Pfizer fue uno de los primeros laboratorios del mundo que inició conversaciones con el gobierno argentino para concretar la venta de vacunas contra el coronavirus cuando todavía no había vacunas ni certezas sobre el momento en que estarían disponibles. Tal fue el grado de acercamiento entre la compañía norteamericana y las autoridades locales, que en el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires se realizó uno de los ensayos clínicos más importantes del mundo. Pasaron los meses, finalmente el desarrollo científico empezó a tener la aprobación de los entes reguladores de todo el mundo para empezar a ser inoculado, pero algo sucedió que impidió que la Argentina estuviera en la lista de países con acceso a esas dosis.

Cuando lo consultaron sobre el tema, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que pidieron “condiciones inaceptables” para firmar los acuerdos. Evitó dar detalles porque –argumentó- rigen cláusulas de confidencialidad que invisten la negociación, pero trascendió que los impedimentos están vinculados con la inmunidad jurídica que Pfizer pretendía tener en el país ante eventuales consecuencias adversas de la dosis en la población.

González García abonó esa teoría este lunes, en una entrevista con AM 750: “No entendemos por qué tienen tantas exigencias, pareciera que no le tienen fe a la vacuna”, disparó.

“Si con alguna firma ha sido generosa la Argentina, ha sido con Pfizer. Les ofrecimos la estructura para que hicieran el estudio clínico acá, hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren. Y la verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra ley, más allá de que no sería lo más digno para un país”, repasó el ministro.

Pese a ello, dijo que el gobierno de Alberto Fernández tiene la intención de seguir negociando con el laboratorio americano, cuyas vacunas empezaron a ser aplicadas en Estados Unidos y en gran parte de Europa. Estas fórmulas representan un desafío logístico importante para la Argentina, ya que las dosis deben ser conservadas y transportadas por debajo de los 80 grados.

Según trascendió, la principal traba que impidió la firma de los contratos con Pfizer fue un agregado realizado en el Congreso a la ley que se discutió y se aprobó por pedido de la compañía farmacéutica. La norma le otorga indemnidad a los desarrolladores de la vacuna “excepto en casos de negligencia”. “Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir en los contratos que celebre para la adquisición de vacunas cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial (...) con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”, dice la ley promulgada el 6 de noviembre. Esa palabra, “negligencia”, es la que pide ahora Pfizer que sea removida del texto.

La Argentina iniciará mañana su campaña de inmunización con las primeras 300 mil vacunas de Sputnik V adquiridas en Rusia. González García reveló que en enero llegarán otras 5.000.000 de dosis. En las proyecciones oficiales surge que a fines de marzo empezaría la distribución masiva de la fórmula de Oxford desarrollada por Astrazeneca y producida -en parte- en la provincia de Buenos Aires. Paralelamente, hay conversaciones iniciadas con dos proveedores chinos (Sinopharm y Sinovac) y con Janssen (propiedad de Johnson & Johnson).