En medio de la pandemia mundial por el coronavirus, la Argentina recuerda este martes lo que pasó hace 44 años, cuando un golpe de Estado derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y abrió una de las etapas más negras de la historia nacional.

La Justicia dio repuestas en los primeros años de la democracia con el Juicio a las Juntas, cuando la Cámara Federal condenó en 1985 a los comandantes de la dictadura y dejó expuesto el terrorismo de Estado, a través de los testimonios de sus sobrevivientes. Fueron 709 casos, seleccionados de las miles de denuncias que había recolectado la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

El 18 de setiembre de 1985, el fiscal Julio Strassera pronunció las palabras que retumban en la memoria colectiva: “Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya al pueblo argentino. Señores jueces, nunca más”.

Pero en 1986, vinieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que frenaron el castigo a aquellos que cumplieron órdenes, en medio de levantamientos carapintadas. Y en 1989, el ex presidente Carlos Menem firmó los indultos que beneficiaron a los jefes de las Juntas, y a las primeras y segundas líneas que habían sido condenadas, pero también a los jefes guerrilleros que habían sido juzgados en otros procesos.

Para el año 2000 los tribunales europeos empezaron a detener a los militares argentinos que salían de las fronteras, en el marco de la llamada justicia universal. Se trataba de las causas abiertas del otro lado del Atlántico para juzgar a los responsables de los crímenes que habían vivido aquí como ciudadanos europeos.

Hasta entonces, los tribunales argentinos sólo actuaban buscando a los niños que habían sido secuestrados, porque el robo de su identidad se seguía cometiendo. Luego en Comodoro Py se declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón. Además, ya se hacían juicios por la verdad, en donde se ventilaban casos que habían sucedido, sin posibilidad de condenar a los responsables. Y la agrupación Hijos, desde 1998, había comenzado con los “escraches”.

En 2003, el Congreso derogó las llamadas leyes de impunidad y abrió la puerta para juzgar a los acusados de la represión por crímenes de lesa humanidad que en 2005 la Corte Suprema consideró imprescriptibles. Desde entonces, los procesos para juzgar lo que ocurrió en distintos centros clandestinos de detención no se detuvieron.

Al día de hoy, existen un total de 592 causas en trámite. Unas 266, es decir el 45 por ciento de esas causas, se encuentra en etapa de instrucción. Otras 241, un 41 por ciento, ya tuvo sentencia. Hay otras 65 causas (11 por ciento) que fueron elevadas a juicio oral, y un 3 por ciento, una veintena, está actualmente en juicio oral, según el relevamiento que informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos.

Los datos también indican que para que una sentencia quede firme se necesita un promedio de 5,3 años. Esto quiere decir: desde que llega a un tribunal oral, se hace el juicio, se da a un veredicto, y pasa es revisado por la Cámara Federal de Casación Penal hasta llegar a la Corte Suprema. Ese período del tiempo excluye el período de instrucción, es decir la investigación inicial.

Las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas. No porque cambie especialmente la modalidad, si bien se dieron arrestos domiciliarios, sino porque bajaron las detenciones. A inicios de marzo, la cifra de arrestados llegaba a 913.

Pero estos datos, vale aclarar, son anteriores al decreto que impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que determinó quiénes era las personas en riesgo -entre ellos los mayores de 60 años-, y llevó a muchos de los condenados por crímenes de lesa humanidad, como Alfredo Astiz o Miguel Etchecolatz, a pedir su arresto domiciliario por el temor a contraer coronavirus.

En 2015 había 603 personas bajo el sistema penitenciario y otras 439 en arresto domiciliario; hoy hay 195 en el sistema penitenciario y 637 detenidos en sus casas, según los datos de la Procuración.

Los números de la PCCH indican que hay 3.161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad. De ellas, el 47 por ciento se encuentran libres (unas 1563), mientras que el 28% están detenidas (913). El 24 por ciento restante, unas 811, ya fallecieron.

En el marco de las investigaciones, hubo 968 personas condenadas y 156 absueltas. Otras 637 personas están procesadas y hay 544 imputadas. Todavía se registran 28 prófugos.

Entre los absueltos, durante 2019, se destaca Cesar Milani, el ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner. Primero fue absuelto por la acusación de secuestros y torturas sufridos por Pedro y Ramón Olivera en marzo de 1977, cuando el militar se desempeñaba como subteniente del Batallón 141 de La Rioja, que lo había llevado a la cárcel en 2016. Al mes siguiente, fue absuelto por la desaparición de la desaparición del soldado Alberto Ledo en 1976.