Las diputadas provinciales de Santa Fe Mónica Peralta (Partido GEN), Matilde Bruera (PJ) y Carlos del Frade (Frente Social y Popular) -que integran la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales-, junto a miembros de la Multisectorial, pidieron al gobierno de Alberto Fernández su “inmediata intervención a los fines de enviar recursos que permitan apagar los incendios en el Delta del Paraná”.

“Es importante sumar voces y compromiso político para ponerle fin a esta situación lamentable que esta poniendo en riesgo la vida de ciudadanos que habitan la región y destruyendo uno de los humedales más importantes del mundo”, indicó Peralta. Además, solicitó “la inmediata reacción de los gobiernos provinciales que forman parte del Piecas, particularmente el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet. No podemos seguir agarrados solamente de las declamaciones públicas de los funcionarios y mucho menos seguir Escuchando lo mismo desde hace 20 años con la frase `no es nuestra jurisdicción´”.

Asimismo, la diputada indicó que “ninguna decisión que afecte este ecosistema puede tomarse fuera del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), destacando las obras de la Hidrovía y los convenios que el gobierno mantiene con China”.

“Estamos en una emergencia, el diálogo interjurisdiccional es ahora, no se puede esperar, las resoluciones deben ser concretas ”, sentenció. Y lamentó: “Es muy triste que los propios isleros juntos a voluntarios y voluntarias miembros de multisectorial hayan tenido que mitigar el fuego con baldes y mangueras y una absoluta ausencia del estado”.

A su turno, la diputada Bruera dijo: “Desde la Cámara de Diputados aprobamos la semana pasada una declaración de la comisión de Ambiente que plantea un plan de acción que supone un trabajo interjurisdiccional, porque no puede ser que ante el riesgo de vida de la gente se argumente con cuestiones burocráticas”.

Finalmente, Del Frade recalcó: “Cuando se habla de estas islas que es el Piecas hay que tener en cuenta que surgió en el 2008 -cuando se quemaron 170 mil hectáreas- pero nunca se puso en funcionamiento, al igual que el primer proyecto de Ley de Humedales planteado en el 2003”.

Y concluyó: “Si no hacemos algo interjurisdiccional, la vieja y recurrente justificación burocrática solo va a seguir causando pérdidas irreparable en la vida de las personas”.