por las UIF y lo que realizan es el intercambio recíproco de información de inteligencia financiera.

Los Principios para el Intercambio de la Información del Grupo Egmont son la confidencialidad, la reciprocidad, la celeridad, la seguridad y la informalidad. Quien preside actualmente el grupo Egmont es Federici.

La Argentina debe comenzar a fin del año próximo un delicado proceso de evaluación de sus políticas antilavado, que estará a cargo del GAFI. Una mala nota o un descenso en el nivel de cumplimiento de la Argentina la convertiría en una paria en el sistema de intercambio de información financiera internacional.

El candidato Bielsa

Son las ramificaciones internacionales de esta organización las que hicieron pensar en el gobierno entrante que Rafael Bielsa podría ser un buen candidato para esa plaza.

Bielsa fue ministro de Relaciones Exteriores cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, hasta diciembre de 2005, fecha en la que asumió como diputado. Luego, condujo la Sedronar y presidió la empresa Aeropuertos Argentina 2000.

Hace dos semanas presentó un libro que apoya la idea del lawfare, un concepto en boga en el progresismo latinoamericano, que pregona que la Justicia se utiliza como herramienta de la lucha política para combatir gobiernos populares. Una idea poco técnica y jurídica y más cerca del perfil ideológico que dicen que no va a tener esta UIF.

Aún no se conoce en qué lugar del organigrama del Estado se ubicará la UIF en el gobierno de Alberto Fernández. Descartada su dependencia de la Procuración del Tesoro, se analiza la posibilidad de que dependa de la Procuración General de la Nación, o que regrese a la órbita del Ministerio de Justicia.

Otra opción que se analiza es que dependa de un Consejo de Seguridad, con participación parlamentaria de oficialistas y opositores, como el que se pensaba poner en marcha con Diego Gorgal como ministro del área. Pero, descartado Gorgal, nadie sabe si la idea del Consejo de Seguridad seguiría en pie.