La revisión del pasado: entre la persecución K y el pedido cauto de Alberto Fernández

El Presidente no quiere embarcarse en batallas judiciales contra el macrismo, pero un sector del kirchnerismo ya prepara denuncias.

El Presidente no quiere embarcarse en batallas judiciales contra el macrismo, pero un sector del kirchnerismo ya prepara denuncias.

“No perseguirás”. El mandamiento con el que Alberto Fernández evangelizó al gabinete fue adoptado en los despachos de los Ministerios. La consigna que bajó desde la Casa Rosada es que los funcionarios no le destinen tiempo y recursos a escarbar en los expedientes del macrismo como una “excursión de pesca”, como se dice en el derecho penal cuando se investiga sin un motivo, solo para ver qué hay.

“El mensaje de Alberto es que no va a haber una revisión de lo que se hizo solo a los fines de perseguir al ex gobierno, como hicieron, por ejemplo, en Vialidad durante el macrismo”, apuntó una fuente del Gobierno en alusión a la denuncia que llevó a Cristina Kirchner a su primer juicio público por corrupción.

La regla “antigrieta” tiene su excepción en los casos en los que, en el curso de la gestión, los nuevos funcionarios se encuentren con información o hechos que hagan presumir la existencia de un delito. Si aparecen diez mil dólares cash en un cajón -como ocurrió esta semana en el Ministerio de Desarrollo Productivo- es obligación denunciarlo en la Justicia, como indica el Código Procesal Penal, publicó el diario La Nación.

“Lo que queremos es terminar con la persecución de unos a otros. Nuestro tiempo tiene que estar en la gestión. Si en el camino nos encontramos con un hecho que podría ser un delito se denunciará”, dijo un alto funcionario que camina el ala presidencial de la Casa Rosada.

En los Ministerios que tienen a su cargo grandes contrataciones públicas aseguran que elaboraron un estado de situación, más para definir cursos de gestión que para revisar los expedientes del macrismo.

“Encontramos que se hicieron gastos que consideramos disparatados para el erario público o medidas con las que no estamos de acuerdo y lo revisamos para ver qué curso le vamos a dar. Distinto es si nos topamos con cosas con apariencia de delito. Ahí el funcionario tiene la obligación de tirar de la piola. Primero porque es su obligación denunciarlo y, segundo, porque no puede convalidarlo con su firma”, dijo al diario La Nación un colaborador de un área con manejo de caja.

Fuentes del Gobierno confirmaron que se está revisando con especial detenimiento, por ejemplo, qué hizo la gestión de Macri en materia de subsidios a los corredores viales y algunos contratos de participación público-privada (PPP).

 

Ala dura

 

La pacificación que pretende Alberto Fernández choca con el ánimo que hay en el kirchnerismo duro, que viene transmitiendo públicamente que está resuelto a denunciar a exfuncionarios vinculados a la gestión judicial. “Si no va a haber guerra, nosotros queremos, al menos, dar una batalla”, ilustró esta semana un referente que tiene acceso abierto al Instituto Patria.

Los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau ya tienen redactado el borrador de una denuncia por presunta “asociación ilícita” contra la llamada “mesa judicial”, como se conoció a las reuniones de los funcionarios que asesoraban a Macri en los temas tribunalicios y evaluaban las ternas elevadas al Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en los juzgados.

Cristina Kirchner ya había apuntado a estos exfuncionarios desde el banquillo, durante su acto de defensa en el juicio de Vialidad. Allí hizo una vehemente denuncia contra el lawfare y apuntó a las reuniones de “la mesita judicial”. Tailhade y Moreau son dos diputados de llegada directa a la expresidenta.

El borrador de la denuncia cuestiona el rol del oficialismo en el Consejo de la Magistratura y denuncia al Programa de Protección a Testigos. Se respalda en el documento del relator especial sobre la “Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas” (ONU), el peruano Diego García-Sayán, que (basado en denuncias que llegaron a su relatoría) pidió informes al anterior gobierno sobre “la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial” supuestamente ejecutado “por parte del Poder Ejecutivo”.

Tal como publicó este medio, el anterior gobierno ya respondió en Ginebra que las relatorías de la ONU deben “tratar siempre de establecer los hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna” y puso en duda la “objetividad e imparcialidad” de los denunciantes; algunos de ellos, abogados de exfuncionarios acusados de corrupción.

“No hay voluntad de poner el Estado al servicio de la persecución política, pero hay hechos que se tienen que dar a conocer”, alegó una figura del kirchnerismo. “Alberto fue el primero en denunciar los sótanos de la democracia”, dijo, en un intento de mostrarse alineado con la Casa Rosada.

El ánimo de Alberto Fernández de no destinar recursos a la revisión de la gestión anterior tiene un reflejo claro en la Oficina Anticorrupción, a donde asumió el fiscal Félix Crous. El organismo está adoptando un perfil predominantemente preventivo mientras que sector de “investigaciones” -el que hace pesquisas ex post contra funcionarios y radica las denuncias penales- ya redujo su personal en un 25 por ciento.

Una denuncia como la del hallazgo de los diez mil dólares en Producción, no obstante, debería tener un capítulo en la Oficina Anticorrupción.

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