El Gobierno Nacional ya envió la semana pasada el proyecto de moratoria que permite cancelar en cuotas las deudas impositivas, previsional, y aduaneras contraídas hasta el 30 de junio pasado.

El proyecto de ley de moratoria enviado por el Poder Ejecutivo podría comenzar a discutirse en los próximos días en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, según fuentes parlamentarias consultadas por Télam.

En el Congreso aguardan también que las autoridades del Palacio de Hacienda presenten en el corto plazo la ampliación del Presupuesto 2020 y el proyecto de renegociación de la deuda emitida bajo legislación local, que el oficialismo quiere aprobar antes de que finalice el corriente mes.

El Gobierno nacional ya envió la semana pasada el proyecto de moratoria que permite cancelar en cuotas las deudas impositivas, previsional, y aduaneras contraídas hasta el 30 de junio pasado.

El bloque de diputados del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, comenzará a definir mañana el esquema para aprobar esta iniciativa, que podría tratarse este mismo miércoles en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

En forma paralela, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, buscará avanzar en acuerdos con los jefes de bloques opositores de un cronograma para sancionar estas tres leyes en julio, luego de haber obtenido el respaldo de mandatarios de la oposición en la última reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández con los gobernadores, publicó la agencia estatal Télam.

En esa ocasión, Massa consiguió el respaldo del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horario Rodríguez Larreta; de los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Jujuy Gerardo Morales; de Río Negro, Arabela Carreras; y de Corrientes, Gustavo Valdés; para sancionar los proyectos de moratoria, renegociación de la deuda local y ampliación del presupuesto 2020, informaron fuentes parlamentarias.

Hasta ahora el Gobierno solo envió la ampliación de la moratoria -cuyo plan original solo contempla a las pymes- que incluye a todo tipo de empresas.

En este marco, el primer objetivo del oficialismo es avanzar con el proyecto de moratoria para las deudas impositivas, previsional, y aduaneras, que contempla planes de pago acordes al tamaño de cada empresa y tipo de deuda.

Si bien la iniciativa enviada por el Gobierno nacional tiene un amplio respaldo opositor, el interbloque Juntos por el Cambio anticipó que pedirá que se mantenga el Artículo 8° de la ley de Solidaridad Social para que no puedan ingresar a la moratoria los deudores del juego y del impuesto a los combustibles y se establezca un premio a los cumplidores.

El vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, señaló que “planteamos la necesidad de premiar a los buenos cumplidores, a los contribuyentes que pagan en tiempo y forma”.

Laspina se mostró “sorprendido” en que la iniciativa girada por el Gobierno incluya en la moratoria deudas en el impuesto a los combustibles, “por la sensibilidad política del caso”.

En las últimas jornadas, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, dijo en declaraciones radiales que la ampliación de la moratoria es una medida “imprescindible”, ya “permitirá que todo el entramado productivo esté en mejores condiciones para acompañar un proceso de recuperación cuando la situación se normalice”.

La funcionaria afirmó que “no tiene ningún sentido pensar que esta moratoria está hecha a la medida de alguien”, al remarcar que “eso diferencia a éste del Gobierno anterior, que tomaba decisiones destinadas a beneficiar a algunos sectores específicos”.

El proyecto de ley de moratoria permite regularizar las deudas tributarias y aduaneras entre 96 a 120 cuotas, mientras que aquellas obligaciones de la seguridad social se podrán regularizar entre 48 a 60 cuotas, con condonación parcial de intereses y total de multas.

Además, determina que las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.