Centro Penal de Justicia de Rosario.
Los dos evadidos se escaparon pocos minutos antes de conocerse sus sentencias; sospechan que esos casos están vinculados con la depuración de la policía.
Estaba todo listo para que Ariel Acosta, sicario de la banda de René Ungaro, uno de los jefes narco de Rosario, fuera condenado en un juicio abreviado a 13 años de prisión. Esperaba en una celda en el subsuelo del nuevo edificio del Centro Penal de Justicia, en Rosario, pero tres horas antes de verse la cara con el juez y los fiscales logró escaparse con la ayuda de dos agentes del Servicio Penitenciario que luego fueron detenidos.
Unas horas antes ocurrió otro hecho similar. Lucas Ponce, yerno de Máximo Cantero, uno de los líderes de Los Monos, se fugó unas horas antes de escuchar la condena a 18 años de prisión por un asesinato.
Ese hombre estaba con detención domiciliaria, aunque se sabía que iba a recibir una dura condena. De todas maneras, el tribunal se opuso a sacarle ese beneficio y cuando lo fueron a buscar para ir al Centro de Justicia Penal detectaron que se había arrancado la tobillera electrónica y se había fugado.
Estos hechos se produjeron en un contexto de tensión en la policía de Santa Fe, luego de los cambios que realizó hace tres días el nuevo ministro de Seguridad Marcelo Saín, que relevó a 31 jefes de unidades regionales e intervino la Jefatura de San Lorenzo, donde hay dos comisarios imputados en una causa en la que está preso uno de los narcos más importantes de Rosario, Esteban Alvarado.
Se sospecha que el caso de Teletubi Acosta está íntimamente ligado a este intento de depuración dentro de la estructura policial. La secuencia comenzó hace una semana, cuando Walter Gómez, en ese momento jefe de la Policía de Rosario, anunció por los medios que “renunciaba” a su cargo porque ninguna autoridad de la gestión de Omar Perotti se había comunicado con él. Otros dos jefes de Reconquista y Rafaela tomaron la misma postura que Gómez, que decidió retirar la custodia policial de los edificios judiciales que fueron atacados desde 2018 por Los Monos y la banda de Esteban Alvarado. El ministro de Seguridad lo intimó en un mensaje de WhatsApp a que restituyera la seguridad en esos lugares. De no hacerlo, “la cosa se va a poner picante”, le advirtió.
Esta semana Gómez fue removido y ahora enfrenta una causa judicial por incumplimiento de deberes de funcionario público, en la que el propio ministro se ofreció a declarar en su contra. También fue removida la jefa de seguridad del Centro de Penal de Justicia. Su reemplazante asumió ayer, pocas horas antes de que Acosta se fugara de la celda que se encuentra en el subsuelo, donde esperaba el final de un juicio abreviado y la condena a 13 años por asociación ilícita y homicidio, según explicó a La Nación el fiscal Matías Edery.
Los investigadores revisaron ayer las cámaras de seguridad del edificio para ver cómo Acosta logró escaparse caminando. Dos agentes del Servicio Penitenciario que estaban a cargo del cuidado de los presos fueron detenidos y serán acusados de facilitamiento de fuga.
En el caso de Ponce, el yerno del líder de Los Monos, su fuga está vinculada a una extraña decisión del camarista Carlos Carbone que decidió darle detención domiciliaria, luego de que los abogados apelaran la prisión preventiva. Consiguieron que Ponce esperara el juicio en su casa con una tobillera electrónica. El ahora prófugo está acusado del asesinato de Sebastián Oviedo y la fiscal pidió 20 años de prisión.
El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Pérez Urrechu, Facundo Becerra y María Trinidad Chiabrera, tenía previsto emitir su fallo a las 13 del viernes, con una condena establecida en 18 años. Sin embargo, el entonces acusado simplemente dejó su casa y se fugó.
