Luego de un debate de casi tres horas, el Senado de Mendoza aprobó la derogación de la nueva ley de minería y ahora la decisión final la tendrá la Cámara de Diputados, en donde se espera que salga sin inconvenientes. En la Cámara alta, la votación no fue unánime: 34 lo hicieron a favor y 2 en contra, de las senadoras Hilda Quiroga y Gladys Ruiz.

Lo que busca el Congreso provincial es dar marcha atrás a la iniciativa que permite el uso de sustancias químicas para la explotación minera y que se restablezca la vieja ley 7.722. Esto ocurrió luego de masivas protestas sociales que obligaron al gobernador, Rodolfo Suárez, a derogar la norma.

"Si bien esta ley es legal, no tiene la legitimidad del pueblo", expresó días atrás el mandatario anunciando que daría marcha atrás a la iniciativa. Asediado por las masivas manifestaciones sociales, tuvo que ceder y anular la implementación de la norma que permite el uso de ácido sulfúrico, cianuro, entre otras sustancias que contaminarían el agua. “No dimensionamos esto y como gobernador asumo toda la responsabilidad que tenga que asumir”, sostuvo Suárez según publicó Infobae.

Tras una serie de manifestaciones, el mandatario de Juntos por el Cambio había impedido la reglamentación y tenía previsto dejar sin efecto la norma recién en el mes de mayo, al comienzo de las sesiones ordinarias. Sin embargo, por temor a la cancelación de la Fiesta de la Vendimia -que muchas de sus reinas departamentales pertenecen a los distritos donde se iban a realizar la inversión minera- Suárez convocó a una sesión especial este lunes para concluir la derogación de la ley.

"Para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza", agregó Suárez en referencia a las distintas manifestaciones espontáneas que se armaron durante la última semana.

La normativa había sido aprobada el pasado 20 de diciembre en la Cámara alta con 29 votos a favor y 7 en contra, mientras que en la Baja fue de 36 votos positivos, 11 negativos y una abstención. El gobernador publicó el 24 de diciembre en el Boletín Oficial la nueva reglamentación minera, a pesar del fuerte rechazo que se vio frente a la Casa de Gobierno mendocina. En las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley, se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico, lo que permite separar los metales extraídos de la roca y habilita la minería metalífera a cielo abierto, mientras que se mantiene la prohibición del uso del mercurio.

Además, la norma promulgada creaba una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas” que deberá informar anualmente el estado del ambiente en relación con la actividad minera y petrolera.

Durante el debate legislativo, el gobierno de Mendoza argumentó que los cambios en las regulaciones mineras generarían 17.550 puestos de trabajo directos, y que podrían llegar a 39.240 empleos cuando los seis grandes proyectos mineros en carpeta estuvieran funcionando.

Tras haberse aprobado la medida, una multitud que se hizo presente demostrando su descontento -en una marcha que se consideró “histórica” y que abarcó ocho cuadras de personas- terminó con corridas, incidentes y gases lacrimógenos. El fuerte cruce con las fuerzas de seguridad culminó con 45 policías heridos y 16 manifestantes aprehendidos, según fuentes de la propia fuerza.